Reforma constitucional para impedir privatizaciones: FA, opiniones divididas

El MPP anunció que mañana, en la Mesa Política del FA, hará un planteo en esa dirección. Si bien fuentes de dicho sector dijeron que el articulado no estará pronto para este lunes, es intención del MPP alcanzar la voluntad política del organismo de dirección frentista.

Por su lado, la Alianza Progresista había lanzado en marzo del año pasado una iniciativa en la misma orientación. Incluso el tema fue conversado entre ambas fuerzas políticas –la semana anterior en El Quincho de Paso de la Arena–, existiendo pleno acuerdo sobre la necesidad de impulsar un mecanismo que trabe fuertemente la ofensiva del gobierno contra las empresas públicas.

El diputado de la Alianza, Víctor Rossi, dijo a LA REPUBLICA que una medida de ese tenor es imprescindible, siempre que, tanto la Carta de Intención firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el proyecto de Rendición de Cuentas, establecen como prioridad la privatización de las empresas públicas, ya por la vía de la asociación o la concesión.

Ello, añadió, establece un escenario donde la «lluvia de plebiscitos», que alguna vez anunció Tabaré Vázquez, sería inviable, ya porque los tiempos no darían para impedir las privatizaciones o porque las mismas podrían hacerse mediante concesiones (por ejemplo, las del agua potable en Maldonado), sin que mediara una ley.

Dudas y desmarque

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista, Roberto Conde, sostuvo que su sector estudia las posibilidades abiertas en el artículo 331 de la Constitución para introducir reformas a la misma.

La duda existente en filas socialistas refieren al alcance de una modificación constitucional, habida cuenta de que plebiscitada en 2004 no frenaría, en primera instancia, los procesos privatizadores.

De todas formas, Conde precisó que el senador José Korzeniak analiza la factibilidad de la retroactividad de la nueva norma constitucional, especialmente en el tiempo que media entre su presentación y la consagración por el cuerpo electoral, que en este caso sería de dos años.

El secretario socialista desestimó por engorrosa la tercera alternativa prevista en el artículo 331 (convocatoria a una Convención Nacional Constituyente), pues la misma obligaría a convocar a elecciones de igual rango que las parlamentarias. También estaría descartada la cuarta, pues para el mecanismo de la ley constitucional (utilizada cuando la reforma constitucional de 1996) se necesitan 2/3 de los componentes de cada cámara legislativa, un porcentaje hoy inalcanzable para la oposición. Es entonces que quedan las otras dos: recolección del 10% de adhesiones del cuerpo electoral y mediante la voluntad de 2/5 de la Asamblea General legislativa; en cualquiera de las dos alternativas el proyecto debería ser sometido a la voluntad ciudadana en la primera elección nacional.

No obstante las distintas lecturas constitucionales, sobre la viabilidad de la retroactividad de la reforma, Conde afirmó que la presentación de un proyecto, en cualquiera de sus variantes, tendría un efecto político muy importante, que podría desestimular las inversiones de las transnacionales, dado que las mismas podrían ser revisadas en el futuro cercano.

En cambio, el senador de la Vertiente Artiguista (VA), Enrique Rubio, dijo no ser partidario de plantear una reforma constitucional en este momento.

Para Rubio introducir el tema hoy, es «absolutamente inconveniente» en función del clima del país y habilitaría, además, a que la intención original (impedir la venta de las empresas públicas) se desvirtúe por el agregado de otros elementos, como los electorales.

El senador vertientista observó que la cuestión del presente es cómo se enfrenta la política económica y se proponen alternativas. *