Emergencia social

La cumbre presidencial reunida recientemente en Brasilia, vio virtualmente monopolizada su agenda por la pobreza y la marginalidad, dos potenciales detonantes de inestabilidad social en la región a los cuales no se les encuentra solución.

Realizada en el contexto de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de Brasil, la denominada «cumbre de los doce» reafirmó el espíritu de entendimiento que identifica a las relaciones entre los países del área sudamericana.

Un documento de 62 puntos marca el compromiso de fortalecer un desarrollo sostenido en las áreas económicas, así como superar las injusticias sociales. Se estableció que la vulnerabilidad de amplios sectores de la región no ha cesado de aumentar.

Asimismo, los mandatarios admiten que permanecen carencias esenciales, como en la nutrición, la salud, la educación, la vivienda y el empleo.

El documento del Centro Latinoamericano de Desarrollo consigna que erradicar la pobreza absoluta y disminuir las desigualdades incorporando las capas más pobres a los demás sectores sociales en programas de desarrollo integral, «exigirá algo más que voluntarismo para evitar males peores, que amenacen la estabilidad institucional de la región».

El texto alude a la reunión de presidentes de Punta del Este celebrada en 1967, cuando los jefes de Estado ya subrayaban la necesidad de velar y perfeccionar los mecanismos del estado de derecho, en el marco de la democracia representativa.

«Lamentablemente, la llegada del nuevo milenio coincide con un escenario social por demás congestionado, donde las desigualdades han aumentado y la pobreza se ha acentuado».

Se establece que los indicadores, en ese sentido, resultan tan inquietantes como reveladores. Al respecto, se afirma que este flagelo afecta actualmente a 220 millones de latinoamericanos, lo que equivale al 45% de la población de la región. Además, la mitad de la población económicamente activa tiene problemas de empleo, sufriendo los efectos de la precariedad laboral y desarrollando sus actividades en el sector informal o en núcleos de baja productividad.

También, según el documento, se ha generalizado la presunción de que los pobres y los desocupados son más proclives a la delincuencia, «lo cual proyecta el estigma del delito sobre cada individuo que ya tiene como castigo soportar el flagelo de la pobreza».

La organización hizo notar que, proporcionalmente, son muy pocos los pobres que delinquen y menos aún los desocupados. «Si no fuera así, este mundo con dos tercios de pobres e indigentes ya estaría socialmente pulverizado».

El Centro Latinoamericano de Desarrollo expresa que mientras la Unión Europea tiene 18 millones de trabajadores desocupados, Uruguay tiene serios problemas de empleo. Al respecto, el desempleo abierto y la subocupación afecta actualmente en nuestro país, a aproximadamente 650.000 personas.

El texto diagnóstico sobre la realidad de la región, establece la necesidad de compatibilizar la profundización de la democracia con el desarrollo económico y social de la población, atendiendo a criterios sistemáticos y de solidaridad que contribuya a mejorar el perfil de la distribución de la riqueza.

Más adelante se responsabiliza a la globalización por la crisis del Estado-nación y lo que denomina como «guerra económica».

El Centro criticó recientes declaraciones de la ex ministra de finanzas de Nueva Zelanda, Ruth Richardson, quien afirmó que en Uruguay el Estado «es muy grande, ineficiente e intervencionista y que la economía uruguaya debía ser abierta al mundo para el capital, las ideas y el comercio».

Sobre estas expresiones, la organización considera que «no es fácil abrir nuevos espacios económicos cuando los grandes empresarios, grupos financieros y mediáticos, detentan la realidad del poder y, a través de potentes lobbies, descargan todo su peso sobre las decisiones políticas».

En relación a la creciente concentración de la riqueza como potencial factor de exclusión social, se recordó que las 225 fortunas más importantes del mundo representan el equivalente a la renta anual del 47% de los más pobres, que son 2.500 millones de personas.

La organización afirmó que «hoy el número de empresas gigantes supera a veces a las de los estados. cada una de las 100 empresas globales más importantes vende más que cualquiera en los 120 países más pobres y las 23 empresas más potentes venden más que ciertos gigantes del sur».

Celade propuso preparar nuevas armas para combatir la pobreza y todos los males sociales emergentes, en momentos que la globalización está siendo piloteada por empresas multinacionales y no por los gobiernos.

Propuso buscar actividades económicas alternativas de carácter sostenible, «para garantizar la estabilidad y el equilibrio de las sociedades del futuro y no tener que enfrentarnos a la inestabilidad y la frustración».