Entra en vigor Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional

La entrada en vigencia de este estatuto conlleva al inicio de la competencia del primer tribunal permanente que juzgará a los individuos responsables de cometer genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, su competencia permanente y amplia en términos geográficos la diferencia por ejemplo de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda. La Corte Penal Internacional, la primera y principal organización internacional a ser establecida en el siglo XXI, ha sido calificada como el mayor avance en el derecho internacional desde la fundación de las Naciones Unidas.

El nacimiento de la Corte, fecha que coincide con el primer día de la última sesión de la Comisión Preparatoria (PrepCom) sobre la CPI, se celebrará con una Plenaria Extraordinaria en la sede de las Naciones Unidas, en la que se anunciarán nuevas ratificaciones.

Se estima un período aproximado de doce meses entre la entrada en vigor del Estatuto de Roma –tratado que establece la Corte– y el tiempo en que la Corte estará lista para investigar los primeros casos. Durante ese período, varios eventos cruciales tendrán lugar, incluyendo las reuniones de la Asamblea de los Estados Parte, el órgano conformado por los países ratificantes que regirá la Corte y la elección de los primeros 18 magistrados y el fiscal, que se espera se realice en enero de 2003. La Corte será inaugurada oficialmente en febrero de 2003 y el secretario estará instalado en marzo. De este modo, finalizará el proceso de designación de funcionarios. «La Corte ha sido instaurada con competencia para juzgar a los individuos responsables de los crímenes más graves que repugnan a la conciencia de la humanidad», señaló el proyecto que el Poder Ejecutivo uruguayo elevó al Parlamento para la aprobación de la Corte Penal Internacional. Se trata de los siguientes crímenes definidos y tipificados: crimen de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. La persecución de estos crímenes no tiene retroactividad a la creación de la Corte. Si bien durante el último gobierno de Julio María Sanguinetti, Uruguay se mostró en un principio favorable a la entrada en funcionamiento de la Corte Penal Internacional, luego marcó distancia de la misma, siendo en un momento junto a Perú los únicos países de toda Latinoamérica que ni siquiera la firmaron, alineándose con países como China, Arabia Saudita y Kuwait. Tras firmarla en diciembre de 2000, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto para aprobarla, indicando que esto «no sería otra cosa que continuar con la tradición del país en materia de protección internacional de los Derechos Humanos».

La Corte cuenta ya con la aprobación de la Cámara de Senadores, restando ahora la aprobación de la Cámara de Diputados. *