Buscan destrabar crisis asistencial en la salud

La renuncia de los especialistas anunciada para mañana quedó interrumpida por lo menos hasta después de la reunión del martes próximo con el ministro de Salud Pública. Fuentes jurídicas del MSP, dijeron a LA REPUBLICA que de concretarse la renuncia puede incurrirse en «el delito de omisión de asistencia» por el sólo hecho de tratarse de médicos y no específicamente por ser personal contratado por las Comisiones de Apoyo.

La figura abandono colectivo de funciones –penada con 3 a 18 meses de prisión– podría aplicarse «para los casos de los médicos dependientes del Ministerio de Salud Pública que a su vez se encuentran incentivados por las Comisiones de Apoyo», explicaron los consultados.

Por otro lado un documento del Banco de Previsión Social, al cual accedió este medio, señala que «la única solución (en 1998) era considerar subordinados», a los funcionarios contratados por las Comisiones de Apoyo del MSP. El informe redactado por el gerente del área jurídica del BPS, Héctor Olmos Clérico, enviado el 24 de julio de este año al vicepresidente del BPS, Armando Quisique, y a los directores Ignacio Risso y Ernesto Murro, pregunta: «¿Quién puede sostener que quienes trabajan en un hospital en la atención de enfermos en forma habitual y profesional en muchos casos, puedan no estar sometidos a la subordinación del director del establecimiento?».

El abogado Olmos Clérico advierte que «la comisión de apoyo era simplemente una contratante que actuaba porque el presupuesto del MSP no podía contratar personal directamente».

Clérico hizo hincapié en que «se tuvo especial cuidado en la redacción del decreto de no referirse a funcionarios públicos y si bien a los trabajadores se les concede algunos beneficios de los funcionarios del MSP, es porque al dejar de pertenecer a industria y comercio perdieron algunos beneficios».

«Me gustaría saber ¿cómo sancionan si comete una falta uno de estos contratados (por las Comisiones de Apoyo) que además es funcionario de Salud Pública? La propia hipótesis de tal situación está demostrando la sin razón de la posición del Ministerio». «Personalmente creo –continúa Clérico– que el MSP no ha entendido que las normas que regulan las jubilaciones civiles también amparan a quienes prestan servicios a organismos públicos, sin ser funcionarios públicos».

El gerente del área jurídica, dejó constancia «del arduo trabajo que dio a las oficinas correspondientes implementar el decreto de 1998. Trabajo que ahora de acuerdo con el decreto parecería que fue abasolutamente inútil». Añadió que a su entender «la solución actual es infeliz y ruego a ustedes que en caso de que el Directorio (del BPS) considere que ello no es así y que deba buscarse una solución distinta, no se me designe para integrar la comisión respectiva».

Incertidumbre

El ministro de Salud Pública, Horacio Fernández Ameglio, se contactó ayer telefónicamente con los asesores de las Sociedades Anestésico-Quirúgicas (SAQ) y resolvió reunirse con esos profesionales el próximo martes 17. A la reunión también asistirán los neonatólogos y pediatras intensivistas según lo resolvieron anoche en asamblea. En ese ámbito se decidió asimismo postergar las medidas de renuncia masiva y continuarán trabajando a reglamento hasta ver qué resultado se obtiene del encuentro con el ministro.

En la víspera, la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva se reunió además con el director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Fernando Repetto, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, sin alcanzar un acuerdo. Beatriz Cerutti dijo que «la posición de ASSE fue la misma, aunque se habló de reestablecer algunos beneficios sociales si es que el MSP hace números para poder concretar este planteo».

A pesar de la reunión del martes, la Mesa de las SAQ, decidió en la víspera «profundizar las medidas gremiales en defensa de los derechos de sus asociados, las que conducirán a la renuncia a sus cargos de todos los colegas, de no obtenerse una solución justa y adecuada a sus reivindicaciones».

Al mismo tiempo, «con el propósito de habilitar nuevas instancias de diálogo, la Mesa de las SAQ no implementará en forma inmediata esta resolución, con la esperanza de que el MSP reflexione y revea la postura sostenida hasta el momento».

La Federación Médica del Interior (FEMI) expresó su «profunda preocupación por la unilateral decisión del MSP que modificó la forma de relacionamiento laboral de los médicos que trabajan en dependencias de ASSE a través de las Comisiones de Apoyo. La entidad gremial entendió que «el actual decreto no propone ninguna mejora en la calidad de asistencia, sino que exclusivamente dispone una rebaja salarial».

Cirujanos pediatras

En esta especialidad, que junto a anestesistas, neonatólogos y pediatras intensivistas se encuentran afectados por la decisión del MSP de no otorgarles la categoría de funcionarios públicos, existen sólo 30 profesionales en el país.

El Hospital Pereira Rossell es el único nosocomio pediátrico del Uruguay y allí se encuentran concentrados 22 cirujanos pediatras. Sólo cuatro trabajan en el Interior, en tanto los otros cuatro no prestan servicios en el Pereira Rossell.

En la misma dirección que las declaraciones de la presidenta de la Sociedad de Neonatología, Beatriz Cerutti, en cuanto a que no existe suficiente número de profesionales neonatólogos y pediatras intensivistas para cubrir los posibles cargos renunciantes, desde la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica, fuentes del sector dijeron a LA REPUBLICA que «no sólo se trata de que los médicos no se presenten a un eventual nuevo llamado, sino que los 22 médicos que trabajamos en el Pereira Rossell, somos los mismos 22 que prestamos servicios en el sector privado».

«No transaremos en perder lo que ya tenemos. Sí podría negociarse en la forma de dependencia», dijo un cirujano pediatra vinculado a la Sociedad. Agregó asimismo que no interesa si son o no funcionarios públicos, sino que «lo importante» es no perder beneficios sociales.

Un cirujano pediatra del MSP percibe un salario de menos de $10.000 por concepto de cuatro guardias al mes, es decir que se le aplicaría una rebaja salarial –además de la pérdida de los derechos sociales– del 5%.

El ministro Horacio Fernández Ameglio llamó a los médicos especialistas a negociar el martes.