El MPP impulsa reforma en la Constitución para impedir privatizaciones

La iniciativa tendría en principio, aseguraron fuentes frentistas, el apoyo de la Alianza Progresista, ya que la reforma constitucional formó parte de los temas que la semana pasada, analizaron las direcciones de ambos sectores encuentristas en un almuerzo realizado en El Quincho de Paso de la Arena.

LA REPUBLICA consultó sobre la magnitud y oportunidad del planteo reformista, al dirigente del MPP, Eduardo Bonomi, que, por otro lado, declinó referirse a la reunión con la Alianza Progresista (en los pasillos del Palacio Legislativo se habla desde el año pasado de una coordinación estratégica de ambos grupos).

Para Bonomi, los compromisos firmados por el gobierno con el FMI y los acuerdos con la Comisión Europea de la Organización Mundial de Comercio, «determinan la privatización -por la vía de la concesión o asociación, de forma que no pase por el Parlamento- de casi todas las empresas del Estado, incluida la enajenación del recurso agua. Un bien escaso en el mundo. También están comprometidos los bancos estatales. En el caso del Banco Hipotecario, por ejemplo, ya se tomaron medidas concretas como la suspensión de obras (salvo las comprometidas) y la sustitución de la UR por una unidad indexada. Asimismo se plantea la modificación de la Carta Orgánica para transformar al BHU en un banco comercial más».

No más batallas parciales

Según el dirigente emepepista, continuar con la política de interponer ante cada privatización el recurso plebiscitario sería infructuoso, porque la venta de las empresas estatales podría ir por delante de los recursos de consulta o porque «entraríamos en una dinámica insostenible para el movimiento popular». Bonomi recordó que el planteo de reforma constitucional ha sido presentado en la Mesa sin que se haya instrumentado, a pesar de que fue resuelto por el Congreso del FA del pasado año.

«Para nosotros el momento es éste. Incluso, la privatización de las empresas públicas está contenida en el proyecto gubernamental de Rendición de Cuentas y forma parte de la Carta de Intención firmada con el FMI. Recuérdese que la Carta señala que la modalidad preferente es la que evite el Parlamento. Proponemos que sea una reforma de defensa del recurso agua, cuyo usufructo lo tiene el Estado a través de OSE. Son dos cosas distintas, primero defender el recurso que es un bien nacional y segundo las empresas públicas, incluida OSE, y los organismos financieros del Estado», expresó Bonomi.

Una vez resuelta la voluntad política, añadió, se debería elegir si esto es mediante la firma de 50 legisladores, lo que obligaría a plebiscitar la reforma en la primera elección nacional, o por la recolección de firmas en el cuerpo elector. Un elemento a agregar en el articulado, sostuvo el dirigente del MPP, son cláusulas que anulen las obligaciones contraídas por el Poder Ejecutivo, entre el momento en que se pone en marcha el proyecto de reforma y su aprobación. «La primera Constitución de la República declaró ‘írritos y nulos y sin ningún valor para siempre los lazos…», por tanto cabe la posibilidad de incluir artículos con efecto retroactivo. Los actos resueltos en el sentido privatizador serían nulos por ser contrarios al orden constitucional interno, por ejemplo, porque no se tomaron con la salvedad de contar con mayorías parlamentarias especiales que determina el artículo 188 de la Constitución», comentó Bonomi.

Luego precisó que insistirá que la propuesta de reforma se discuta el lunes, en la Mesa Política del FA. Ello debido a que, «si bien avanzamos hacia el gobierno de 2004, la política gubernamental afecta el patrimonio, los bolsillos de la gente, por lo que el planteo tiene inmediatez. Para nosotros, la reforma debe tener ese único contenido de defender los recursos y el patrimonio nacional. Esta propuesta, nos parece, tiene mayor rapidez que la ley de iniciativa popular. El caso es que el gobierno decidió acelerar la aplicación del modelo, tal como sostuvo el presidente Jorge Batlle».

Bonomi advirtió que su iniciativa no contiene ningún planteo de reforma electoral. *