Comienza el juicio civil contra la CND por más de U$S 4.5 millones

A las 16 horas de hoy se llevará a cabo la audiencia preliminar del juicio civil por daños y perjuicios que el inversor argentino Carlos Murias le inició a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y al particular José Ortiz de Taranco. Cabe recordar que paralelamente a la demanda civil, los abogados del inversor presentaron un juicio penal en la sede de 4º Turno a cargo del juez José Balcaldi.

Esta causa finalizó con el archivo del caso luego de algunos meses de investigación que incluyó la citación de los principales representantes de la CND y otros actores.

Esta vez, la instancia se desarrollará en el Juzgado Letrado en lo Civil de 21º Turno a cargo del Dr. John Pérez Brignani, quien deberá decidir el millonario reclamo contra el Estado.

El litigio tiene origen en la compra-venta de un predio junto al río Santa Lucía que fuera ofrecido por la CND y el particular propietario para construir un barrio privado con marinas sobre ese curso de agua. Luego de concretarse la venta el comprador –un inversor argentino–, se enteró que la Intendencia Municipal de Montevideo no autoriza ningún tipo de urbanización en la zona donde se encuentra ubicado el predio.

En su demanda de más de cuarenta páginas, Murias relata cómo se le ofreció por parte de la CND y de Ortiz de Taranco, un predio cuyo valor ascendió a U$S 1.490.000 para que se construyera un barrio privado (tipo country). Según el demandante una vez adquirido el predio concurrió a la Intendencia Municipal de Montevideo a obtener el permiso de construcción correspondiente, empero, allí le comunicaron que esa zona es parte del Montevideo rural y por lo tanto no urbanizable.

La demanda señala además, que en la comuna le indicaron al inversor argentino que los vendedores del predio –CND y Ortiz de Taranco–, ya sabían de esa prohibición porque se lo habían advertido oportunamente.

Los abogados de los inversores argentinos concluyeron que Murias fue engañado. En su demanda reclama los daños y perjuicios emergentes, esto significa lo que ya gastó en el proyecto que supera los U$S 2.500.000, más el lucro cesante y el daño moral, totalizando la demanda contra el estado más de cuatro millones y medio de dólares.

El aviso clave

Los demandados no contestan en forma conjunta la demanda, sino que cada uno presenta su punto de vista por separado. En uno de los puntos claves, un aviso publicado en los diarios donde la CND y el propietario del predio promocionan la venta de un terreno contra el río Santa Lucía para la construcción de un barrio jardín. La CND tomó parte en la venta del lugar porque el propietario mantenía una fuerte deuda por un proyecto productivo fallido financiado por la entidad estatal de fomento. En la contestación que cada demandado realiza endilga al otro codemandado la responsabilidad del aviso de venta Ortiz de Taranco, que era propietario del 70% del predio, sostiene que el proceso de venta fue de responsabilidad total de la CND, quien lo obligó a vender y que a Murias lo conoció el día de firmar la compraventa.

La CND, por su parte, se sintió afectada en su honor y su decoro por las acciones iniciadas y advierte que Murias debió tomar todas las previsiones antes de iniciar el proyecto de marinas del Santa Lucía.