Contrato de "asesor" externo provocó malestar en la ANP

Marinetto, (quien ya había sido contratado por la ANP en 1993 para reglamentar la Ley de Puertos que habilitó las extranjerizaciones, privatizaciones y tercerizaciones que lesionaron los derechos laborales de los trabajadores portuarios), se desempeña ahora como «asesor» de una de las empresas que resultaron beneficiadas con la normativa.

La contratación de Marinetto fue resuelta el pasado 3 de abril, sin que el presidente Aguerre realizara ninguna consulta con los demás directores. LA REPUBLICA pudo saber que el director Jorge Campomar, representante del Partido Nacional, sería uno de los más decididos oponentes a la firma del contrato que Aguerre pretendería regularizar en las próximas semanas.

En caso de celebrarse la polémica contratación, el técnico de la consultora transnacional, que se graduara en la Universidad Politécnica de Madrid en 1971 como ingeniero técnico en construcciones civiles, tendría la responsabilidad de proyectar una «reorganización institucional» de la ANP, una tarea que gerentes y trabajadores presupuestados de la ANP reivindican para realizar por sí solos, y sin que ello vaya a implicar una erogación extra para el Estado.

Legisladores preocupados por eventual escalada de protestas

El carácter inconsulto de la resolución adoptada por Aguerre, que provocó malestar entre los restantes directores, dará lugar en las próximas días a una serie de contactos entre legisladores y funcionarios de la ANP.

Fuentes parlamentarias dijeron a LA REPUBLICA que algunos legisladores tienen previsto recibir, ya esta misma semana, tanto a gerentes como a trabajadores, quienes manifestarían su contrariedad frente al contrato de Marinetto.

Los informantes destacaron la preocupación que embargó a ciertos legisladores ante la eventual escalada de movilizaciones de protesta que podría deflagrarse frente a la cuestionada contratación.

En medios sindicales, destacaron las fuentes, el técnico español es considerado un «experto» en privatizaciones. Trabajó en diversos países para los organismos financieros internacionales, particularmente en la privatización de sectores aduaneros y portuarios en distintos Estados.

Su vinculación con Uruguay data desde 1985 como director residente de un proyecto del Banco Mundial que implantó sistemas contables y financieros en la ANP. Luego permanecería vinculado hasta hoy a través de distintos proyectos, tanto en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (que ejerce la tutela legal de la ANP) como en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Casi 400 mil dólares por un «privatizador»

Exactos 393.600 dólares abonaría el Estado por la contratación de los servicios de Marinetto y la consultora de capitales estadounidenses. Son casi 400 mil dólares, IVA incluido.

Según documentación oficial que obra en poder de LA REPUBLICA, el ingeniero Aguerre desechó las propuestas económicas de otras dos consultoras: una, integrada por la firma uruguaya CSI Ingenieros y la KPMG; y otra, Soluziona SA, conformada por la Autoridad Portuaria de Barcelona y el Instituto de Logística Iberoamericano SA.

La resolución de Aguerre se basó en el parecer de una comisión asesora designada para la ocasión con el cometido de implementar lo que se definió como una «licitación abreviada».

Una vez conocida la decisión del presidente del Directorio de la ANP, el sindicato de los trabajadores portuarios definió al ingeniero Marinetto como «un extranjero experto en privatizaciones».

Y en un comunicado remitido a los medios de comunicación, el Sindicato Único de la ANP denunció que Marinetto «viene beneficiándose» en lo personal «desde hace más de diez años» gracias a su participación en el proceso privatizador que aplicaron los gobiernos de coalición entre blancos y colorados.

Todo queda en familia

El ingeniero Antonio Marinetto Calvo-Flores, nacido en España el 15 de enero de 1946, fue redactor del decreto reglamentario de la Ley de Puertos de 1992 que se promulgó en 1998.

En el año 2001, Marinetto ya fungía como «asesor» del grupo empresarial que se interesó por instalar una central logística en Ruta 1.

El emprendimiento, que no cesó, modificó apenas un poco su curso al legislarse, hace unos meses, el funcionamiento de las Zalap, las llamadas «Zonas de Actividades Logísticas Asociadas al Puerto», una nueva normativa que afectó el funcionamiento y los cometidos de las conocidas Zonas Francas.

La iniciativa en Ruta 1 que asesora Marinetto «viene siendo negociada desde hace tres años con diversas instituciones», según reveló el propio Marinetto, en agosto de 2001, durante el Foro Montevideo Oeste, celebrado en los salones Azul y Rojo de la Intendencia Municipal de Montevideo.

La iniciativa privada, que aún no fue plenamente aprobada por la comuna capitalina, estaría ubicada a diez kilómetros del Puerto de Montevideo, dentro de un predio de 45 hectáreas, con un frente de un kilómetro sobre la Ruta 1, cerca del cruce con Camino Tomkinson, y contaría con más de 50 mil metros cuadrados de edificaciones.

Según se dijo en su momento, el grupo empresarial asesorado por Marinetto llevaría el nombre de Centro de Transporte y Logística de Montevideo, y se conocería por las siglas CTM. Implicaría una inversión de 60 millones de dólares en dos fases.

Uno de los socios inversores es la Agencia Marítima Rohr, propiedad de la familia Rohr. Una de las descendientes del clan familiar está casada con un hijo de Marinetto. Los Rhor controlan Cargas y Servicios SA, empresa asociada a la firma Christophersen SA. Ambas sociedades controlan Montecom SA, la operadora cuasi monopólica del tráfico de contenedores en el Puerto de Montevideo. *