Atchugarry reformuló proyecto para crear empleo a nivel de intendencias
El ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, acordó con el Congreso de Intendentes una nueva formulación para el proyecto de creación de puestos de trabajo mediante la construcción de veredas.
El ministro accedió a retirar del proyecto el artículo que establecía que las comunas deberían pagar las veredas en caso que los vecinos no lo hicieran. En cambio, sugirió la posibilidad que el Ministerio e Economía y Finanzas (MEF) transfiera cuatro millones de dólares al Banco de la República (BROU), para que este realice los préstamos a las empresas seleccionadas para realizar los trabajos. Los vecinos tendrían un plazo de tres años y medio para pagar por sus veredas.
La idea que se maneja es que cada Intendencia haga un llamado de precios para seleccionar a las empresas interesadas en realizar las obras.
Atchugarry se reunió ayer con los intendentes de Río Negro, Rivera, Treinta y Tres y Lavalleja y con el director de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo (IMM), Roberto Villarmarzo, que concurrió en representación del intendente Mariano Arana. Posteriormente los jefes comunales se comunicaron con sus pares de Durazno y Flores, que también estuvieron de acuerdo y se decidió convocar al Congreso entre esta semana y la próxima para analizar el nuevo proyecto, que todavía no ha sido redactado.
Veredas para todos
El nuevo proyecto de reactivación sigue previendo la construcción de veredas en forma compulsiva. Los vecinos no tendrán la opción de realizar su vereda sino que las empresas las construirán y posteriormente el vecino tendrá que pagarla al contado o en cuotas con la contribución inmobiliaria.
El intendente de Treinta y Tres, Wilson Elso Goñi, indicó a LA REPUBLICA que no se teme que esto aumente la morosidad al incrementar el costo de la contribución, ya que se trataría de veredas «muy baratas. Estamos pensando en un suelo de cemento, entreverando portland con balasto, lo que permite eliminar la tierra y el pasto a un costo mucho menor que las baldosas».
El proyecto abarcará a todo el país y los préstamos podrán ser utilizados por las empresas seleccionadas por las comunas, que no pagarán aportes patronales ni IVA por las obras. Como requisito deberán estar inscriptas en el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI) y tendrán que contratar desempleados para esa tarea específica.
Se invertirán cuatro millones de dólares en los dos primeros meses, con la intención de ir reponiendo ese fondo a medida que los vecinos vayan pagando. *
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