El Poder Ejecutivo remitió ayer al Parlamento la Ley de Urgencia

Además de su contenido la ley planteará un debate por cómo ingresará al Parlamento y cómo será analizada. La coalición blanquicolorada pretende que sea analizada por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, el Encuentro Progresista-Frente Amplio plantea integrar una Comisión Especial y el Nuevo Espacio se pronuncia por que cada tema en concreto sea analizado por la Comisión del Senado correspondiente.

La Constitución prevé en los artículos 160 y 168 el tratamiento de un proyecto de Ley de Urgente Consideración.

El Proyecto, al ingresar al Parlamento, será derivado por la Asamblea General al Senado, que deberá considerarlo en un plazo máximo de 45 días. Pasados los primeros 30 días la Cámara será convocada a sesión extraordinaria y permanente. A los 15 días de esa convocatoria y si no existe decisión alguna se considerará aprobado y se remitirá a la Cámara de Representantes.

La segunda Cámara tendrá 30 días para pronunciarse, si introduce modificaciones el proyecto volverá al Senado que tendrá 15 días para pronunciarse. Vencido este plazo y sin pronunciamiento el proyecto se remite a la Asamblea General que si en 30 días no lo rechaza o no se pronuncia lo dejará firme.

El proyecto remitido ayer no contiene grandes novedades con respecto al planteo primario. Las más llamativas se refieren a la creación de «sociedades anónimas de garantía recíproca, cuyo objetivo exclusivo será el otorgamiento de garantías en beneficio de sus integantes y para respaldar obligaciones correspondientes al giro habitual a sus actividades».

Se mantiene la decisión de promover la «administración, construcción, conservación y explotación de una Terminal de Contenedores en el Puerto de Montevideo».

La propuesta es la conformación de una Sociedad Anónima constituida por la Corporación Nacional para el Desarrollo que establecerá un acuerdo con la Administración Nacional de Puertos.

La Ley de Urgencia reduce a tres miembros los directorios de AFE, Asntel y la ANP, junto con el Sodre y la Corporación Nacional para el Desarrollo.

En el capítulo referido al Poder Judicial se agrega una modificación al artículo 268 del Código General del Proceso, referido a la pertinencia del recurso de casación. La modificación propuesta en el proyecto de ley es la siguiente: «Sólo será procedente el recurso de casación cuando la sentencia de segunda instancia revoque en todo o en parte a la sentencia de primera instancia».

También se establecen modificaciones a la legislación penal con penas más severas para: tentativa de rapiña, no inferior a dos años de penitenciaría; agravantes especiales para hurto, doce meses de prisión a ocho años de penitenciaría; legítima defensa y atentado violento al pudor.

El proyecto de ley también establece la obligación de divulgar el nombre completo «en el mismo auto de procesamiento» de los que incurrieran en delitos tales como: homicidio, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, violación, corrupción, estafa y venta de estupefacientes.

Exposición de motivos

El siguiente es el texto completo de la exposición de motivos del Proyecto de Ley de Urgente Consideración, remitido por el Poder Ejecutivo, a la Asamblea General Legislativa.

«El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto Proyecto de Ley de urgente consideración, numeral 7º del artículo 168 de la Constitución de la República, referente a la mejora de los servicios públicos y privados, de la seguridad pública y de las condiciones en que desarrollan las actividades productivas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El país se ha enfrentado a una coyuntura desfavorable en que la sumatoria de efectos regionales, internacionales, y aun climáticos, ha generado una importante dificultad tanto en las finanzas del Estado como en el desarrollo de las actividades productivas.

Puede percibirse que la situación que desde el 13 de enero de 1999 atraviesa el Mercosur, aunado a la caída del precio de nuestros productos de exportación, al alza de los precios de importaciones imprescindibles como el petróleo y al incremento de la tasa de interés internacional, han impactado dramáticamente en la economía nacional, disminuyendo de manera directa el nivel de actividad, y consecuentemente la recaudación. El aumento del déficit público resultante ha sido tradicionalmente enfrentado en Uruguay con un aumento de los tributos.

El primer aspecto a destacar es que este Gobierno no adoptó tal camino, ya que se considera negativo para las posibilidades del trabajo nacional aumentar la presión tributaria. En consecuencia, se buscará una mayor austeridad en el gasto público, utilizando facultades que le son propias del Poder Ejecutivo, e incorporando otras al texto de ley de urgencia que se propone en este acto.

Naturalmente es urgente adoptar medidas que apunten a mejorar las condiciones de trabajo y que al mismo tiempo contribuyan a mantener la estabilidad del costo de vida, que sin dudas es garantía de quienes dependen de ingresos fijos.

Descartado un aumento impositivo y acotados por la defensa de los valores señalados, se propone una alternativa en beneficio de los sectores productivos. Así, se pone a consideración del Poder Legislativo un conjunto de disposiciones, que cada una en su área, colaborarán en la mejora de gestión, la apertura de nuevas posibilidades y la consolidación de las ya emprendidas.

