Financian cantegriles de propietarios

El programa administrado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fue firmado en agosto del año pasado y entrará en vigencia a partir de este mes. Los objetivos del proyecto son dotar de infraestructura básica, servicios sociales y títulos de propiedad a aquellas familias que se encuentran inmersas en esta problemática, promoviendo la implementación de programas sociales –especialmente en salud, educación y capacitación para jóvenes– como forma de mejorar los niveles de integración social en los asentamientos irregulares y su entorno urbano.

Entre los requisitos, se establece que podrán participar aquellos asentamientos donde más de la mitad de la población tenga una antigüedad mayor a enero del ´96 y que se encuentren ubicados en la zona metropolitana de Montevideo o en ciudades de más de 10.000 habitantes, que posean título de propiedad del predio.

Sobre el particular, el subgerente de Programación, Prevención y Estudios, Mario Lombardi, dijo a LA REPUBLICA que los asentamientos son «sólo una parte del problema de la pobreza» y que, en su mayoría, involucra a poblaciones jóvenes.

Sobre el particular, el secretario general de Fucvam (Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua), Gustavo González, acusó al gobierno del «explosivo crecimiento de los asentamientos irregulares», lo que atribuyó a «la pésima política habitacional impuesta desde el Estado».

A juicio del cooperativista, la emergencia habitacional que soportan vastos sectores de la población, se origina en la falta de créditos para los sectores más desprotegidos de la sociedad.

De hecho, estudios realizados por organizaciones no gubernamentales y la Junta Departamental de Montevideo señalan que, en su mayoría, la población inmersa en esta problemática se encuentra bajo el regimen de «matriarcado», es decir núcleos familiares integrados por menores, donde la figura paterna se encuentra ausente.

«En su mayoría, se trata de familias con un nivel de fecundidad alto, con una importante cantidad de hijos, donde el problema de la jefatura femenina aparece como un indicador social importante y de mayor peso que en el común de la sociedad», afirmó.

El programa, que incluye el plano de fraccionamiento y que deberá ser aprobado por los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Transporte y Obras Públicas y los gobiernos departamentales, asegurará a los beneficiarios los servicios de agua potable y saneamiento, energía eléctrica, drenajes y accesos viales adecuados.

Lombardi sostuvo que el programa tiene como componentes básicos el desarrollo de la infraestructura física, con especial atención en el saneamiento y vialidad, e inversiones sociales.

«En ese sentido procuramos una estrecha coordinación con las acciones ya implementadas con otros organismos gubernamentales u ONG´s y que se vinculan fundamentalmente con la construcción y mejoramiento de servicios en el área de la educación, la salud y la alimentación», enfatizó.

Si bien el programa se encuentra en una etapa de «ajuste final», Lombardi afirmó que ya se han licitado obras con recursos nacionales en dos asentamientos ubicados en Salto, que beneficiarían aproximadamente a cien familias.

El Ministerio de Vivienda ha venido ejecutando durante el presente quinquenio de gestión, un programa de regularización de asentamientos irregulares en Montevideo. Este proyecto, que es financiado con fondos de dicha secretaría de Estado, tiene el propósito de regularizar la tenencia de la tierra, así como la construcción de viviendas.