Denuncia penal contra Amado por fraude millonario en dólares

El ex comandante Amado deberá afrontar, por su parte, un eventual llamado a responsabilidad por su más reciente gestión al frente de la Federación de Deportes Ecuestres (Fudes), una institución que el Discount Bank acaba de embargar en unos 50 mil dólares, a consecuencia de las pérdidas derivadas de «maniobras irregulares» cometidas durante el período en que Amado presidió la organización privada, y que determinaron su exlusión del padrón de socios, así como el nombramiento de nuevas autoridades.

Mientras tanto, las «maniobras dolosas» perpetradas en Caofa, la cincuentenaria cooperativa de oficiales que fuera transformada hace un tiempo en una institución de intermediación financiera, habrían acarreado pérdidas por unos 10 millones de dólares.

La denuncia contra Amado y sus liderados se concretará, específicamente, en torno al destino de unos seis millones de la moneda estadounidense.

Autos, hoteles y caballos pura sangre

El embargo trabado contra la Fudes recibió, por su lado, y en primera instancia, una sentencia judicial que sería ejecutoriada en las próximas horas. A raíz de su cuestionada gestión, Amado fue sustituido en la presidencia de la Fudes, a fines del año pasado, por el mayor Raúl Guarino, entonces jefe de la Guardia de Coraceros. También fueron relevados todos los directivos que secundaron a Amado en la organización deportiva. Las «maniobras» en Caofa, una prestigiosa institución social de las Fuerzas Armadas que cuenta con unos cuatro mil 500 socios activos, habrían sido cometidas entre los años 1994 y 1999, en especial a partir de 1996, y muy notoriamente, durante 1998.

Los manejos de dinero, ahora cuestionados, incluyeron auto-préstamos fraudulentos a directivos y allegados para la ya comprobada adquisición de automotores, bienes inmobiliarios (incluidos dos hoteles en Punta del Este), así como contratos con una determinada empresa constructora con la que Amado mantendría fuertes vínculos desde que ejerció como intendente Municipal de Maldonado durante el llamado proceso cívico militar.

7 directivos y un fiscal

La denuncia penal a ser presentada por las «maniobras dolosas» en Caofa individualizará a los siete integrantes de las pasada Directiva que presidía Amado, y a uno de los integrantes de la también destituida Comisión Fiscal. Otros dos fiscales, que reconocieron por escrito sus responsabilidades y luego colaboraron con las investigaciones, fueron expresamen-

te excluidos de la denuncia aunque, de todos modos, resultaron excluidos del padrón social de la institución, al igual que el restante fiscal y los siete directivos que serán objeto de la denuncia penal.

La resolución de la asamblea fue adoptada luego que los socios fueran informados por los directivos de los alcances de la maniobra detectada. Los directivos destacaron la oportunidad de sustanciar un expediente que, según estimaron, permitiría avanzar en el esclarecimientos de los ilícitos.

Investigación insumió tres años

La mayoría de los asambleístas, reunidos el pasado 9 de mayo en el Centro Militar, destacaron «la sobriedad» y «la prudencia» de las investigaciones que, luego de tres años de paciente labor, permitieron recabar evidencia de las sucesivas maniobras que lesionaron el patrimonio de una institución con 50 años de historia al servicio de la familia militar.

A consecuencia de la «defraudación», Caofa debió reducir sus 40 funcionarios a 12, así como debió presentarse a concordato; sólo resta pagar la quinta y última cuota. Mantiene también una deuda de un millón de dólares generada por la anterior Directiva con el Banco de Crédito, así como también un adeudo con el Banco Surinvest.

Cuando se transformó en institución de intermediación financiera sometida a los controles del Banco Central del Uruguay como cualquier otro banco, Caofa alcanzó a captar, sólo entre sus socios, un total de depósitos por hasta 23 millones de dólares, tal era la confianza que contaba entre sus asociados. Los fondos recabados fueron destinados, desde un principio, a solventar préstamos y créditos, de muy bajo interés, para oficiales de las tres Fuerzas Armadas.

Todo sea por la familia…

El «dolo» cometido durante la gestión de Amado implicó un desvío de fondos sociales en beneficio de un grupo económico, de al menos cinco empresas, que están bajo control de allegados y familiares de los anteriores directivos, ahora acusados.

La actual Directiva, que asumió el 24 de agosto de 1999 bajo la presidencia del coronel Domingo Pugliese, entiende que las anteriores autoridades «vaciaron» la cooperativa y tenían, al momento de ser descubiertos y apartados del padrón de socios, la intención de provocar la quiebra total de la institución, y la consiguiente intervención del Banco Central «para eludir responsabilidades». *