Fiscal pedirá archivo de expediente que involucra a Storace y Dehl

Ante la imposibilidad de individualizar a los protagonistas de una conversación grabada en forma clandestina, el fiscal en lo Penal de 8º Turno, Luis Bajac, resolvió solicitar el archivo de la investigación de presunto tráfico de influencias en la adjudicación de ondas radiales.

El juez Gerardo Peduzzi inició una investigación a fines del año pasado, a partir de que el entonces diputado José Mujica entregará a la Justicia una cinta con conversación sobre la polémica licitación de 37 nuevas ondas radiales entre el ex ministro Juan Luis Storace y el ex director de Comunicaciones Ernesto Dehl. Luego de que el magistrado culminara su etapa de investigación con el representante del Ministerio Público, este último, quien actualmente posee el expediente, resolvió pedir el archivo del caso por falta de elementos de prueba.

De esta forma se le estaría poniendo punto final a una investigación que en sus inicios motivó a los representantes del Poder Judicial a realizar una rápida indagatoria que llevó al propio magistrado a interrogar al ex secretario de Estado en la misma sede Ministerial.

En dichas instancias, el objetivo principal era poder determinar si los interrogados reconocían o no sus voces en la grabación, cosa que no sucedió en ninguno de los dos casos. Tando Storace como Dehl afirmaron desconocer de quién se trataban las voces.

Una vez finalizada esta primera etapa de instrucción, el expediente fue a manos del fiscal Bajac, quien tras un largo estudio del caso determinó no avanzar en la indagatoria al carecer de elementos de pruebas como para solicitar nuevas actuaciones. Por tanto, resolvió solicitar el archivo del caso y deberá enviar el pedido al juez Peduzzi, quien en definitiva emitirá una resolución en la que seguramente hará lugar al pedido del fiscal. Previo a la resolución del fiscal, se manejó la posibilidad de que la cinta fuera enviada a un centro especializado –en el extranjero– para ser sometida a un peritaje.

Esta posibilidad no fue finalmente tenida en cuenta por razones fundamentalmente económicas. En el mes de octubre de 1999 comenzaron las actuaciones judiciales, fundamentalmente con base en lo que podía escucharse en la conversación registrada. Allí se mencionan reclamos para agilitar el trámite de personas que no se identificaron en la grabación.