Periodismo: Lacalle discrepó con postura de Guillot

El titular del Directorio del Partido Nacional y líder del Herrerismo, Luis Alberto Lacalle, manifestó reparos sobre las expresiones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Gervasio Guillot, quien en un encuentro internacional sostuvo que en su carrera judicial siempre había fallado a favor de «la absolución de los periodistas imputados de difamación de hombres públicos».

En una columna el pasado viernes en el semanario Patria, de filiación herrerista, Lacalle abogó por «reafirmar que el estado de derecho en algunos casos considerará que se violó una norma y por tanto deberá penarse dicha conducta. Sostener lo contrario es abrir puertas a la dictadura de los medios y a la impunidad de conductas dañosas».

Lacalle aludió a las manifestaciones de Guillot, transcriptas en el semanario Búsqueda, en la edición del pasado 27 de junio, en el debate donde se mencionó a la prensa como el medio a través del cual se verifica la «rendición de cuentas» de los ciudadanos electos para cargos de gobierno. «Y, por supuesto, por esta vía se ingresó en el conflicto entre la libertad del periodista y las normas de derecho penal. Sabemos que se trata de un tema de casi imposible solución, pero no por ello dejamos de emitir nuestra opinión al respecto. Quizás por haber conocido en forma directa la que consideramos inexacta aplicación de las normas frente a las conductas violatorias de las mismas», dijo Lacalle.

El ex mandatario puntualizó que le mereció reparos las estimaciones de Guillot. «Afirmó el primer juez de la República que en su carrera judicial siempre había fallado a favor de la absolución de los periodistas imputados de difamación de hombres públicos. Sin pretender internarnos en aspectos técnicos jurídicos que alguna vez el propio doctor Guillot nos oyó expresar ante una mesa de examen, sabemos que en materia penal no es posible establecer con sentido genérico una tendencia en el contenido de las sentencias», precisó.

Para Lacalle, «cada caso es único y debe merecer por tanto un singular y propio análisis que impide una generalización como la que se desprende de esos conceptos. Por más convencido que se esté de que es prioritario defender el derecho a la libertad de expresión del periodista, punto en el que coincidimos, tal posición debe tener un límite que se verá si se traspasa en cada una de las causas sometidas al juez».

«No es justo ni bueno que se argumente a favor de un derecho irrestricto, que se sostenga en los hechos que nunca habrá una conducta que ingrese en el campo de la tipificación legal», agregó Lacalle. El titular del ejecutivo blanco también aludió a Guillot que en su intervención se preguntó «si no sería conveniente que los juzgaran (a los periodistas) sus propios pares, los propios tribunales de ética periodística de modo de sustraer del poder punitivo del Estado un sistema de control a la libertad de prensa».

Según Lacalle, «creemos que no se está ante un problema de ética, sino ante una situación de eventual ilegalidad, que son planos sustancialmente distintos. Cuando el Código Penal establece sanciones para quien agravie o difame, se atiene a aspectos meramente jurídicos, que pueden ser de compleja dilucidación, sin que ello sea optativo de que deban resolverse».

«Ninguna actividad humana exterior puede ser ajena a la ley. Todo derecho conlleva una responsabilidad en su ejercicio, y ello es doblemente claro en el campo en el cual los medios de comunicación hacen llegar a millones de personas una opinión que puede ser lesiva del honor de una persona y causar por tanto un enorme daño», señaló.

Por tanto, dijo Lacalle que «seguramente las formulaciones legales puedan adolecer de defectos y ser pasibles de mejora y adecuación a nuevos tiempos. Pero deberá quedar incólume en cualquier redacción que se quiera adoptar, el amparo al bien del honor, que la Constitución menciona expresamente. Este amparo está jerarquizado por el constituyente en forma inmediata al de la vida, ubicado antes que otros que el artículo 7º enumera y protege».

«Consideramos que el debate sobre estos puntos es importante, pero también el reafirmar que el estado de derecho en algunos casos considerará que se violó una norma y por tanto deberá penarse dicha conducta. Sostener lo contrario es abrir puertas a la dictadura de los medios y a la impunidad de conductas dañosas», enfatizó el dirigente nacionalista. En ese sentido, Lacalle espera «que esta sea la situación de nuestro país, que así se ejerza la potestad jurisdiccional. Valores muy importantes están en juego». *