Piden informes sobre procedimiento de Ancap al decidir desplazar al BSE

El senador vertientista Enrique Rubio realizó tres pedidos de informes, dirigidos a los ministros de Industria y Energía, Sergio Abreu, de Economía y Finanzas, Alberto Bensión y, a través de éste, al Directorio del Banco de Seguros del Estado, en los que pide explicaciones sobre la decisión de Ancap de contratar una reaseguradora internacional y desplazar a la aseguradora estatal.

El tema había sido denunciado por LA REPUBLICA en su edición del pasado 2 de junio, cuando se informó que el Directorio presidido por Jorge Sanguinetti desconoció una tradición de 70 años al contratar en forma directa a una aseguradora privada y, en los hechos, excluir al BSE de una licitación.

La decisión de Sanguinetti, implica un costo extra de 1,8 millones de dólares por una cobertura menor de la que el BSE otorgaba a Ancap, cuyo presidente fue asesorado por la consultora Goddard (Filanor SA), que resultó ser la representante local de Aon, la empresa internacional a la que se le terminaron adjudicando los seguros del ente de los combustibles.

En sus pedidos de informes Rubio indica que el procedimiento seguido por Ancap tiene como consecuencia directa «que una importante suma por concepto de primas tendrá como destino una empresa extranjera en detrimento del BSE, lo que parece poco razonable en momentos de grave crisis que obliga a la reducción de los gastos del Estado».

En su cuestionario, Rubio le pregunta al ministro Abreu sobre el manejo realizado por Ancap y si el caso no mereció observaciones del Tribunal de Cuentas; mientras que al ministro Bensión, entre otras interrogantes, le inquiere si el Banco Central del Uruguay, a través de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros tomó conocimiento de lo hecho por el ente petrolero y controló su legalidad.

BSE acusó a Ancap ante Bensión

El presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), Alberto Iglesias, había denunciado al Directorio de Ancap ante el ministro de Economía, Alberto Bensión, a quien, con fecha 27 de mayo, envió una dura nota en la que afirma que el ente de los combustibles cometió irregularidades al contratar una reaseguradora internacional.

Iglesias explicó a Bensión que un informe de los servicios técnicos del BSE critica «la forma como se ha procesado la contratación de los seguros que cubren los riesgos» de Ancap, que –consideran– no cumple con los preceptos establecidos en Texto Ordenado de Control Administrativo y Financiero (Tocaf) del Estado.

La carta a Bensión explica que Ancap, al renovar sus seguros y debido a la magnitud del contrato, debe tener un reaseguro en el exterior a través de la participación de un «brocker» que gestione la colocación de los mismos en el mercado. A esos efectos, debió seguir las normas del Tocaf, «sin cuyo cumplimiento deviene la nulidad del contrato y las respectivas responsabilidades por los perjuicios que tal conducta pueda provocar», acusa.

«No desconocemos el derecho de Ancap de recurrir al mercado interno para la colocación de sus productos al mejor precio, principio elemental en toda economía que se rige por el libre juego de la oferta y la demanda, pero sí observamos que los procedimientos seguidos por el organismo referido no son los que establece la ley para las compras del Estado, obviando cumplir determinados requisitos que soslayan la participación del Banco de Seguros en una eventual contratación de las referidas pólizas», dice el texto.

Para el BSE, si bien el artículo 614 de la Ley 17.296 dispuso que no existe obligación de las empresas públicas de contratar los seguros del ente estatal, «dicha reforma legislativa no modifica el régimen de contratación general del Estado, especialmente en lo que refiere al procedimiento de selección de su cocontratante» .

Agrega que «mucho menos se ha visto alterado el derecho positivo vigente en el país en materia de actividad aseguradora en general, y en particular, todo lo atinente a los requisitos y formalidades que deben cumplir las empresas aseguradoras y reaseguradoras, para operar en relación a riesgos que sólo pueden acaecer en el territorio nacional».

Jorge Sanguinetti incumplió el Tocaf

El Directorio de Ancap, que preside Jorge Sanguinetti, no habría cumplido con el artículo 33, apartado «A» del Tocaf, donde se establece que las empresas públicas deben recurrir a la licitación pública cada vez que el contrato de seguros implique erogaciones superiores a los límites de eccepción previstos legalmente.

La nota del BSE, firmada por Iglesias y por el prosecretario letrado, doctor Wilder Vetrale, subraya que «si Ancap no puede eludir el procedimiento licitatorio público para seleccionar la compañía aseguradora con la cual habrá de contratar, mucho menos puede seleccionar directamente una compañía reaseguradora».

«Decimos esto porque, de acuerdo a lo informado, el ente estatal habría seleccionado previamente mediante tratativas directas la reaseguradora que va a dar cobertura a los riesgos que se trata de amparar, operando en una segunda etapa un llamado interno para que las empresas de seguros que operan en plaza actúen sólo en carácter de fronting, es decir, como simples emisores de la póliza a cambio de una reducida comisión por el servicio», dice. La denuncia de la aseguradora estatal sostiene que en la selección del reasegurador «además de ser improcedente el procedimiento seguido por Ancap, que soslaya la licitación pública, también militan en su contra otros textos legales igualmente imperativos, referidos a la regulación de la actividad aseguradora en nuestro país, los que determinan la ilegalidad de todo procedimiento, estrategia o argumentación que pretenda conceder a una empresa del Estado uruguayo, el dudoso beneficio de contratar directamente, sin licitación, a una compañía reaseguradora del exterior.» Luego de reseñar una serie de normas legales, la nota del BSE sostiene que «estando situados en territorio nacional los riesgos a asegurar por Ancap, el contrato de seguros sólo puede celebrarse con empresas aseguradoras autorizadas a operar en el país.» «En segundo lugar –agrega– sólo las empresas aseguradoras instaladas en el país podrán contratar reaseguros. Ello significa, lisa y llanamente, que Ancap está impedido de contratar con una empresa reaseguradora, ya sea en forma directa o indirecta», concluye. *