Férrea oposición en Punta del Este a privatización del puerto

En medio de la campaña electoral, una sintomática unanimidad ha comenzado a gestarse: salvo Cáceres y Armando Gostanian, nadie más quiere que el puerto de Punta del Este pase a manos privadas.

Con ese motivo, el jueves la Junta Departamental, a través de la Comisión Especial creada a tales efectos, convocó a un foro en la sala de sesiones.

El mismo contó con la presencia del presidente del legislativo, Francisco Mesa; el delegado nombrado por la Intendencia, José Luis Rapetti, director de Asesoría Notarial municipal; el diputado frenteamplista Enrique Pérez Morad; ediles de todos los partidos políticos; el candidato a la Intendencia por el Nuevo Espacio, Heriberto Sosa; el presidente de la Liga de Fomento y Turismo, Ramón de Isequillas, quien concurrió acompañado por algunos miembros de la directiva; empresarios y trabajadores vinculados a la actividad portuaria y varios ciudadanos argentinos, con propiedades ubicadas frente al puerto que entregaron 500 firmas recogidas en un día para oponerse al proyecto ministerial. Todos los presentes coincidieron en criticar a Cáceres por el momento elegido para promover esta licitación. «Está por cambiar el gobierno municipal, los dirigentes políticos están en otra cosa, igual que la gente; tal vez pretenden que no nos ocupemos del tema. Pero se encontrarán con el horcón del medio», dijo la edila nacionalista Cristina Pérez, representante de su partido en la Comisión Especial.

Por su parte, el escribano Rapetti (PN – Antía) explicó que, de acuerdo a los planos originales de Maldonado, las tierras que integran el puerto son propiedad municipal y, por lo tanto, de acuerdo a la autonomía constitucional, sólo susceptibles de modificaciones «con autorización del gobierno departamental». El presidente de la Junta, edil Mesa (PN – Alcorta), recordó que en su condición de intendente, cargo que ocupó entre agosto de 1994 y febrero de 1995, se opuso a una propuesta realizada por la empresa Buquebus para operar una plataforma comercial en la zona portuaria.

En tanto, Guillermo Rondini, experto en temas náuticos, aseguró: «El ministro Cáceres ha mentido reiteradamente. Yo no sé quiénes son sus asesores, pero con los criterios que emplean, no están en condiciones de asesorar ni a un almacén de barrio. En principio porque tienen un desconocimiento brutal sobre el movimiento de este puerto. Hace dos años Cáceres dijo a El País que el puerto ocasionaba una pérdida de 3.500.000 dólares; pero poco tiempo después el director Nacional de Hidrografia, ingeniero Loureiro, sostuvo que la pérdida era de un millón de dólares, pese a que El País tituló que se perdía un millón y medio de dólares. Pero si se lee la edición del mismo diario del domingo anterior, verán que el ministro incluye como pérdidas el costo de construcción del espigón y también lo que cuesta el agua caliente de los baños. En ningún lugar le escuché decir todo lo que gana el Estado y Punta del Este con la operativa del puerto». Rondini mostró fotografías tomadas por él que muestran sin barcos las cabeceras de las marinas. «Las marinas nuevas están fuera de plomo y pueden caerse, por eso no se puede amarrar en las cabeceras. Lo que quieren hacer es que todo pierda valor para que la única solución sea una empresa privada».

Rapetti y Mesa informaron que el Ministerio se había comprometido a enviar los pliegos del llamado a licitación para que fueran estudiados en Maldonado, «pero hasta el momento eso no ha ocurrido». Además, señalaron que el pliego que conocen «permite todo tipo de construcciones en la explanada portuaria que quedarían fuera del control municipal.

Y a eso nos opondremos con todas nuestras fuerzas». Propietarios argentinos entregaron una nota y 500 firmas obtenidas en un día y «que significan la oposición de quienes aportan el 10 por ciento de lo que se recauda en Punta del Este por contribución inmobiliaria». Uno solo de los presentes paga 150.000 dólares al año por una propiedad en primera línea; si se licita el puerto, le construirían enfrente un edificio de siete metros de altura. El nombre del dirigente menemista Armando Gostanian, propietario de casi todos los padrones que dan a la rambla entre la calle de Las Palmeras y la calle 10, también estuvo presente, ya que empresarios y trabajadores portuarios informaron que «era público su interés, aunque él sólo sería administrador, el verdadero propietario sería Menem». La comisión solicitará una entrevista al presidente Jorge Batlle para plantearle la oposición a esta iniciativa.