Lissidini dio nombres de supuestos contrabandistas; no les cree que hayan financiado campañas políticas

En la víspera Lissidini, concurrió ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes con el objetivo de explicar las afirmaciones que realizó, referidas a que los contrabandistas le indicaron que aportaban «dinero a todos los partidos políticos para la realización de sus campañas».

Durante la reunión, que se prolongó por aproximadamente tres horas, estuvieron en el centro de la discusión los comentarios de Lissidini sobre el financiamiento ilegal a los partidos políticos. El jerarca aduanero concurrió ante la Comisión sin la compañía de asesores o personal de confianza, hecho que llamó la atención, aunque sí rodeado de un operativo de custodia policial en virtud de las amenazas de muerte que el jerarca denunció haber recibido en los últimos días. Precisamente, Lissidini presentó el miércoles ante el Fiscal de Corte Oscar Peri Valdez una denuncia penal en la que mencionó a Resola y Ortiz como contrabandistas y vinculadas a las supuestas amenazas y advertencias.

Una veintena de diputados de todos los sectores políticos siguió con atención las explicaciones del jerarca, lo cual no es habitual, ya que las reuniones de las comisiones parlamentarias se realizan comúnmente con menor cantidad de legisladores.

«Cara a cara con Lissidini»

Mientras tanto, Resola y Ortiz aguardaban en los pasillos del Edificio Anexo que se les permitiera ingresar a la Comisión para poder realizar sus descargos «cara a cara con Lissidini».

Según trascendió, todas las intervenciones de los parlamentarios durante la reunión parlamentaria coincidieron en no cuestionar la honorabilidad personal de Lissidini ni en poner en duda el esfuerzo que realiza en la lucha contra el contrabando.

Sin embargo, la mayoría de los legisladores señalaron que les resultaba difícil comprender cómo el director de Aduanas había demorado cuatro meses en denunciar ante la Justicia, como presuntos responsables de actividades contrabandísticas, a Washington Resola, y Carlos Ortiz con quienes mantuvo una reunión en marzo.

Según Lissidini, en la reunión que mantuvo en un bar de Carrasco con Resola y Ortiz, a solicitud del propio Resola, ellos le manifestaron que «bancaban las campañas políticas de los partidos». Estas afirmaciones fueron desmentidas por Resola quien aseguró que entablará una denuncia contra el director de Aduanas (ver nota aparte).

Sobre las afirmaciones de los contrabandistas Lissidini consideró que al ser él mismo parte del sistema político, le constaba que eso era un artificio y que, por tanto, no las creía.

En Comisión, Lissidini dejó entrever que desde marzo hasta el miércoles pasado no había informado a la Justicia, ni tampoco a sus superiores ni al Ministro del Interior, Guillermo Stirling.

Por su parte, el diputado Julio Lara (Alianza Nacional) sostuvo durante la reunión del grupo legislativo que toda las valoraciones generales de Lissidini «no coincidían con la verdad, ya que la Aduana no estaba recaudando y que muchos de los procedimientos comentados como exitosos habían culminado con la devolución de la mercadería».

Asimismo, señaló que Resola podía demostrar que había sido el propio Lissidini que había llamado telefónicamente a Resola en seis oportunidades y no a la inversa como argumentó el director de Aduanas ante la Justicia. Resola mantuvo ayer una reunión con Lara en la cual le proporcionó estos datos al legislador.

Por ese motivo, Lara hizo extensiva al presidente de la Comisión, Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) una misiva que Resola había entregado horas antes al legislador nacionalista en la cual solicitaba ser recibido junto a Ortiz por el grupo parlamentario de trabajo para, de ese modo, plantear su derecho a defensa ya, que en ese momento hacía lo propio el director aduanero.

Orrico resolvió que al tratarse de una reunión extraordinaria de la Comisión, en las que comúnmente no hay asuntos entrados fuera de hora, y que se contaba con la presencia de un invitado, se accedería a la solicitud de entrevista de Resola y Ortiz en una sesión ordinaria.

Lara también denunció una lista de siete nombres que se desempeñan como supuestos asesores o informantes del director de Aduanas (ver nota aparte). En la nómina, el legislador hizo notar que algunas de estas personas aparecen con antecedentes por actividades vinculadas al contrabando.

Lissidini reconoció los nombres de las personas que se desempeñan como informantes y sostuvo que para el pago de sus servicios de Aduanas dispone de determinados recursos sobre los que no tiene que rendir cuentas.

Luego de la reunión con los legisladores, el director de Aduanas declinó brindar declaraciones a la prensa.

«Actitud de protagonismo»

El diputado Víctor Rossi (Alianza Progresista) señaló que todos los parlamentarios se sienten «obligados y responsables en la lucha contra el contrabando. Pero la misma no puede ser fruto de una actitud protagónica y personal, sino que debe desarrollarse en el marco de la ley con responsabilidad y participación de las autoridades institucionales y de los organismos correspondientes».

Opinó que el estilo de participación del director de Aduanas en el hecho «ha sido desacertado e inconveniente, más allá de sus intenciones y de su voluntad».

Por su parte, el diputado Alejo Fernández Chaves (Foro Batllista) afirmó que sabe de la «honradez» del director de Aduanas y de la cristalinidad de los procedimientos.

Aunque señaló que Lissidini en algunas actuaciones incurrió en error, como por ejemplo, «cuando en Soriano encaró un procedimiento en forma solitaria, cuando realizó el operativo en la feria de Villa Biarritz con un importante despliegue periodístico y cuando realizó precipitadas declaraciones convirtiéndose en vocero de presuntos delincuentes, por lo cual no creemos en la inversión de la carga de la prueba».

Asimismo, el diputado Luis Lacalle Pou (Herrerismo) expresó a su sector no le han satisfecho las argumentaciones que realizó ayer el director de Aduanas y que están de acuerdo en «ir a fondo en la lucha contra el contrabando el cual se combate en silencio y realizando investigaciones».

Señaló que no comparte la «dualidad de criterio» en los procedimientos realizados por la Adunas ya que cuando se procedió a incautar las mercaderías de los feriantes se lo hizo por sorpresa, mientras que se reúne con los supuestos contrabandistas mayores». El legislador nacionalista resaltó que Lissidini no aportó «los nombre de los ocho o diez grandes contrabandistas».

Entretanto, el representante del Nuevo Espacio, Felipe Michelini señaló que las explicaciones que realizó Lissidini son «inaceptables, porque si mantuvo conversaciones desde marzo las mismas debieron denunciarse o informarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas, ante el presidente de la República, o ante la Fiscalía de Corte».

«Si la conversación que mantuvo en marzo con quienes manifestaron aportar dinero a los partidos políticos no tuvo importancia, con qué objeto se la amplifica cuatro meses después», puntualizó. Añadió que comprende la situación personal del director aduanero en el sentido que ha sido amenazada su familia, pero consideró «improcedente» su actuación funcional.

Por su parte, el diputado Jorge Barrera (Batllismo, Lista 15) señaló que «el Partido Colorado ha respaldado la acción del director de Aduanas en lo que tiene que ver con la política firme de represión al contrabando».

Por otro lado, agregó que «es violatorio de la Constitución de la República referirse a aspectos que están en la órbita de la Justicia, ya que n
o es el Parlamento el organismo que tiene que dirimir esos hechos». *