La coalición aprobó la derogación de los artículos 612 y 613 sobre Antel
Estos artículos fueron impugnados por el Encuentro Progresista y diferentes organizaciones sindicales y sociales a través de la recolección de firmas.
El EP-FA reconoce que se contempla su propósito de derogar esos artículos pero votó en contra en virtud de considerar que primero la Corte Electoral debe pronunciarse formalmente sobre el mecanismo de referéndum.
En filas del Partido Nacional, existen diferencias sobre la iniciativa: mientras el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) es partidario de apoyarla, el legislador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) tiene una visión contraria desde el momento en que es partidario de que se pronuncie la Corte Electoral sobre el recurso, pero además, de dar la batalla a favor de estos artículos contemplados en el Presupuesto.
El martes durante el análisis de la moción propuesta por el EP-FA para censurar al ministro Alberto Bensión, el senador socialista Reinaldo Gargano cuestionó que «ahora se pretenda» gobernar a través de esta modalidad sin respetar la voluntad ciudadana.
Recordemos que la ley de presupuesto facultó en sus artículos 612 y 613 a Antel a vender hasta el 40% de las acciones de Ancel, habilitó a la empresa estatal de telecomunicaciones a asociarse con empresas privadas y desmonopolizó todos los servicios del sector, exceptuando la telefonía básica de alcance nacional.
El miércoles, la Corte Electoral recibió el informe de la Oficina Nacional Electoral (ONE), en el que se confirma que el número de firmas validadas y cotejadas por los dactilóscopos superó el 25% necesario para convocar al referéndum.
Según el informe, los especialistas validaron 608.282 firmas, 4.923 más de las requeridas, lo que determinó que se suspendieran los trabajos de contralor. La ONE a su vez planteó «mejorar» el procedimiento de presentación de las firmas, proponiéndose rechazar aquellas papeletas que contuvieran «enmiendas».
Para la semana próxima, además, se aguarda que la Comisión de Asuntos Electorales se expida sobre la validez jurídica de la consulta. *
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