La iniciativa refleja "obsesiones" de Batlle y Lacalle

El senador frenteamplista Enrique Rubio aseguró que el proyecto de ley de urgencia a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta «refleja dos claras obsesiones» de la Lista 15 y del Herrerismo: «La vieja aspiración de Jorge Batlle por tener el control absoluto de los entes autónomos y la legislación penal que pretende» el sector que lidera Luis Alberto Lacalle.

El dirigente anunció que la izquierda está dispuesta a acompañar varios puntos de la propuesta elaborada por la coalición blanquicolorada, pero aclaró que «no acompañará las obsesiones de Batlle y del Herrerismo». El tema será analizado esta tarde en la Comisión con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, que concurrirá acompañado por autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

El organismo parlamentario también recibirá hoy al ministro del Interior, Guillermo Stirling, para analizar los artículos de la ley de urgencia que apuntan a modificar la legislación penal. Los representantes del Poder Ejecutivo permanecerán en el Parlamento hasta las 16 horas, cuando la Comisión suspenderá la reunión para participar de la sesión plenaria de la Cámara en homenaje a Carlos Quijano.

Posturas discrepantes

El legislador socialista Manuel Laguarda, suplente de José Korzeniak, informó que el EP aspira a tener «una discusión profunda» sobre los temas planteados en la ley de urgencia. Por esa razón solicitó la creación de una subcomisión de Constitución y Legislación que recibirá a todas las organizaciones públicas y privadas que se sientan afectadas por el contenido de la norma. En la reunión de ayer, los integrantes de la Comisión plantearon sus primeras discrepancias.

Mientras la izquierda requiere una opinión jurídica sobre el artículo que otorga facultades al Poder Ejecutivo para rebajar los aportes patronales, los representantes colorados se niegan a la medida.

Otros de los artículos cuestionados por el EP son el referido al puerto (25), el que limita el presupuesto a los entes (28), el que elimina ANSE (36) y los que modifican la legislación penal dando penitenciaría a los delitos menores y legalizando el «gatillo fácil» como legítima defensa (68 y 78). El artículo 83, también cuesionado por los representantes de la izquierda, legisla sobre las atribuciones del personal militar a cargo de los perímetros carcelarios.