El Tribunal de Conducta Política examinará caso de presunto financiamiento ilegal en el FA
La dirección del Frente Amplio consideró ayer las denuncias de que un grupo frentista recibió fondos del contrabando, y remitió los antecedentes a su Tribunal de Conducta Política.
Desde hace días tomó estado público, por acusaciones realizadas en el departamento de Artigas por dirigentes frenteamplistas locales, que el Movimiento de Participación Popular (MPP) había recibido recursos de contrabandistas de dicho lugar.
El tema fue planteado, ayer, en los previos por el MPP, que en una exposición de cuatro puntos expresó su «sorpresa y malestar al enterarse por la televisión» de que estaba acusado de haber aceptado fondos de dicha procedencia.
En segundo lugar, rechazó la acusación por falsa; tercero, propuso que todos los antecedentes pasaran al Tribunal de la coalición de izquierda (tanto la denuncia como la investigación sobre la veracidad de las mismas); cuarto, señaló su derecho a presentar una denuncia penal por difamación.
Según el dirigente de la Unión Frenteamplista, José María Paz, los antecedentes del caso habían sido planteados en octubre del año pasado a la Comisión del Interior del FA.
Por su parte, el encargado de la misma, Ricardo Darré negó en la Mesa que hubiese una denuncia en tal sentido.
La resolución de pasar los antecedentes al Tribunal fue acompañada por la unanimidad de los miembros de la Mesa. Con anterioridad, Tabaré Vázquez manifestó su preocupación por el tema, pronunciándose por pasar la cuestión al Tribunal que preside el general (r) Víctor Licandro y tras analizar sus conclusiones, elevar a la Justicia Penal el caso, ya porque se comprobara el extremo o por confirmarse que hubo difamación de parte de los denunciantes.
Aunque la imputación fue realizada por Paz, fuentes frenteamplistas dijeron a LA REPUBLICA que la misma es parte de una acusación hecha en 2001 por la dirección frentista saliente en Artigas. *
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