El diputado forista Gustavo Amen criticó decreto del MSP sobre comisiones de apoyo

Conflicto de la salud divide nuevamente a los colorados

El decreto que en la presente administración dejó sin efecto la categoría de funcionarios públicos a médicos y no médicos contratados por las comisiones de apoyo, «no se derogará», según confirmaron a LA REPUBLICA fuentes ministeriales.

La expectativa se traslada a la mañana de hoy, cuando representantes de la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva mantengan un encuentro con el director de la Administración de Servicios de Salud del Estado.

«Con este conflicto se está perdiendo la confianza en los servicios de salud pública que estaban funcionando bien», dijo el diputado del Foro Batllista, Gustavo Amen. Recordó que en una reunión con el ministro Horacio Fernández Ameglio advirtió a éste que «la derogación del decreto de 1998 traería problemas. Estamos hablando de la atención y, al mismo tiempo, creo que el abandono de funciones es una medida a rever por parte de los médicos. También hay que considerar –continuó Amen– que los funcionarios pierden los beneficios sociales».

El legislador forista consideró «el MSP no ha evaluado las consecuencias del conflicto, pues si comienza a derivarse pacientes a CTI privados, qué sucederá cuando se saturen los CTI de las mutualistas». La situación se podría plantear si el Hospital Pereira Rossell queda a cargo solamente de los médicos dependientes de Salud Pública. Los profesionales no serían suficientes y deberían derivarse pacientes a los CTI privados, donde una cama vale U$S 1.000 diarios.

«Ridícula»

Ayer, el ministro de Salud Pública, Horacio Fernández Ameglio, se reunió durante más de 11 horas con autoridades sanitarias para tratar la grave situación que se originó en agosto pasado.

«La decisión es ridícula. Si es que el MSP triunfa en esta pulseada, hay que preguntarse qué pasará, pues seguramente se incrementarán los gastos hacia los CTI privados», dijo a LA REPUBLICA el médico y senador del EP-FA, Alberto Cid. Agregó que «es un problema de criterio. Hay que deslindar si el ministerio precisa o no que estos trabajadores estén incentivados y si cree que deben tener o no beneficios sociales».

Cid recordó que hace aproximadamente 10 años, «el MSP tenía un alto costo por la contratación de CTI privados. Ahora, con la revocación del decreto en abril pasado, se condena a Salud Pública a contratar servicios fuera de la órbita estatal».

La presidenta de la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva, Beatriz Cerutti, afirmó días atrás a LA REPUBLICA que con el decreto actual del MSP «no tendremos licencia, pues facturaríamos a las comisiones de apoyo y si nos tomamos 20 días no cobramos».

Fuentes ministeriales explicaron a LA REPUBLICA que «los funcionarios deberán acostumbrarse a que no son funcionarios públicos».

«Responsable»

El senador Alberto Cid indicó que con esta medida «se podría perder capital humano entrenado», anunciando «de ser necesario, la comisión de salud intercederá».

En tanto, su colega y también integrante de la comisión, Walter Riesgo (Lista 15), declinó realizar comentarios. Consultado por LA REPUBLICA sobre si la pertenencia al sector político del ministro Horacio Fernández Ameglio incide en su silencio, Riesgo respondió negativamente: «es un conflicto en el que no deben intervenir los de afuera y las negociaciones son delicadas».

El senador del Foro Batllista Ruben Correa Freitas también optó por no formular comentarios.

Entre los diputados de la Comisión de Salud las manifestaciones no faltaron. El médico Luis José Gallo señaló que «el MSP es responsable por este conflicto», entendiendo que «los legisladores debemos mediar si es necesario».

Asimismo, el diputado y especialista en otorrinología Jorge Chápper (Partido Nacional) entendió que «el MSP tomó medidas precipitadas, pues detrás de esto hay un tema social, a pesar del fallo de la Justicia a favor de la cartera». El representante blanco interpretó que «si el MSP entiende que no son funcionarios dependientes, pueden abandonar las funciones». También consideró que la comisión de salud debe mediar, en caso de que se extienda el conflicto.

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