Presunto perjuicio al Estado en gestión anterior de Turismo

El diputado del Encuentro Progresista-Frente Amplio Víctor Rossi declaró a LA REPUBLICA que al cúmulo de irregularidades comprobadas en el Ministerio de Turismo durante la gestión de Benito Stern, se agregan ahora varias partidas otorgadas en ese período de las cuales no hay rendición de cuentas. «Tenemos que saber en qué se gastó este dinero, porque si no podemos saber en qué se gasto ese dinero y encontrar entendible este gasto, entonces lo que se estaría es evidentemente confirmando un perjuicio al Estado. En función que esto es un dinero faltante, que salió con la responsabilidad de un jerarca, que no se rindió cuenta nunca y que por lo tanto el jerarca tendrá que dar la explicación de qué se hizo con ese dinero», expresó el legislador.

Rossi afirmó que «en muchos planos se ha continuado avanzando en la investigación administrativa de los hechos que se iniciaron cuando el propio ministro de Turismo Alfonso Varela, al ingresar dio cuenta de sus dudas sobre el manejo de las subvenciones por parte del Ministerio de Turismo en el período en el cual fue responsable Benito Stern. De esos elementos que brindó a la Justicia, se concluyó rápidamente en un conjunto de situaciones de irregularidad que incluso motivaron el procesamiento de algunos funcionarios y que alcanzaron en la responsabilidad al propio ministro, cuya defensa interpuso un recurso que está a consideración de la Suprema Corte».

«Las investigaciones administrativas continuaron, el Tribunal de Cuentas (TC) analizó la auditoría interna que realizó el Ministerio de Turismo y en forma un poco graciosa terminaba con una observación al propio ministro denunciante, el ex ministro Varela, en función de que no había cumplido con las normas de procedimiento y no había informado debidamente al TC de los efectos y conclusiones de ese proceso de investigación», añadió.

Según el diputado «de estos informes surge la confirmación que hubo subvenciones ficticias otorgadas bajo peticiones falsas, que hubo subvenciones ficticias cobradas mediante autorizaciones falsas, que hubo subvenciones cobradas por funcionarios del ministerio sin autorización, y esto son algunos de los puntos que motivaron los procesamientos de público conocimiento. También hubo subvenciones pagadas por adelanto de caja, firmas falsas, autorizaciones con fecha anterior al inicio de expedientes de solicitud del subsidio, intervenciones de los contadores delegados del TC en expedientes por montos superiores a su competencia. A pesar de que el propio tribunal, cuando en un pedido de informes le preguntamos por la actuación de estos contadores, hablaba de total normalidad, de ajustarse a su competencia. De esa investigación administrativa surge que en unos cuantos casos la actuación de los contadores delegados está por encima de su competencia y por lo tanto había sido curiosamente irregular».

Gastos sin justificar

Otro capítulo de irregularidades que mencionó el parlamentario es el de las rendiciones de cuentas, «es decir en qué se gastó la plata».

«Allí aparecen rendiciones de cuentas con facturas vencidas, falta de comprobante, gastos sin justificar, cifras adulteradas, proveedores que se repiten en las distintas rendiciones de cuenta, funcionarios que pedían a las empresas proveedoras boletas a nombre de entidades subvencionadas, boletas de proveedores a nombre del propio ministerio.

Lo que demuestra una situación ya no solo en el otorgamiento de la subvención y en el manejo de los dineros que no son sólo trasposición de rubros» (…) también «la utilización de determinados rubros que estaban disponibles para subvenciones y que se desviaban en las más diversas direcciones».

Y como señaláramos, a todo lo anterior se suman las partidas que no tienen rendición de cuentas «a pesar del tiempo transcurrido». «Partidas que han sido concedidas con todas estas irregularidades y a pesar del tiempo que ha transcurrido no aparece la rendición de cuentas.

Eso es responsabilidad del ministerio en primer lugar, de pedir que se terminen de rendir estas cuentas.

No puede quedar eso en el aire, no son bienes de difuntos sino del Estado uruguayo, dinero de los uruguayos que se volcó a la actividad que presuntamente perseguía el objetivo de fomentar el turismo en el país y que no tenemos certeza de dónde ni cómo se gastaron, tampoco quién es el responsable de los gastos y por lo tanto no podemos sacar la conclusión de si el trámite es irregular o no, ni si se gastó bien o mal.

Y así como este tema lo tiene que investigar el Ministerio de Turismo, no es ajeno a la función del TC, ni al papel de la Auditoría General de la Nación, independientemente de lo que la Justicia decida». *