Se necesitarían U$S 800 millones para erradicar los asentamientos

La política aplicada por el BID fue cuestionada además por la revista «Propiedades», donde se señala que el BID «introduce en Uruguay una política equivocada (sobre asentamientos) con el poder destructivo de un virus informático».

El director nacional de Ordenamiento Territorial, Hermman Leis, explicó a LA REPUBLICA que en la actualidad el proyecto financiado por el BID se encuentra en su etapa de instrumentación a través de una comisión integrada por el BID, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma). En estos momentos la Dinot trabaja en la remisión de un informe en el que se establezcan cuáles son los asentamientos que cumplen las condiciones necesarias para ser regularizados. Si bien Leis se manifestó expectante por los resultados de este proyecto, dijo que el préstamo «no va a alcanzar» para regularizar la totalidad de los asentamientos. «El problema es mucho más grave que lo que puede abaracar un préstamo que ronda los U$S 80 millones», señaló. Agregó que si bien no hay cálculos exactos sobre el costo de regularizar a la totalidad de los asentamiento del país, una estimación rondaría los U$S 800 millones, teniendo en cuenta la cantidad de familias comprendidas y tomando como costo promedio de construcción de cada solución habitacional una cifra del entorno de los U$S 20 mil. Asimismo consignó que esta política que se implementará conjuntamente entre BID y la OPP no incluye a los «asentamientos duros», siendos éstos los que se encuentran fuera del alcance de la urbanización, que no tienen las condiciones mínimas de higiene, carecen de agua potable y saneamiento, lo que no les permite acceder a condiciones de salubridad. Esto, según expresa Leis, se agrava si tenemos en cuenta que allí habitan gran cantidad de niños que se cria en condiciones «deplorables».

El director de la Dinot dejó entrever la «necesidad» de estudiar alternativas para el manejo de la pobreza urbana, que «no tienen que pasar neceariamente por la construcción de viviendas o la regularización de asentamientos». Manifestó que en estos momentos está trabajando en el armado de un proyecto distinto para solucionar la problemática de los asentamientos, que abarcaría también la posibilidad de subsidiar arrendamientos. «Tenemos que construir por caminos distintos, y un emprendimiento de este tipo seguramente dinamizará la actividad privada de la construcción». Expresó que los planes que se han implementado hasta el momento «son un poco lentos» y dijo que si se sigue con este esquema de trabajo «van a pasar más de quince años antes de que quede solucionado el problema». «Tal vez nos ha faltado imaginación al momento de encarar planes en este aspecto, y es necesario que escojamos otros caminos de solución», concluyó Leis.  

«Se equivocan»

Por otra parte, en una nota de opinión de la revista «Propiedades» de junio, se hace referencia al préstamo otorgado por el BID para la regularización de asentamientos, señalando que este organismo internacional introduce en Uruguay «una política equivocada con el poder destructivo de un virus informático».

Esta afirmación se argumenta explicando: «…un país que tiene muy buen stock habitacional y que posee una infraestructura urbana subutilizada, capaz de atender incluso a un mayor número de pobladores que los hoy existentes en todo el territorio nacional y en el que la problemática más crítica está aún acotada, tanto social como geográficamente». Asimismo se expresa que «se equivoca también el gobierno al aceptar sugerencias de esta entidad y encarar una política de erradicación de asentamientos en sintonía con la realidad de los países centroamericanos, pero alejada de las necesidades que nuestro país tiene en la materia». El director responsable de «Propiedades» y autor de la citada nota, Julio Villamide, señaló a LA REPUBLICA que los programas del BID «tiene escasa flexibilidad», teniendo en cuenta la forma en que se aplican, «que es la misma en todos los países de Latinoamérica».

Dijo que su postura es «casi académica» y que responde a su conocimiento sobre las estrategias aplicables en esta materia.

«Creemos que sería mucho más conveniente para nuestra realidad aplicar una política de subsidio de alquileres, tal cual se hace en gran parte de los países desarrollados», expresó. Agregó que en estos países «hace más de 20 años que se han dejado de aplicar políticas de construcción, para desempeñar formas de subsidios de alquileres y compra de inmuebles».

Asimismo indicó que la construcción de conjuntos habitacionales «genera más problemas de los que soluciona» y que «logra el deterioro» de algunas zonas de la ciudad y la «segregación» de los ocupantes de estos complejos, por lo que la solución –a su entender– sería «la redensificación de la población».

Villamide ve la política de regularización de asentamientos encarada por el BID y la OPP como «una mala señal» para quienes aun teniendo problemas de viviendas no ocupan ilegalmente, ya que al solucionar la situación de los que habitan en asentamientos «se promueve esta práctica».

Explicó que en Montevideo, y también en muchas zonas del interior, existe una gran cantidad de lugares con infraestructura subutilizada que podría dar solución al problema. «Un ejemplo en nuestra ciudad es Belvedere. Este barrio puede albergar 6 veces más pobladores que los que tiene actualmente sin necesidad de gastar nada. Allí se podría aplicar perfectamente esta política de subsidio de alquileres», consignó.

Villamide expresó que sus «pretensiones» pasan por que la aplicación de políticas por parte del gobierno «se adecuen mejor a la realidad de nuestro país, que no es la misma que la de Haití».

En representación del BID, Hugo Estrázulas señaló que los préstamos que se otorgan a través del organismo «no se imponen sino que son negociados con el gobierno».

«Acá no viene nadie del BID a vender un paquete al gobierno, es el Estado a través de sus representantes el que, en base a un proyecto, negocia con nosotros el préstamo», afirmó el vocero de la entidad financiera internacional.