"Querían favorecer a pocas empresas que venían perdiendo todos los juicios"
El decreto 55/2.000 fue firmado por Sanguinetti y Brezzo, actuando como ministro interino de Trabajo, el 9 de febrero de 2000, pocos días antes de que esa cartera fuera entregada a Alvaro Alonso, el ministro nombrado por el nuevo gobierno.
Ese decreto reguló una la ley 5.350, promulgada en 1915 que legisló desde ese año el descanso intermedio de media hora cuando la jornada de trabajo es de 8 horas continuas. El pasado domingo LA REPUBLICA adelantó que un grupo de abogados laboralistas decidió impugnar el decreto por ilegal.
«La doctrina y la jurisprudencia, incluso una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, indican que el trabajador debe tener la libertad de gozar la media hora de descanso como le plazca, incluso saliendo fuera del establecimiento», dijo Ferrín, uno de los letrados firmantes del recurso de revocación, al espacio Poder Ciudadano de Radio Sarandí.
«Yo creo que este es un decreto mezquino que fue promulgado en interés de unas pocas empresas que no respetan el descanso intermedio. Hay muchas empresas grandes que tienen regulado desde hace años y que cumplen efectivamente con el descanso intermedio. Esto es un mamarracho jurídico», añadió el abogado.
Máquina productiva
Según Ferrín «este decreto establece que se cuenta como media hora de descanso todo el período que el trabajador no esté dentro del ciclo productivo. Por ejemplo, si un trabajador de la salud para diez minutos entre una tarea y otra, eso se computa para la media hora de descanso. Si en una tienda hay un trabajador esperando clientes y estos no entran, se puede computar al descanso».
«Lo que dice la Suprema Corte es que si el trabajador está a la orden, no es descanso y se debe pagar.
El decreto dice que aun estando a la orden, cuando no haya productividad efectiva se cuenta como descanso», añadió el abogado.
Durante la entrevista el abogado, que junto a otros profesionales impugnó la norma del Ejecutivo anterior, sostuvo que el «decreto relega la salud fisiológica del trabajador a la productividad».
«El decreto dice que pretende llevar certeza jurídica a las relaciones laborales pero, sin embargo, está a contrapelo de toda la legislación en la materia desde 1915″, agregó el jurista.
El recurso de revocación fue presentado en nombre de los trabajadores afiliados a varios sindicatos para que el Ministerio de Trabajo revoque el decreto que contradice la normativa vigente. Si el Ministerio de Trabajo lo mantiene, o hay una denegatoria ficta en 150 días de silencio, los letrados anunciaron que recurrirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
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