Investigadora sobre Ancap: difieren en si amerita o no denuncia ante la Justicia

La semana entrante el grupo parlamentario definirá el asunto, y ya se han adelantado las primeras conclusiones: todos los sectores coinciden en la necesidad de legislar para un mayor contralor de las inversiones de organismos públicos en asociaciones en el extranjero, pero difieren en la oportunidad de remitir estos antecedentes a la justicia penal.

La bancada del Encuentro Progresista analizó ayer el tema en base a un pormenorizado informe y en los próximos días definirá la postura a llevar a la investigadora del próximo lunes. Desde el Encuentro Progresista, los senadores Rubio (VA) y Eleuterio Fernández Huidobro (MPP) ya adelantaron su postura favorable a promover que estos antecedentes sean remitidos a la Justicia, quien será la encargada de dirimir la existencia o no de irregularidades. En tanto, los colorados, Alberto Brause y Wilson Sanabria abogaron por legislar ante el vacío legal existente pero desestimaron que deba impulsarse el tema en la órbita judicial. Resta conocer cual será la definición del senador herrerista Carlos Garat, quien ayer consideró que los negocios de Ancap en Argentina fueron «ruinosos», además de «indefendibles» y que dejan «un sabor amargo» por la forma cómo se procesaron.

«Aventurerismo»

«Distinguimos claramente los problemas del pasado de los problemas del futuro. La inversión ya la hicimos y es posible que hayamos pagado diez veces más caro lo que compramos de lo que valía pero hoy lo tenemos, pero lo que podemos salvar de aquí al futuro es un problema de responsabilidad muy importante que tiene el actual directorio de Ancap y la sociedad uruguaya», estimó Rubio. Según el parlamentario encuentrista, «no estamos diciendo que lo que hay no vale nada -aunque hoy en la Argentina nada vale- pero esto podría encajar en otros planteos estratégicos».

«Como consecuencia de esto hubo pérdidas millonarias, falta de prudencia y aventurerismo, falta de transparencia, hubo direccionalidad, primero se decidió con quien se hacía el negocio y después vinieron los informes técnicos, hubo un asesoramiento espurio dado por Socimer, un vaciamiento que obligó a Ancap a una denuncia penal, que empezó a hacerse antes de que invirtiéramos, durante todo el proceso de la inversión, y después de echa la inversión por Ancap», manifestó. Rubio indicó que «esto constituye un cuadro de grave impericia de la administración en los bienes del Estado, que es necesario legislar, y a mi juicio personal, los antecedentes de todo esto deben ser elevados a la Justicia porque eventualmente por el daño que se ha provocado, podría ameritar alguna figura del Código Penal».

Costos

Para Rubio, «los costos de transferencias de recursos para estos emprendimientos han dañado el patrimonio público de forma muy significativa».

«Estamos hablando de decenas o centenas de millones de dólares», dijo. En ese sentido, Rubio estimó que el emprendimiento de Sol Petróleo desde agosto de 1998 a la actualidad determinó flujo de una inversión de aproximadamente unos U$S 180 millones». *