Batlle recibe a delegación de Familiares de Desaparecidos

La representación estará integrada por Luisa Cuesta, Luz Ibarburu, Javier Miranda y Sara Méndez. El encuentro tendrá lugar a las 9.30 en el despacho presidencial del Edificio Libertad. Participarán además el asesor presidencial Carlos Ramela Regules y el asesor del presidente del Encuentro Progresista-Frente Amplio Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández.

Según voceros de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, «es la primera vez en quince años que un Presidente recibe a representantes de la organización». La entrevista había sido formalmente solicitada el 8 de marzo pasado y reiterada la semana pasada. Ese día, Batlle también recibirá a la Premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú. Un día después, ocurrirán los actos castrenses del 14 de abril relacionados a «los caídos en la lucha contra la sedición».

Miranda destacó la voluntad política del mandatario, al recordar el anuncio formulado por Batlle el 1º de marzo y la solución del caso Gelman. Señaló que la delegación concurrirá a la reunión con espíritu de «diálogo» y «abiertos a escuchar», pero también con propuestas que ya fueran explicitadas en una carta abierta difundida ese mismo día. Los Familiares reclaman al Estado una investigación oficial y exhaustiva sobre cada caso de desaparición, independientemente del lugar donde haya ocurrido, así como dar respuesta a las preguntas «¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿cuando?» ocurrieron los hechos, y esclarecer la situación de los menores desaparecidos, entre otros puntos.

El 1º de marzo, los anuncios de Batlle respecto a encontrar una solución para «sellar la paz» en Uruguay, despertaron esperanzas entre los Familiares de Desaparecidos. Precisamente el fax de la presidencia, expresa que con esta entrevista, Batlle da «cumplimiento al ofrecimiento formulado en su discurso de asunción del cargo». Estas señales se vieron reafirmadas cuando Batlle confirmó al poeta argentino Juan Gelman la aparición con vida de su nieta, desaparecida en Uruguay en 1976. Las sucesivas gestiones gubernativas de Julio María Sanguinetti (1985-1990), Luis Alberto Lacalle (1990-1995), evitaron la búsqueda de soluciones definitivas al tema desaparecidos. Según testimonios de familiares de las víctimas e informaciones recogidas por distintas organizaciones, en Uruguay están pendientes de respuesta unos 35 casos de desaparición forzada, en Argentina alrededor de 111, en Paraguay 2 y al menos 6 casos en Chile.

Serpaj agrega la quinta pregunta

Por otro lado, el coordinador general del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) Raúl Martínez recordó ayer que la Ley de Caducidad implicó renunciar a someter a la Justicia a los responsables de la violación a los derechos humanos «pero no a determinar responsabilidades». De todas manera, indicó que dilucidar este tema no es esencial en la investigación ya que en realidad «prácticamente creo que sabemos todos los casos: cómo ocurrieron y las responsabilidades».

En una declaración pública, Serpaj propuso una fórmula de 9 puntos para resolver el drama de los desaparecidos: 1) Investigar todas las desapariciones ocurridas aquí o en la región. 2) Publicación oficial del informe de la investigación. 3) Condena pública al gobierno a la dictadura y a la Doctrina de Seguridad Nacional. 4) Erigir un recordatorio en lugar público y visible. 5) Revisión por el Parlamento de los programas de estudio de policías y militares. 6) Incorporar a los programas de educación pública una historia veraz de esos hechos. 7) Reconocimiento de la participación del Estado uruguayo en el Plan Cóndor. 8) Ratificación del tratado para la creación de la Corte Penal Internacional, que entenderá sobre delitos de lesa humanidad. 9) Responsabilidad penal a gobernantes y civiles que cometan actos violatorios de la democracia.

Martínez dijo ayer a LA REPUBLICA que espera, a partir de este documento, que se produzca una «discusión profunda» a nivel de todas las organizaciones que respaldan el proceso de esclarecimiento considerar que la solución de la problemática es de interés de «toda la sociedad».

Afirmó que, a diferencia de lo que se cree, el proceso de esclarecimiento de la verdad «no será rápido» y que es fundamental llegar a «una comprensión social del tema».

Respecto al último punto, sobre la responsabilidad penal a gobernantes, Martínez sentenció que el mismo refiere sobre todo, a lo que ocurra en el futuro.

No obstante, sostuvo en el marco del diálogo que se entablará entre distintos actores para arribar a una solución, «sería beneficioso que los responsables civiles también se hagan cargo» de los errores cometidos en el pasado. «Si bien la dictadura fue rechazada por muchos sectores, muchos civiles apoyaron a la misma; no sólo los militares fueron responsables», agregó.

En una entrevista radial, el coordinador de Serpaj indicó que en el proceso de discusión «se van a ir planteando propuestas, bases de discusión» y expresó su «confianza» de que el presidente Jorge Batlle establezca mecanismos «para entablar un diálogo más amplio en busca de una solución».

«No negamos de pronto los aportes que pueda significar tratar todos esos temas en forma más reservada pero éste es un problema de toda la sociedad, es un problema social, tiene un aspecto humanitario muy importante que sobre todo se refiere a los familiares (de desaparecidos) por todo lo que ellos han sufrido». Pero agregó que es un problema «histórico» y consideró que el debate «debe hacerse en forma muy abierta», en coincidencia, dijo, con lo planteado por los propios familiares. Martínez reconoció como positivo el cambio de actitud del nuevo gobierno al anunciar su disposición a sellar la paz, el 1º de marzo, y luego la aparición de la nieta de Gelman. «Más allá de las intenciones que ya había expresado antes de las elecciones, estamos ante hechos concretos», señaló. También indicó que Serpaj no requirió en este caso el aval de los Familiares «porque entendemos que ellos tienen un rol un poco diferente en algunos aspectos».

Respecto al primer punto («Investigación sobre todas las desapariciones con datos concretos y amplios, con investigación llevada adelante por personas que ofrezcan garantías de objetividad»), Martínez señaló que «en la investigación debe esclarecerse toda la verdad en todo sentido y que además tiene que ser con garantías», a diferencia de lo ocurrido durante el primer gobierno de Sanguinetti. «Nosotros decimos que la Ley de Caducidad renunció a aplicar penas, de someter a la justicia, pero no a determinar responsabilidades. De todas maneras no creo que ese sea un problema que deba limitarse y que se trate de hacer público nombres.

No interesa tanto que haya especialmente novedades, nosotros prácticamente creo que sabemos todos los casos: cómo ocurrieron y las responsabilidades, como que no es un punto central en la investigación».

Respecto al último punto («responsabilidad penal de gobernantes y civiles en general, y en particular de aquellas personas con cargos públicos, ante actos concretados o intentados de golpes de Estado u otras formas de violación del sistema democrático») señaló que no debe quedar fuera del debate nacional «la responsabilidad de gobernantes en el momento que se produce el quiebre institucional», señaló que «no cargamos las tintas en las Fuerzas Armadas», y recordó que en el proceso de quiebre institucional «hubo muchos civiles y gobernantes que estuvieron y tienen que asumir su responsabilidad».

Entre los gobernantes, Martínez mencionó por ejemplo al ex presidente Juan María Bordaberry que disolvió las Cámaras Legislativas
en junio de 1973.