El país marginal

La iniciativa de mejorar la calidad de vida de aquellos que viven en asentamientos de todo el país comenzó a gestarse en 1999 con la firma del contrato entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Poder Ejecutivo, donde el organismo internacional otorga un préstamo de 77 millones de dólares. El resto del dinero necesario para costear los gastos –U$S 33 millones– serán aportados por el Estado.

Ante el explosivo crecimiento de los asentamientos precarios rgistrado en el país, el Programa Nacional Asentamientos financia las obras en aquellos lugares donde los municipios y los Ministerio de Viviendas y el de Transporte, –coejecutores del trabajo– consideren necesario.

La directora del Programa de Asentamientos Irregulares, María Rey, manifestó a LA REPUBLICA que hasta el momento el BID aprobó la financiación de 13 proyectos en cinco departamentos, alguno de los cuales ya comenzaron a ser ejecutados. Durante el próximo quinquenio, dos asentamientos en Salto, dos en Rivera, uno en Durazno y cuatro en Montevideo y Canelones serán regularizados. En algunos casos, se producirán realojos y se realizarán trabajos de infraestructuras, que beneficiarán a los habitantes de los asentamientos como a los pobladores cercanos.

Según el último censo poblacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, existen en nuestro país alrededor de 400 asentamientos y unas 155.000 personas residiendo en estos lugares.

La jerarca estatal reconoció que este proyecto no solucionará definitivamente el problema de la residencia irregular, pero que es un paso importante para promover la integración física y social de estos habitantes. Anunció que hasta el momento se gastaron U$S 1,2 millones en el proyecto.

Incluso, hace tres meses comenzaron las obras en los asentamientos de Fátima y Lazareto de Salto. Se concretaron las etapas de licitación y adjudicación y hace tres meses que comenzaron las obras. En estos proyectos se invertirán algo más de 800 mil dólares.

En Rivera se llamó a licitación para las obras del asentamiento «Sonia del Sacrificio» y la próxima semana se procederá a la adjudicación. Allí viven 118 familias en condiciones de hacinamiento, temiéndose la propagación de enfermedades. El proyecto prevé obras de saneamiento, vialidad, provisión de energía eléctrica y evacuación de pluviales.

En Durazno se llamará a licitación en los próximos días, mientras que en Canelones, de los cuatro proyectos aprobados, a mediados de setiembre se conocerá el nombre de la empresa encargada de las obras en el asentamiento San Andrés de Toledo, donde residen 70 familias.

A partir de la construcción de la red de saneamiento para el asentamiento se beneficiarán, indirectamente, más de 1.300 familias. Se prevé el acondicionamiento de una plaza con salón comunal, canchas y áreas de esparcimiento.

También se realizarán obras en Toledo, Vista Linda – El Dorado, El Santo – San Francisco y Villa Esperanza de Barros Blancos.

En Montevideo tras la aprobación por parte de la Junta Departamental, se procederá a la regularización de los asentamientos Nueva España y La Esperanza en Punta de Rieles, La Boyada y Nuevo Amanecer.

En el departamento de Artigas, a través de la intendencia, se encararán proyectos para mejorar la situación de los habitantes de Pintadito, asentamiento que tiene unos 300 lotes. Otro tanto sucederá en Paysandú.

Las 18 comunas del país interesadas en beneficiarse por este programa , para la selección de los asentamientos, deberán regirse por el Reglamento Operativo del Programa.

Uno de los requisitos de elección del asentamiento es que al menos la mitad de la población se haya asentado antes de enero de 1996. La decisión de excluir a las recientes viviendas irregulares estará, según indicó la directora Rey, determinada por la necesidad de no estimular la informalidad ni la ocupación de predios.

Una de las condiciones para ingresar en el programa, es que el barrio esté localizado en centros metropolitanos de Montevideo o en áreas urbanizables o de ciudades de más de 10.000 habitantes. Asimismo, se deberá disponer de un mínimo de 40 lotes y que más del 50% de las viviendas no tengan saneamiento básico.

Otra de las condiciones de selección es que más del 75% de los lotes del asentamiento esté ocupado con viviendas y la propiedad de los terrenos no se encuentren en litigio judicial. No se contempla aquellos nucleamientos que ocupen áreas de reserva ecológica, preservación ambiental, patrimonio turístico o arqueológico.