"Hoy el tema central es salvar la nación, que está al borde de desaparecer"

Maynard señaló, en entrevista con LA REPUBLICA, que en su labor legislativa ha tratado de «aggiornar» la legislación uruguaya, a la cual considera «muy atrasada en algunos aspectos». En ese sentido, presentó diversos proyectos de ley, algunos aprobados en la Cámara de Representantes como por ejemplo, el de Hábeas Data, el cual consagra el derecho a la información así como el de la privacidad.

También impulsó la creación de la figura del Comisionado Parlamentario para el Régimen Carcelario u «ombusdman carcelario», necesario «porque la cárcel es un mundo hermético y opaco donde el Parlamento interviene sólo cuando ocurren desgracias». Asimismo, elaboró la propuesta de creación del Instituto Nacional de Rehabilitación que pretende segregar del Ministerio del Interior el tema carcelario, «porque la Policía no tiene vocación ni idoneidad para la rehabilitación». Por otro lado, días pasados el legislador encuentrista presentó un proyecto a través del cual pretende convertir el Instituto Nacional de Alimentación en un servicio descentralizado que pueda abastecer y distribuir «todos los recursos alimentarios, los que en este momento están atomizados entre distintas organizaciones. Por otra parte, un plan alimentario salvaría la dignidad».

–¿Cuál es su visión sobre el particular momento, desde el punto de vista económico, que está atravesando nuestro país?

–En nuestro país ha ocurrido la fractura entre el pacto que existe entre la sociedad civil y el sistema político, por el cual hay una crisis de representatividad muy clara. El sistema político no representa los intereses de la sociedad y, en consecuencia, ese es el tema en el cual tenemos que tener el coraje de enfrentar creando un nuevo pacto que pasa por la convocatoria, como en el año 1916, a una Asamblea General Constituyente en donde haya nuevas bases de representación.

En la medida en que es harto difícil que con las mayorías actuales se pueda llegar a la Asamblea General Constituyente, creo que tendríamos que luchar por la creación de un gobierno de salvación nacional, porque está en juego el destino del Uruguay como comunidad. Corremos riesgo como nación, entre la emigración de los jóvenes, la falta de estímulo para continuar su aprendizaje, el nacimiento, en algunos lugares del país, de dos tercios de los niños bajo la línea de pobreza, uno siente que la comunidad uruguaya, que se distinguió habitualmente como integrada y con conceptos de equidad, está al borde de disolverse. Además, la mayor parte de los jóvenes o no aprende o aprende para irse del país.

–¿Cuáles deben ser las bases de ese nuevo instrumento político?

–Tiene que estar al servicio de las necesidades de la población y no de esta minoría de hoy. Todos los sectores políticos tenemos que hacer un gran esfuerzo para encontrar una fórmula que dé satisfacciones elementales a la sociedad y, a partir de ahí discutir el destino nacional.

–¿Qué conclusiones puede tomar una fuerza progresista a partir de un gobierno departamental, que está atravesando un duro conflicto con su gremio, pensando en el futuro?

–Creo que se ha hecho un gran esfuerzo y una gran experiencia, sin perjuicio de que yo no estoy de acuerdo con todas y cada una de las resoluciones de la Intendencia. Pero la visión es sobre la experiencia personal o a través de la prensa, porque no tenemos ninguna responsabilidad política sobre la administración departamental.Es evidente que la Intendencia de Montevideo ha estado sometida a una discriminación por parte del gobierno nacional absolutamente inicua, con algunas cosas que parecen caricaturescas. Si el conflicto de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) hubiera ocurrido en cualquier otra Intendencia, no hubiese merecido la importancia que los medios le dan a este conflicto porque es contra una comuna progresista…

–Pero se plantea un debate de fondo. Es decir, un gobierno y un gremio, ambos de izquierda, y a la vez enfrentados.

–Sin dudas. Creo que allí hay responsabilidades recíprocas aunque no de la misma magnitud. Ha habido imprevisión y cierta dosis de ligereza en la Intendencia al firmar el convenio a los siete días de que se decretó el corralito financiero en Argentina, ya que podía haber sido previsible que iba a ocurrir algo similar en nuestro país.

Pero creo que Adeom ha demostrado un nivel de intolerancia que supera todos los límites, en un momento en que la mayor parte de la clase obrera se encuentra desocupada o trabajando por salarios de hambre. La situación merecía otra consideración, ya que para pagar el convenio firmado se hace necesario recargar impuestos que ya son muy altos en un sector muy empobrecido de la sociedad. Si agregamos los niveles de violencia y los insultos merece, por lo menos, no la simpatía.

–Entonces parecería que sólo queda el camino de aceptar rebajas salariales

–No estamos de acuerdo con igualar para abajo y aceptar rebajas salariales, y uno se siente indignado por eso. Además, es una política errónea en la medida en que se debería estar fortaleciendo el mercado interno para dar más trabajo y no crear un mercado interno inexistente. Pero creo que los funcionarios municipales son de los que están en mejor situación comparativamente con otros trabajadores, y no corresponde el nivel de intolerancia que tienen. Las situaciones conflictivas, entre fuerzas progresistas, se solucionan dialogando. Me preocupa que la clase obrera organizada se separe del resto de los sectores subalternos, porque el PIT-CNT siempre fue la columna vertebral de la resistencia.

–Desde la derecha se ha dicho que la decisión del juez Eduardo Cavalli, de procesar con prisión al ex canciller, Juan Carlos Blanco, por el delito de privación de libertad en el caso de la maestra Elena Quinteros, significa reavivar «fantasmas del pasado». ¿Cómo puede interpretarse esto?

–No creo eso. Cada uno es responsable de sus actos y si él tuvo responsabilidad en el tema, y Blanco no está comprendido en la Ley de Caducidad, creo que es correcto que sea procesado. No creo en la paz sobre la base del silencio y el olvido.

Yo soy poco rencoroso, torturaron a mi hermano y mataron a íntimos amigos y no guardo venganza en el alma, pero eso no quiere decir que los responsables no deban ser sometidos a la Justicia, porque eso contraría el sentimiento de igualdad.

–Por otro lado es probable que la Cámara de Representantes haga suyo un pedido de informes que usted remitió al Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

–En una resolución elaborada por los servicios jurídicos y contables del TCR se establece la irregularidad de la adjudicación de la licitación de la concesión del Hipódromo de Maroñas. Ante tal hecho, me parece importante la ilegalidad, porque el TCR elimina en su resolución los considerandos que señalaban ilegalidades.

Por lo tanto, solicité que me remitieran los proyectos de resolución de los servicios y se me expliquen las razones por las cuales se han apartado de esos proyectos, pero los ministros del organismo me contestan que no me va a contestar, porque esos proyectos son papeles de trabajo no vinculantes y que sólo le contestarán a la Asamblea General.

Yo planteo una declaración, de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución, expresando que el TCR no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales. Por unanimidad, la Comisión de Constitución, Códigos y Administración General de Diputados resolvió acompañar esa solicitud de declaración y se solicita al presidente de la Cámara de Representantes que requiera al presidente de la Asamblea General, se curse el pedido de informes reit
erando la solicitud de que se nos remitan las resoluciones de los servicios del organismo de contralor. *