Ancap: propondrán el régimen público para investigadora

Según la normativa vigente, la Comisión Investigadora puede declarar que su funcionamiento sea reservado. El grupo parlamentario recibió ayer al miembro denunciante, el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, quien ratificó la enorme preocupación sobre los compromisos económicos adquiridos por el ente de los combustibles, que superarían largamente el orden de los 200 millones de dólares.

El grupo parlamentario continuará analizando este tema los días lunes, ocasión en que comenzará a recibir a las diferentes partes involucradas (directorios de Ancap, actual y anterior), e incluso es posible la solicitud de información al gobierno de Argentina.

«Tenemos una extraordinaria preocupación por los compromisos económicos que ha adquirido Ancap en Argentina», señaló. Según Rubio, «la idea de expandirse en Uruguay es buena, pero la manera en que se ejecutó esto desde el año 1998, por lo menos, a través de la compra de una empresa o parte de una empresa que hace distribución de combustible en estaciones de servicio, en una red de estaciones de servicio en Argentina, las inversiones que se hicieron, las pérdidas que se han tenido, los compromisos que tiene Ancap en cuanto a los respaldos, las garantías, los problemas que hubo con la impositiva argentina, y otras cuestiones, han hecho que nosotros entendiéramos que se justificaba una comisión investigadora». «Queremos saber con precisión a cuánto ascienden las pérdidas, porque creo que son de muchos millones de dólares, y por lo menos los compromisos económicos son largamente superiores a los U$S 200 millones en el conjunto de las actividades en Argentina, tanto en prospección petrolífera como en red de estaciones de servicio», indicó. Para el parlamentario es importante «determinar quién fue responsable de estas decisiones y de la ejecución de estas decisiones, porque habían cosas que estaban cantadas y eran evidentes que iban a suceder de esta manera, y nosotros se lo advertimos al Directorio de Ancap en el año 1998 en un memorándum que le mandamos. No se podía comprar una empresa en bancarrota como era SolPetróleo y muy endeudada, el resultado iba a ser muy malo y pasó lamentablemente eso».

Legislar

Para el parlamentario, «se hace necesario legislar» porque «no hay control». «No hay manera de que el Tribunal de Cuentas y el Parlamento puedan hacer un seguimiento riguroso de las inversiones de las empresas públicas en asociación con empresas privadas, tanto dentro del país como en el exterior». «Hemos aportado toda la documentación que tenemos, que son más de 600 páginas, pero faltan muchas cosas, y la Comisión Investigadora tendrá que pedir la información, examinarla, pedir los testigos que les parezca conveniente y hacer concurrir a las entidades públicas y privadas correspondientes». *