El Poder Ejecutivo vetó una ley sobre discapacitados

El Poder Ejecutivo aplicó el martes su primer veto a un proyecto de ley remitido por el Poder Legislativo. La iniciativa autorizaba la compatibilidad entre la actividad del discapacitado, en cualquier forma pública o privada con la pensión por invalidez y con la jubilación común generada por dicha actividad del discapacitado.

El proyecto de ley había sido sancionado con los votos de todas las bancadas parlamentarias, enmarcado en un acuerdo político previo.

A última hora de ayer, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo, sustitutivo al del Parlamento.

Ayer se reunió la Asamblea General para tratar la observación presidencial pero, con la previamente decidida determinación de pasar a un cuarto intermedio el punto de análisis, hasta el 20 de setiembre próximo.

Además se aprobó derivar el análisis del veto a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Asamblea General. Este anuncio del presidente del órgano determinó una contundente interrupción de la senadora del Encuentro Progresista, Marina Arismendi, quien calificó de «inexistente» la comisión bicameral adonde se remitía el cuestionado proyecto, afirmando que se enviaba allí «para que este proyecto desaparezca».

Inmediatamente pidió la palabra el senador quincista Alejandro Atchugarry con la intención de aclarar que la existencia o no de la comisión es responsabilidad de los mismos legisladores que aún no la han conformado. Es decir, existe pero no está. Ayer, una vez que se contó con los argumentos del Poder Ejecutivo, se reunieron los coordinadores de bancada de todos los sectores acordando que la observación al proyecto tenía razón de ser, por la sencilla razón de que la Constitución establece en su inciso número 2 del artículo 86 que la modificación del régimen de pensiones es privativa del Poder Ejecutivo.

El senador forista Wilson Sanabria calificó la ferviente discusión en la Asamblea General de «increíble».

«Seguramente, dijo Sanabria, esta discusión se genera por la falta de comunicación que hay entre los coordinadores y sus bancadas».

El proyecto que se adjuntó al veto Ejecutivo y aprobado finalmente por la Cámara Baja, es idéntico al observado, con la variante de que se le asigna una fuente de financiación a las pensiones que no proviene del erario.