Chile, Ecuador y Perú avanzan en su lucha contra la comida chatarra. ¿Cómo vamos en Uruguay?

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de Perú, publicó recientemente los resultados de la Encuesta Demografía y de Salud Familiar 2018, en donde se constató un aumento en el número de casos de sobrepeso y obesidad en la población nacional: el 37% de los peruanos mayores de 15 años padecen sobrepeso, y 23% de obesidad, de acuerdo a la medición.

Factores como el crecimiento económico, la mejora en el poder adquisitivo y la hiperurbanización de las ciudades han impactado en una mayor disponibilidad de productos industriales ultraprocesados de poca calidad nutricional: entre el 2000 y el 2013 creció un 107% en ventas este tipo de productos.

Para contrarrestar esto, las autoridades nacionales de Salud implementaron desde este 17 de junio de 2019 la obligatoriedad de una serie de octágonos de advertencia que alertan a los consumidores de exceso de sodio, azúcar, grasas saturadas o grasas trans.

En el mismo sentido avanza Chile, país que instaló los octágonos de advertencia desde 2016 en los que se lee la inscripción «alto en» más el respectivo ingrediente.

Bolivia aprobó una ley adoptando un sistema similar en 2016, ya que su población también padece de altos niveles de obesidad y sobrepeso, con sus respectivas consecuencias a la salud de los individuos.

Uruguay en camino

En agosto de 2018, el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, firmó un decreto en el cual se ordena implementar un etiquetado frontal a los alimentos que ya se empiezan a encontrar el algunos empaques de comida chatarra como papas fritas, galletas glaseadas y otros.

En estos octágonos se pueden leer inscripciones como «exceso en grasas», “exceso de grasas saturadas”, “exceso de sodio” y “exceso de azúcares”.

Esto se debió a una profundización en la producción de evidencia que mostró que el sistema de advertencias nutricionales capta mejor la atención, genera mejor comprensión, entre otros beneficios para consumidores. La investigación resultó en una drástica decisión presidencial hacia el etiquetado.

La medida no fue bien vista por el sector industrial y por otros países del Mercosur; esto derivo en la protesta de Paraguay ante el organismo regional por considerarla «unilateral» y violadora de «estándares de la propia organización».