Ambulantes movilizados

La organización, que nuclea a vendedores callejeros en todas sus modalidades y de todo el país, denunció que, de aprobarse la ley de monotributo, 40.000 familias que dependen de este tipo de trabajo quedarían sin empleo. En un cabildo abierto realizado ayer de tarde en la Plaza 1º de Mayo, los vendedores informales, llegados desde distintos lugares del país, reafirmaron el rechazo a ambas medidas, al tiempo que convocaron a concurrir hoy a partir de las 9 horas a las barras del Palacio Legislativo, donde será votada la ley de Presupuesto.

El dirigente Eduardo Solari dijo a LA REPUBLICA que los vendedores feriantes y periferiantes son los «expulsados del mercado laboral» y representan el «claro producto de políticas deshumanizadas».

El dirigente del MIP sostuvo que «hasta el día de hoy somos los marginados porque mañana seremos los primeros exterminados, el primer muestrario de una larga lista social. Las organzaciones que defienden el comercio establecido son engañadas por el Poder Ejecutivo, sostuvo Solari. «Se les dice que aniquilando la venta callejera se solucionan sus problemas. Nosotros somos los chivos expiatorios de una situación socioeconómica que no les interesa resolver», afirmó.

Entre los puntos más polémicos de la ley de monotributo, rechazada por los trabajadores ambulantes, se encuentran los artículos comprendidos entre el 348 y el 359 donde se expresa, entre otras cosas, que los titulares de empresas unipersonales de reducida dimensión económica que desarrollen actividad comercial en la vía pública y en espacios públicos, tanto ambulantes como estables, podrán optar «por pagar en sustitución de las contribuciones especiales de seguridad social generadas por su propia actividad, y de todos los impuestos nacionales vigentes, excluidos los que gravan la importación, un único tributo».

«Cacería de brujas»

El dirigente del Pivcu, Fernando Gallardo, dijo que la aplicación del monotributo tiene un fin «recaudatorio», ya que contempla las consideraciones realizadas por los vendedores.

«No se tuvo en cuenta el proyecto que presentamos donde se establecía, entre otros puntos, que se tuviera en consideración a los jubilados que van a tener que optar entre la jubilación o seguir trabajando.

Además, en nuestro puesto familiar no consideramos a nuestros familiares empleados y esta ley nos obliga a aportar por ellos como si fueran empleados», sostuvo. Por su parte, el dirigente Carlos Abreu dijo a LA REPUBLICA que la llamada «ley Atchugarry» va a prohibir la venta de mercadería importada y habilita al Ministerio del Interior «a incautar mercadería extranjera y los vehículos dándole un 50% de lo decomisado al policía actuante y un 25% al denunciante. Si se aplica esta ley se generaría una verdadera cacería de brujas», concluyó Abreu.