Médicos del MSP podrían ser reemplazados por militares

El escenario en el subsector público de la salud sigue subiendo de temperatura. Ayer no hubo avances en la reunión mantenida con autoridades del MSP y todos los especialistas anestésico-quirúrgicos se declararon en situación de conflicto, acusando a la cartera de Salud de «tomar de rehén a los sectores más vulnerables de la población».

Nadie cede. Alrededor de 500 médicos y licenciadas en enfermería se oponen a las rebajas salariales planteadas por el Ministerio de Salud Pública, las cuales fluctúan entre 5 y 15%, según los ingresos de los funcionarios.

Ni anestesistas, pediatras cirujanos e intensivistas especialistas en niños llegaron a un acuerdo en las últimas horas. En función de la compleja situación, el Ministerio de Salud Pública «podría llamar a médicos del Hospital Militar para cubrir los cargos», según dijo a LA REPUBLICA la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva, Beatriz Cerutti.

Al margen de que el Sindicato Médico del Uruguay declaró los cargos en conflicto, Cerutti precisó que «no existe en el país suficiente número de médicos en esta especialidad para completar nuestros cargos, aunque se llame a cargos militares».

Mientras tanto, el ministro de Salud Pública, Horacio Fernández Ameglio, señaló a la prensa que «por encima de cualquier otra situación, está la tranquilidad de la seguridad de salud a la población en tiempo y forma. Si se pone en riesgo la salud de la población, nosotros nos vamos a ver obligados a forzar la situación de la manera que sea para que la población esté atendida». Ante una consulta concreta sobre la eventual contratación de médicos, el ministro respondió lacónicamente: «Hay varias posibilidades».

El presidente de la Sociedad Uruguaya de Anestesiología, Ricardo Dabezies, señaló que «durante el conflicto de 1992, el MSP realizó un llamado a nuevos anestesistas pero nadie se presentó. Este es el antecedente más próximo que existe».

Mientras las intervenciones coordinadas (no urgentes) continúan suspendidas, los pediatras intensivistas asisten con un profesional cada cuatro camas y un médico cada seis camas si se trata de cuidados intermedios, en el Hospital Pereira Rossell.

Según fuentes ministeriales consultadas por LA REPUBLICA, «antes de llamar a médicos militares llamaríamos a profesionales no pertenecientes a Salud Pública». Los voceros agregaron que «si los profesionales renuncian estarán cometiendo el delito de abandono colectivo de funciones, el que está penado con entre 3 a 18 meses de prisión».

Las medidas adoptadas por los especialistas, que son una directa derivación de un conflicto que venía gestándose desde agosto pasado, comenzaron a aplicarse el 4 de octubre tras la decisión del MSP –y dos instancias judiciales– de no otorgar la categoría de funcionarios públicos a los médicos y no médicos contratados por las comisiones de apoyo de los hospitales.

La administración actual revocó el decreto emitido bajo la administración del ex ministro Raúl Bustos, que regularizaba la situación de 4.280 funcionarios contratados mediante las referidas comisiones. «Ahora si no facturamos como empresas unipersonales no nos pagan y cuando tomemos licencia, tampoco cobraremos», aclaró Beatriz Cerutti a comienzos de esta semana.

Médicos juntos

La Mesa de Sociedades Anestésico-Quirúrigicas se reunió en las últimas horas en forma extraordinaria, «ante la grave situación planteada en el ámbito nacional de los hospitales». En la oportunidad, resolvió «ratificar como principio inquebrantable la defensa de la dignidad y honestidad profesionales, agraviadas por expresiones y actitudes reñidas con el respeto al cuerpo médico».

En su declaración, la mesa que nuclea al sector anestésico-quirúrgico añadió que «las medidas de ajuste que pretende aplicar el MSP toman de rehén a los sectores más vulnerables y carenciados de la población, por lo que a dicha secretaría le corresponderá asumir las responsabilidades por la afectación de los servicios de salud que se prestan a nivel hospitalario».

La Mesa de Sociedades Anestésico-Quirúrigicas rechazó «por arbitraria, unilateral y contraria a los principios de derecho, la decisión del MSP de condicionar la percepción de los haberes de los médicos y cirujanos que trabajan en los hospitales a una rebaja obligatoria de los salarios, la renuncia a beneficios básicos como licencia anual y licencia por enfermedad y la eliminación de aportes al BPS, con afectación o pérdida de derechos jubilatorios».

En 1992, un conflicto originado por las rebajas en las remuneraciones de los salarios de los anestesistas, culminó finalmente en un acuerdo. Los anestesistas recordaron que «durante las sucesivas administraciones, las autoridades del Ministerio de Salud Pública incumplieron con su compromiso de mejorar la infraestructura asistencial y ajustar los salarios».

Los anestesistas se reunieron ayer con las autoridades del MSP sin llegar a un acuerdo, porque «continúan proponiendo lo mismo», informó a LA REPUBLICA Ricardo Dabezies, presidente de la sociedad que los nuclea.

Un comunicado de la entidad repudia implícitamente la actitud de las autoridades, afirmando que los profesionales están asumiendo «la carga de financiar desórdenes y carencias que se verifican en la administración de salud en el país». Dabezies anunció que hoy en la noche se realizará otra asamblea y en caso de agudizarse el conflicto, «se renunciaría en masa a partir del 15 de este mes».

Por su parte, la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva se reunirá en las próximas horas con las autoridades del MSP, en tanto haya una contrapropuesta por parte de la Secretaría de Estado.