Junta Anticorrupción investiga la difusión de las compras del Estado

Carlos Balsa, miembro de la Junta Asesora, órgano de control superior creado por decreto en noviembre del año pasado, dijo a LA REPUBLICA que se trabaja en primera instancia en la identificación de la forma en que debe publicarse la información y a su vez en el montaje de un sistema de verificación que será presentado próximamente al Poder Ejecutivo.

«La publicación de las compras es una muestra de transparencia, tal como fue propuesto por el presidente Batlle en su discurso de asunción del 1º de marzo», afirmó Balsa.

El objetivo final, agregó, es apuntar a la transparencia del sistema «sin afectar los procesos de toma de decisión que tienen que hacerse en un mundo competitivo».

496 declaraciones juradas

En otro orden, el jerarca expresó su satisfacción por el cumplimiento por parte de los funcionarios públicos que están obligados por ley a presentar la declaración jurada de bienes e ingresos.

Balsa indicó que este instrumento tiene un poderoso valor probatorio y forma parte de las «medidas preventivas» que la Junta Asesora puede aplicar en el esquema de lucha contra la corrupción. Entre los funcionarios comprendidos, figuran el Presidente y vicepresidente en ejercicio de su cargo (ver nota página siguiente), los ministros de Estado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Cuentas y de la Corte Electoral, así como los senadores, diputados electos e intendentes municipales. El plazo fijado para la presentación de los escritos venció para estos casos el pasado 13 de abril. El régimen obliga al funcionario a dar cuenta de su estado patrimonial, al inicio y al cese de su mandato, y a actualizarlo cada dos años. El calendario elaborado por la Junta Asesora obliga también a los ex funcionarios: para aquellos que cesaron entre el 12 de noviembre del año pasado y el 14 de marzo, el plazo para la presentación del documento venció también el 13 de abril. «Ese plazo culminó y hemos tenido un resultado absolutamente satisfactorio», dijo Balsa. «El Presidente y vicepresidente de la administración anterior presentaron su declaración patrimonial. Los sobres fueron abiertos en presencia de ellos por la Junta y fueron publicados por el Diario Oficial. También tenemos la recepción de declaraciones de todos los ministros cesados, de los miembros del Tribunal de Cuentas, es decir de todos los funcionarios comprendidos». En lo que tiene que ver con legisladores, señaló que «salvo dos casos –un diputado y un senador, por estrictas razones de enfermedad– el ciento por ciento del Senado, cesante y electo, presentó las declaraciones; respecto a los diputados, «queda una nómina bastante menor para completar las declaraciones, varios de los cuales han sido reelectos». «Estamos tratando de hacer el listado final porque varios han sido reelectos», señaló. Balsa admitió que pudo existir alguna confusión inicial pero «la mayor parte cumplió con su obligación». «Esto indica que las cabezas visibles de las jerarquías del Estado han hecho el cumplimiento de su obligación, con lo que han dado un espaldarazo al sistema», agregó. Hasta el momento fueron presentadas 496 declaraciones juradas, señaló Balsa, de un total de funcionarios comprendidos que no fue especificado por el entrevistado.

El calendario

De acuerdo al calendario previsto por la Junta Anticorrupción, un segundo grupo de funcionarios, el más numeroso, entre ellos el personal superior de las Fuerzas Armadas, tiene plazo hasta el 14 de junio para presentar la declaraciones de bienes e ingresos. En este contingente están comprendidos, entre otros, el director de la DGI, los decanos de las Facultades, los secretarios y prosecretarios de las Cámaras legislativas. También se incluye, entre otros, el cuerpo superior de las Fuerzas Armadas: tenientes generales, vicealmirantes, generales, contralmirantes y brigadieres generales en actividad, jefes, subjefes, inspectores, comisarios y directores de Policía. Balsa destacó que «los comandantes en jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea ya presentaron sus declaraciones, así como todo el generalato del Ejército, en forma anticipada». Agregó que el ex comandante del arma terrestre, Fernán Amado, también presentó la suya. Amado pasó a situación de retiro el 1º de febrero pasado. Otro grupo comprende entre otros al secretario y prosecretario de la Presidencia, así como los subsecretarios de Estado, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, jueces y fiscales, que tiene plazo hasta el 15 de mayo para presentar los documentos. El 14 de agosto, último plazo del calendario, deben presentarlos los ediles y los titulares de cargos políticos o de particular confianza a nivel departamental, los representantes en los directorios de los organismos paraestatales y en las empresas de economía mixta, los embajadores y personal diplomático, y la totalidad de los funcionarios aduaneros.