MYSU: «La objeción de conciencia es la principal barrera en el cumplimiento de la Ley IVE»

 

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, conmemorado el pasado 28 de mayo, la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) difundió un comunicado en el que hace referencia las fallas de aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), a seis años de su aprobación.

El texto alerta que «la objeción de conciencia se manifiesta como la principal barrera para el acceso a los servicios de interrupción del embarazo a casi seis años de aprobada la ley. Es por eso que vemos con preocupación la difusión en el último mes de cifras sobre médicos objetores de conciencia que no tienen fuente conocida y que no coinciden ─ e incluso son inferiores─ con las que estima el Ministerio de Salud Pública, que señala que el porcentaje alcanza el 40%».

Desde MYSU reiteran «que es crucial que se desarrollen mecanismos para saber la prevalencia de la práctica, de controlar el uso abusivo de la objeción de conciencia y que se apliquen sanciones cuando estas prácticas obstaculizan el acceso a los servicios legales de aborto».

En entrevista con La Diaria, la directora de MYSU, Lilián Abracinskas dijo que los datos que tienen desde la organización «son cifras mucho más altas”. Y señaló que después del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de 2014, “nadie controla porcentaje de objetores por departamento porque la nómina es confidencial». En ese sentido dijo que hay una falta de control por parte del MSP y «se desconoce cuál es el total de objetores en el departamento».

También denunció que «no todos los objetores de conciencia han presentado el recurso por escrito, como deben hacerlo, y que son objetores ‘de hecho’”.

El comunicado de MYSU agrega que es fundamental «avanzar en la calidad de la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva, y mejorar el sistema de registro sobre la vulneración de derechos en la atención del embarazo, parto, puerperio y aborto».

También hablan de la necesidad de un acceso universal a los servicios de IVE, eso quiere decir que se incluya a todas las mujeres, también a las migrantes «para que todas tengamos el mismo derecho a abortar en condiciones legales y seguras».

«Queremos decidir libremente sobre tener o no tener hijos, cuándo, cuántos y con quién, y ser respetadas en nuestras decisiones. Queremos que se garantice el acceso a la más amplia canasta de métodos anticonceptivos y la promoción del condón femenino, cuya difusión de uso ha sido particularmente débil», agrega el comunicado.