DISCAPACITADOS HOY

Cuántas veces recordamos en nuestra vida diaria aquella frase del libro de «Hamlet», «¿ser o no ser?, ésta es la pregunta». Inmediatamente la relacionamos, a elementos del diario vivir y a veces, como en la presente ocasión, nos la planteamos, definiendo su texto, pero manteniendo su antagonismo: ¿sirve el magnífico marco legal que existe en nuestro país para las personas con discapacidad, o no sirve, si en la práctica no se dispone de un respaldo económico para aplicarlo…?

Resulta incomprensible de entender algunas situaciones que se presentan en este relacionamiento comunitario, que desparraman escollos a diestra y siniestra y provocan con ello un azaroso transitar en el camino que nos conduce a la integración de la persona con discapacidad.

El Estado, a través de sus representantes, debe saber que la Constitución de la República como Carta Magna, lo obliga a practicar una serie de acciones en beneficios de todos aquellos que conforman este país. A este marco legal se le fueron anexando nuevas leyes, decretos, resoluciones, disposiciones entre otras, que fueron equiparando las desventajas de algunos sectores que presentaban algunos habitantes, disponiendo con ello una participación plena de sus habitantes en la sociedad.

El Estado cuenta para el cumplimiento de su accionar con un alto porcentaje de recursos humanos que no le origina gasto alguno. Estos valerosos voluntarios que provienen de diferentes ONG (Organización No Gubernamental) no sólo aportan su tiempo, capacidad, experiencia, sino que, en muchas ocasiones están pagando para trabajar por su ONG e indirectamente con el Estado, abonando de su propio peculio sus traslados, alimentación, gastos de representación, concurrencia a eventos, entre otros.

Pero todo tiene un límite. El Estado le tiene que proporcionar las herramientas adecuadas para llevar adelante con su trabajo.

Una legislación de apoyo permanente, actualizada convenientemente, es fundamental para el cumplimiento de los objetivos que nos conducen, en nuestro caso concreto a la integración de aquellas personas que presentan alguna discapacidad.

Pero resulta muy difícil de exteriorizar lo que se siente cuando gran parte de esa legislación no es aplicable por no tener un adecuado respaldo económico. Resulta una legislación mentirosa.

Hoy la respuesta la tiene el Poder Legislativo, que debería votar recursos en el Plan Quinquenal para que la Comisión Nacional Honoraria pudiera seguir aplicando parte del articulado de la Ley Nº 16.095 (Provisión de Ayudas Técnicas y Transporte puerta a puerta, entre otros) y contar con un aumento en su subvención anual para mantener la infraestructura de funcionamiento de la misma y no una rebaja de acuerdo a los números que vinieron del Poder Ejecutivo.

Es evidente que al Estado le conviene canalizar recursos para estas ONG ya que, contando con los recursos humanos que éstas brindan sin costo, pueden llevar adelante esta necesaria función social, que le exige la legislación actual.

Sabemos y apreciamos la función del legislador, de ahí que depende de ellos si debemos bajar nuestros brazos y con ello las cortinas de las ONG (pilares de un gran esfuerzo mancomunado, y de una eficaz labor), que están sin las adecuadas herramientas para realizar su trabajo diario. Nuestra consigna está basada en «Cuando cesa el esfuerzo, comienza el fracaso» y en aquello de Almafuerte: «No te des por vencido ni aun vencido». ¿Hasta cuándo?