Lara: Grupo de elite de Lissidini está vinculado al contrabando

Lara remitirá un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas con destino a la Dirección Nacional de Aduanas con el que entiende demostrará que Lissidini «no reúne a la Junta Nacional de Aduanas, la que tendría que reunirse una vez por semana, que aumentó como nunca la cantidad de asesores contratados que no eran funcionarios de la Dirección quienes gozan de un sueldo muy importante, y que en contrapartida ha descendido la recaudación del organismo».

El legislador nacionalista probará –según afirmó– que «este grupo de elite que se ha formado en la Aduana, cuyos integrantes han sido contratados directamente por Lissidini, ha realizado mínimos procedimientos».

Por lo que solicitará a la Aduana «los antecedentes de los funcionarios nombrados», ya que le consta que varios de ellos «están vinculados con el contrabando».

Lara renunció que varios de los casos que Lissidini ha anunciado como procedimientos efectuados por Aduanas, después han culminado en la «devolución de la mercadería». En ese sentido, ejemplificó con la actuación realizada en el «caso del contenedor con discos compactos» provenientes de Paraguay que fueron incautados en nuestro país y cuyo destino era Brasil. Agregó que cuenta con «la fotocopia del procedimiento que realizó Aduanas y que después tuvo que devolver».

«Se dice que se han hecho procedimientos y después no están en ningún juzgado. Por lo cual, interrogaré en qué juzgado están radicadas las denuncias», aseguró el legislador.

Por otro lado, denunció que «procura desmantelarse la Adunas, para demostrar que es totalmente ineficiente y después de alguna manera privatizarla».

Sostuvo que ninguno de los anteriores directores de la Dirección de Aduanas, Pablo Illarietti, Jorge Sienra, Luis Salvo y actualmente Lissidini, lucharon para mejorar las condiciones del organismo sabiendo claramente que con su infraestructura es muy difícil que pueda ser eficiente. Hay un fuerte ataque al funcionamiento de la Aduana».

«Desde el 1996 Illarietti se había comprometido a modificar la ley aduanera número 13.318, vigente desde el año 1964, en la que se determina que el funcionario que realiza un procedimiento cobra su porcentaje recién a los cinco años. Pero nadie ha tomado la iniciativa para modificar la ley, que tiene que ser a través de una propuesta del Poder Ejecutivo», recriminó el parlamentario.

En tal sentido, propuso una «jerarquización de Aduanas transformándola en un servicio descentralizado con autonomía, infraestructura y tecnología como para poder competir en la lucha contra el contrabando».

«Dualidad de criterio»

Asimismo, Lissidini comparecerá hoy a la hora 17.00 ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes con el objetivo de explicar las afirmaciones que realizó, referidas a que los contrabandistas le indicaron que aportaban «dinero a todos los partidos políticos».

La inquietud, que contó con el respaldo unánime de todos los sectores, partió del diputado herrerista Luis Lacalle Pou y de los legisladores del Encuentro Progresista-Frente Amplio.

Para Lacalle Pou existió en Aduanas «dualidad de criterio» en los procedimientos realizados ya que cuando se procedió a incautar las mercaderías de los feriantes se lo hizo por sorpresa, mientras que las autoridades de la Aduana «se reúne con los grandes contrabandistas». El sector está elaborando un análisis jurídico para determinar si la Justicia debió o no actuar de oficio. Por su parte, la diputada socialista Daysi Tourné remarcó la importancia de que Lissidini concurra al Parlamento para «dar explicaciones y manifestar quiénes fueron las personas con las que habló y de esa forma colaborar con el proceso de investigación».

Sostuvo que el Encuentro Progresista-Frente Amplio pretende saber «quiénes son esas personas, qué dijeron y en qué fundamentan sus dichos y, por tanto, se proceda en consecuencia». «Exigimos que Lissidini en lugar de decir lo que afirmó a los cuatro vientos lo exprese en los ámbitos que corresponden, el Parlamento y la Justicia. Pero nuestra mayor preocupación es que se vaya hasta el hueso en la investigación contra el contrabando. Por otro lado, si hay que investigar a los partidos políticos que se lo haga, porque al EP-FA no le duelen prendas», afirmó Tourné. Las afirmaciones de Lissidini volvieron a colocar sobre la mesa la ausencia de una legislación en el país en materia de financiación de los partidos políticos.

Coincidentemente, en el ámbito académico, el asunto fue debatido ayer en un seminario de la Universidad de la República (Ver página 4). *