Denuncian "hechos irregulares" en Tribunal de Apelaciones de Familia
La Suprema Corte de Justicia recibió una denuncia administrativa por parte del abogado Horacio de Alava contra los integrantes del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er. Turno, la doctora Marta Batistela y el doctor Jaime Monserrat. En la denuncia el profesional da a conocer hechos de «manifiesta irregularidad» que también ligan a la jueza letrada de 2º Turno de Canelones, María Teresa Larrosa, en un juicio por nulidad de testamento y petición de herencia.
Según expresa el abogado en su escrito, que aún no ha sido estudiado por los miembros de la Corporación, existen «actos aberrantes» por parte del Tribunal y la jueza, al solicitar a la parte demandante en el juicio una mayor contracautela sin tener en cuenta que se trata de personas de bajos recursos. Agrega que se interpreta «una notoria mala fe» ya que recientemente el Tribunal de Apelaciones procedió a levantar todas las medidas cautelares existentes, lo que a su entender beneficia al co-demandado, quien de este modo puede «vaciar las cuentas bancarias» en litigio. Por tal motivo entiende que la Corte debe investigar «esas conductas funcionales irregulares que ameritan una investigación sumaria para conocer de dónde viene ese interés del Tribunal de Apelaciones de Familia, para favorecer abiertamente a tan solo una persona en una litis que tiene a tres actores y 26 co-demandados, donde no existe sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, donde en consecuencia nadie tiene legitimación a ningún bien»
La historia del caso
Walter García inició un juicio contra Jorge Martínez Gutiérrez, por la nulidad del testamento y petición de herencia a Pedro Martínez. García era hijo natural de Pedro Martínez y Martínez Gutiérrez es sobrino del testamentario. La mayoría de los bienes heredados que fueron a parar a manos de Martínez Gutiérrez estaban a su nombre y contra eso reclamaba García. Estos bienes son dos casas de considerable valor frente a la plaza de Santa Rosa y las rentas devengadas por el alquiler de las mismas que están depositadas en el Banco Hipotecario de Canelones y ascenderían en el presente a la suma de 55 mil dólares.
La sentencia en Primera Instancia fue favorable a los intereses de García, ya que el testamento a nombre de Martínez Gutiérrez fue declarado nulo. Sin embargo, Martínez Gutiérrez apeló esa decisión en el Tribunal de Apelaciones y logró una sentencia de acuerdo a sus intereses. El Tribunal entendió que hubo vicios formales en la petición de García, ya que no estuvo emplazada la totalidad de parientes del fallecido Pedro Martínez.
El problema fue derivado a la Suprema Corte de Justicia que adoptó una decisión similar en aquel entonces a la adoptada por el Tribunal de Apelaciones.
En setiembre de 1991 falleció el demandante Walter García. Sus hijos, Claudia, Walter Javier y Héctor Luis iniciaron una demanda contra todos los sucesores de Pedro Martínez. Solicitaron una petición de herencia y la nulidad o reducción del testamento. Ese litigio se planteó en el Juzgado Letrado de Canelones de 2º Turno a cargo de la jueza María Teresa Larrosa. El abogado De Alava pidió a la magistrada medidas cautelares para asegurar el patrimonio en litigio y fundamentalmente evitar el retiro de ese dinero por parte de Martínez Gutiérrez. Por un lado se registró una clara demora por parte de la jueza en decidir sobre el tema de las medidas cautelares ante la inminente posibilidad de que el demandado pudiera retirar los dineros depositados.
En cuanto al Tribunal de Apelaciones, este tampoco hizo lugar al pedido de las medidas cautelares por el que el abogado De Alava expresa que «están vulnerando los principios básicos del Código General del Proceso»…
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