Intimación a la Corte Electoral

Para Coitiño, el retraso en la fijación de la fecha del referéndum contra los artículos 612 y 613 de la ley presupuestal que permiten la venta de Ancel y privatización de Antel, es parte de una estrategia tendiente a vaciar de contenido democrático la sociedad uruguaya.

Según el miembro de la CDPN, no existe razón suficiente para postergar el llamado al plebiscito, habida cuenta de que existe un dictamen mayoritario sobre la pertinencia de la consulta y las firmas que habilitan la interposición del recurso.

«El 15 de junio finalizó el conteo de las firmas por parte de la Corte Electoral, al llegarse a las 603 mil rúbricas válidas. Si se hubiera fijado en ese momento la fecha, el referéndum tendría lugar a mediados de octubre y estaríamos a 90 días aproximados de la terminación del plazo para la entrega de las firmas de Ancap. Y hasta el menos avisado sabe que la instancia de referéndum de Antel, hecha antes del vencimiento legal de las adhesiones de Ancap, opera como un estímulo y es, además, una instancia organizadora de una recolección de centenas de miles de firmas, entre los concurrentes a votar el día del plebiscito», sostuvo Coitiño.

Por tanto, añadió, nadie tiene dudas que al gobierno, «no le es políticamente conveniente que se realice la consulta por Antel antes de que finalice el plazo de recolección de firmas por Ancap. Es entonces que aparece en la Corte Electoral la justificación de carencias presupuestales, que le impedirían en tiempo llegar a preparar ese referéndum. Incluso se empiezan a inflar las cifras necesarias para el acto de consulta. El costo es de $ 69 millones (que a la cotización actual son tres millones de dólares), sin embargo la Corte habla de U$S 6 millones. Es decir que se empieza a generar la justificación de la no realización del referéndum por razones económicas».

Los banqueros son prioritarios

Coitiño expresó que la corporación electoral elevó un presupuesto con los gastos normales de la Corte, más las previsiones para las elecciones de 2004. «Ese aspecto no puede de ninguna manera condicionar y justificar al Ministerio de Economía, que frente a un pedido de ampliación de rubros de la CE, responde que la cartera no tiene recursos para darle. Ello hace que por una diabólica chicana empiece a demorarse la fecha de fijación del referéndum, estando satisfechas las dos condiciones: el laudo sobre la pertinencia y las firmas. De esa manera se ubicaría la consulta sobre Antel en una fecha conveniente para el gobierno y su política de privatización.

Esa actitud gubernamental no tiene una explicación coherente y otorga un precio al ejercicio democrático que vuelve no creíbles a la CE y el gobierno».

El dirigente sostuvo que sería un absurdo pretender que la ley presupuestal incluya partidas, anticipando las malas leyes recurribles y los gastos que la derogación de las mismas signifiquen.

De igual forma, añadió, «¿quién podía prever que se podían fundir y estafar bancos? No hay en el presupuesto quinquenal ninguna partida para cubrir y respaldar las malas acciones de los banqueros que requirieron capitalizaciones como la del Comercial o el Montevideo. Sin embargo, para cubrir esas deficiencias del sistema financiero se recurrió a U$S 3.000 millones. Es decir, que por intereses de esos préstamos se pagarán más de 100 veces que los costos exigidos por el plebiscito de Antel».

Finalmente, Coitiño advirtió que la Corte ha perdido transparencia, porque habiéndose cumplido con todos los requisitos constitucionales, no se ha convocado al referéndum. Esa actitud, añadió, transparenta uno de los problemas fundamentales, porque cuando se vacía el contenido democrático de una sociedad, se abren espacios para la aparición de agentes antidemocráticos, que amparados en el poder generan situaciones que lesionan los derechos de toda la ciudadanía. Por tanto, y porque es un problema político, el diputado Enrique Pérez Morad hará un planteo el martes en la Cámara de Representantes, pidiendo al Poder Ejecutivo que otorgue los fondos a la Corte, para que ésta pueda convocar al referéndum». *