Ambientalistas cuestionan construcción de una represa

El estudio de impacto ambiental para la construcción de una represa en el Arroyo Mandiyú (Artigas) se encuentra actualmente a consideración de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

El proyecto denominado «Mandiyú» fue presentado por un inversor privado ante el MGAP en 1997, sufrió modificaciones y luego fue aprobado en 1999.

Según indica el estudio de impacto ambiental se trata de una obra con un embalse máximo de 540 hectáreas , un dique de 600 metros de longitud y una potencia de riego de 950 hectáreas, destinada al riego del futuro cultivo de arroz (también incluido dentro del proyecto).

El establecimiento «Mandiyú», se encuentra en la cuenca del litoral del río Uruguay, en el departamento de Artigas, sobre la ruta 3, a la altura del kilómetro 600 en el paraje Colonia Palma.

El proyecto incluye además la forestación con coníferas en un sector de 800 hectáreas, destinadas a la producción de madera de aserrío de alta calidad, en áreas no arboladas y con suelos de prioridad forestal. Asimismo se prevé el cultivo de 1.000 hectáreas de arroz en el establecimiento de la represa y en predios vecinos, en rotación con praderas.

Por otra parte se señala que se instalará un monte natural de 72 hectáreas como parte de las medidas de mitigación por la supresión del monte de galería afectado por el proyecto de riego.

La Red de ONG Ambientalistas, advirtió que este proyecto implica el talado de una superficie importante del bosque nativo ribereño del Arroyo Mandiyú, además del impacto que puede provocar en el lugar la forestación con coníferas (pinos) y el cultivo de arroz en casi 1.000 hectáreas.

El Centro Latinoamericano de Ecología Social (integrante de la Red) destacó que la tala de este bosque tendrá como consecuencia la desaparición de árboles centenarios de algarrobos, ñandubay y otras especies.

«Este sitio mantiene un importante bosque ribereño, donde se han registrado importantes especies de la fauna nacional, y entre ellas una amenazada (el aguará guazú o lobo de crin)», destaca la Red.

Asimismo estima que los estudios de impacto ambiental «no ofrecen certeza sobre medidas compensatorias a esta drástica transformación del sitio».

Técnicos del MGAP violan norma

Por otra parte la Red Ambientalista observa con preocupación el hecho de que jerarcas del MGAP (los directores nacionales de Fauna y de Areas Protegidas) figuren como consultores privados en este proyecto.

En este sentido señalan que la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (ley 16.466 de 1994, decreto 453 de 1994) indica que «no podrán intervenir, ni suscribir los documentos de evaluación del impacto ambiental los funcionarios de organismos públicos que deban decidir en autorizaciones relacionadas con el proyecto».

Por su parte el grupo ambientalista sobre montes y forestación, Guayubirá presentó observaciones al estudio.

Según la ONG, en nuestro país no hay experiencias previas de reconstrucción de un monte nativo que sirvan de antecedente a la propuesta.

Destacaron que no existen garantías de que la sola implantación de ejemplares del monte indígena –aún cuando se trate de las mismas especies– lleve a la reconstrucción del ecosistema, dado que en las primeras etapas de crecimiento es susceptible de exceso de insolación, ataque de hormigas, sequía, heladas, viento, que podrían resultar en una elevada mortandad de las especies implantadas e incluso en el fracaso total de un tipo de plantación sobre la que no existe ninguna experiencia en el país.

«Adicionalmente, se parte de la simplificación de que un monte indígena está compuesto exclusivamente por árboles y arbustos, desconociéndose a todos los demás componentes del monte, tales como la variadísima flora y fauna asociadas al mismo, que se verían privadas del hábitat constituido por el monte adulto».

Por su parte la organización ambientalista Vida Silvestre, también presentó observaciones al proyecto.

Enrique González manifestó que en primer lugar el estudio sólo se centra en el impacto que causará la construcción de la represa, pero no en las 1.800 hectáreas en las que se prevé plantar arroz, coníferas e introducir ganadería.

Por otra parte sostienen que la metodología con que se encaró el estudio sobre la fauna no es la adecuada.

González señaló que no se puede hacer relevamiento de la biodiversidad y prever un estudio de impacto ambiental con un trabajo de campo de tan sólo cuatro días.

«Un estudio adecuado insumiría un tiempo de tres o cuatro años, con un encare ecosistémico».

Asimismo indicó que en el lugar existe una enorme variedad de especies, «muchas de ellas sólo se encuentran allí y están en riesgo de extinción».

González manifestó que «casualmente nosotros trabajamos en la zona durante dos meses, y registramos varias especies que no se encuentran en otra parte de nuestro territorio».

Entre éstas destacó: una especie de murciélago (negruzco) del cual sólo hay un registro en nuestro país, del año 96.

Otro ejemplar que pudo encontrarse es el zorro colorado que actualmente se encuentra en riesgo de extinción.

Sin embargo esta especie tan rara de encontrar, no se menciona en el informe, según dijo González.

Otras especies en riesgo de extinción que se hallan en el lugar son la cardenilla (cardenal sin el copete), el pato criollo, que difícilmente se ven en otras zonas.