En consecuencia, el proyecto presenta medidas que se entienden imprescindibles en las siguientes áreas:

Fomento de la inversión y el empleo:

Siendo preocupación de ambos Poderes la mejora de las condiciones de competitividad del trabajo nacional, se adopta una línea de disminución de aquellos impuestos que gravan particularmente al mismo, acompasada con la racionalización del gasto estatal, la simplificación de tareas burocráticas, y una eficiente administración tributaria.

Particularmente en lo que refiere a la contribución patronal, no sólo se consolida la disminución de tasas aprobada para el ejercicio 1999, sino que también se solicita la autorización para avanzar en tal dirección, en la medida que se obtenga una mayor racionalización en el gasto público.

Agropecuaria:

Sensibles ante las excepcionales dificultades que este sector básico para la economía nacional ha enfrentado, se propone para el ejercicio 2000, la exoneración del aporte patronal incluido en la contribución al Banco de Previsión Social, el abatimiento de un 25 % la contribución inmobiliaria rural, compensándose por parte del Poder Ejecutivo a las Intendencias Municipales como corresponde. Al mismo tiempo se impulsan diversas disposiciones tendientes a facilitar los acuerdos entre productores, de la incorporación tecnológica y su agrupamiento para mejorar el nivel de exportaciones y de precios.

Sin perjuicio de lo expuesto, es propósito de este Poder Ejecutivo realizar una presentación, en ocasión del Presupuesto Nacional, de un ordenamiento del sistema tributario aplicable al sector agropecuario, basado fundamentalmente en el impuesto a la renta.

Asimismo se propone la exoneración del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para aquellos predios menores a 1.000 hectáreas índice Coneat 100 para el año 2000, y en forma permanente para aquellos emprendimientos agropecuarios que incorporen tecnología al sector.

Pequeñas y medianas empresas:

Se proponen normas para el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y de servicios, procurando mejorar la situac
ión de las pequeñas y medianas empresas, defender la lealtad de la competencia, facilitar el acceso al crédito y a los beneficios tributarios para su inversión.

Se habilita la formación de sociedades de garantía recíproca y se reconoce a las cooperativas en tal función para la facilitación del crédito.

Mejora de la administración y de los servicios:

Se entiende importante la mejora de los servicios de transporte, facilitando la renovación de vehículos terrestres, proponiendo mejoras para el Puerto de Montevideo, tanto para su playa de contenedores como para la mercadería depositada en el mismo.

Se incorporan normas que pretenden planificar el sistema ferroviario para el desafío que el aumento de la producción agropecuaria y forestal le demandarán en los próximos años.

En materia de administración se plantean normas para racionalizar y acotar el gasto burocrático, completar su control e informatizar aquellos aspectos de las tramitaciones que aún no lo están.

Compatible con la política de racionalización del gasto público, se incluyen normas que buscan disminuir la cantidad de integrantes de los directorios de algunos entes autónomos, servicios descentralizados y otros organismos públicos.

Asimismo, se procura la mejora de recaudación por medio de la centralización de información entre los organismos recaudadores del Estado.

Se incorporan normas, aprobadas en una rama parlamentaria en la anterior legislatura, que facilitan el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional creadas por la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1996, con el objetivo de flexibilizar las posibilidades de inversión en la economía nacional, a la vez que se incluyen normas tendientes a salvaguardar el derecho de los ahorristas.

Descentralización:

Se reglamenta el funcionamiento de la Comisión Sectorial que con tal fin previó el Constituyente, y se facilita la instalación de empresas en el Interior de la República.

Sociedades Comerciales:

Se facilita la asociación de empresas, para adaptarse a un mercado mundial extremadamente competitivo, modificando ciertos artículos de la Ley 16.060 de 4 de setiembre de 1989.

Seguridad pública:

Considerando la calidad de vida a que tienen derecho los ciudadanos, se proponen modificaciones a la legislación penal, que si bien atienden la situación de algunos delitos que aquejan particularmente a los más débiles  el arrebato, el hurto con destreza en el transporte público, con ingreso a la casa habitación  también se procura prevenir limitando situaciones como el expendio de bebidas alcohólicas en ciertas circunstancias.

También se procuran garantías, como el deber de informar y la defensa propia en el hogar, o prevenir el porte de armas en ciertas circunstancias, el carácter público del agente como agravante y aun el aparentemente inocente juego de la mosqueta que se convierte en el escenario apropiado para el hurto y el arrebato.

Ministerio de Deporte y Juventud:

Se incorpora la transformación de la Comisión Nacional de Educación Física y del Instituto Nacional de la Juventud en un Ministerio  denominado en lo sucesivo Ministerio de Deporte y Juventud-, sin que ello implique incurrir en mayores gastos, cumpliéndose así con un anhelo requerido por gran parte de la población.

Otras medidas:

Se incorporan normas sobre identificación civil, aprobadas en una rama parlamentaria en la anterior legislatura, que tienen relación con la prevención de la situación del menor y especialmente con una mejor planificación de su atención por parte del Banco de Previsión Social y la educación. El Poder Ejecutivo saluda al Señor Presidente con su mayor consideración.»