Ausencia de marco legal sobre financiación de partidos "abre la puerta a la corrupción"

El tema entró anoche en el plano de la discusión académica con el seminario «Financiamiento de los partidos políticos», realizado en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República a instancias del Instituto Goethe y del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, y que culmina en esta jornada.

En una mesa moderada por la periodista María Urruzola, los catedráticos uruguayos Gerardo Caetano y Rafael Piñeyro y la argentina Delia Ferreira Rubio, representante de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de su país, plantearon la ausencia de legislación que regule el financiamiento partidario. Todos encontraron que la falta de un marco legal «abre una puerta a la corrupción» aunque admitieron que el hecho de tener leyes específicas no impide que éstas sean evadidas. Sobre este punto, Caetano enfatizó: «La ley no es suficiente pero es necesaria». Ferreira agregó que «es cierto que las normas no terminan con el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y la corrupción, pero debe haber una regulación razonable».

Límites y restricciones

El debate de ayer contó con la presencia de los miembros de la Junta Nacional Anticorrupción, que preside el doctor Carlos Balsa, los representantes de Uruguay Transparente, Jacinta Balbela y Víctor Vaillant, Hugo Manini por la Concertación Nacional para el Crecimiento y el presidente de la Junta Departamental, Uberfil Hernández.

Ferreira explicó que en Argentina existe desde hace diez meses un régimen de financiamiento de partidos (Ley Nº 25.600) a la cual «le sobran límites y restricciones», lo que aumenta la necesidad de evadirlos. En ese sentido, enfatizó que «no se puede bajar los brazos después de aprobar una ley. El ciclo en estas cosas es: corrupción, escándalo, se aprueba una ley que funciona hasta un nuevo escándalo, se corrige la ley, escándalo, corrección y así sucesivamente».

Campañas onerosas

Rafael Piñeyro, que desarrolló una investigación sobre el tema junto a Caetano y Daniel Chasquetti, manifestó la dificultad que plantea la falta de datos específicos, pero a pesar de la falta de números concretos indicó que «es claro que las campañas son cada vez más claras. Se gasta lo más posible para no perder chances frente a los candidatos». A su entender, las donaciones privadas «afectan la igualdad de los ciudadanos. Quienes cuentan con sufientes recursos para financiar campañas inciden más en los resultados de lo que un simple voto permitiría». En ese sentido, advirtió que si no se regula para «dar transparencia, vamos a tener un grave problema de credibilidad en la democracia». Agregó que «si no reducimos la necesidad de dinero en la política estamos empujando a los políticos a conseguir dinero en forma no transparente.

Respecto a las cifras que se tienen, indicó que en la última elección el Estado aportó 8,4 dólares por voto. Sin embargo, este subsidio no alcanza ni siquiera para cubrir la primera vuelta electoral. Solamente el Encuentro Progresista (EP) pagó la primera vuelta con lo que obtuvo por sus votos, pero ni siquiera en ese caso los recursos alcanzaron para la segunda vuelta. La Unión Cívica fue el único sector que pudo cubrir todos los gastos con financiación estatal.

Al no existir una financiación permanente del Estado al mantenimiento de los partidos, la mayoría se financia con lo que cobran sus legisladores y tienen como recurso adicional los polémicos pases en comisión.

El tema continuará siendo analizado esta tarde a partir de las 19 horas en la Sala Maggiolo. Harán uso de la palabra el representante de la Universidad de Brasilia, David Fleischer, Bruno Speck de la Universidad Libre de Berlín y Juan Londoño, representante de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Delia Ferreira Rubio, abogada asesora de la Cámara de Representantes de la República Argentina y catedrática de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de dicho país, manifestó que las elecciones anticipadas convocadas por el presidente Eduardo Duhalde para marzo son «inconstitucionales». De cualquier forma, admitió que «no son raras las conductas inconstitucionales en Argentina».

En ese sentido, manifestó que «si la iniciativa de Duhalde prospera las elecciones internas no significarán un problema para el gobierno porque no llevan financiamiento público». Sin embargo, el presupuesto para el año próximo «deberá tener en cuenta las partidas necesarias para financiar las elecciones de marzo y la segunda vuelta en abril y este presupuesto habrá que elaborarlo en una situación de crisis».

Pese a esta perspectiva dijo que en su país «difícilmente se llega a tres dólares por voto», por lo que se mostró «sorprendida» por los más de ocho dólares destinados en el último gobierno a cada voto obtenido por los partidos en las elecciones. *