Serpaj propone una "solución"

Serpaj incluye entre las «bases» la necesidad de investigar todos los casos de desaparición y promueve que el resultado de la misma se haga público a través de un informe oficial. También plantea una «condena a la dictadura» por parte del gobierno, así como a la «doctrina de la Seguridad Nacional», al «terrorismo de Estado» y un «reconocimiento a la cordinación represiva o Plan Cóndor». A continuación transcribimos parte del extenso documento:

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10 de abril de 2000

Durante muchos años la demanda de una respuesta oficial por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la última década, encontró sólo resistencias por parte de los gobiernos que la sucedieron. Este año, el nuevo gobierno ha dado muestras de querer abordar y encontrar solución a este grave problema que afecta a la sociedad uruguaya, como lo indican los hechos recientes en el que el Presidente de la República anunció la aparición de la nieta de Gelman y se refirió a los casos que quedan por resolver. Es probable que se haya llegado al momento en que coincida la demanda creciente de la población, con la presencia en lugares de decisión gubernamental, de personas y sectores ubicados en visiones más sociales y menos estrechas, sobre la paz social, las libertades democráticas y la sensibilidad humana.

Es probable también, que se haya comprendido los beneficios de la paz social como estado deseado y como condición necesaria para progresar en el desarrollo de la sociedad hacia mejores condiciones de vida.

Es probable una vez más, que éste sea el sentimiento que predomine en la inmensa mayoría de la población, cualquiera sean los sectores, partidos o instituciones, a que pertenezcan. Creemos que el tiempo transcurrido ha sido más que suficiente y las actitudes y apreciaciones de las organizaciones sociales, políticas, religiosas, ha demostrado sin ninguna duda que el pueblo uruguayo tiene la madurez para abordar toda la verdad, hacer su juicio y preservar la paz.

Ha llegado entonces el momento de ser una vez más, precisos y claros en cuanto algunos aspectos que explican los motivos de la práctica de la desaparición forzada, sus consecuencias y las soluciones necesarias a la sociedad.

(…)La aplicación de esta política de terrorismo de Estado, a la que se llamó Doctrina de Seguridad Nacional, respondió también a una estrategia regional para el Cono Sur, donde se ejercieron básicamente las mismas políticas económicas y un plan común de terrorismo, conocido como Plan Cóndor, imprescindible para mantenerse en el poder en cada país.

Quiere decir entonces que no es posible considerar el tema de los desaparecidos, como un problema que afecta únicamente a sus familiares, aislados de la práctica general de terrorismo que se dirigió contra la gran mayoría de la sociedad. El tema es tanto humanitario como social.

Así como los seres humanos aprendemos de nuestras experiencias en forma individual, de la misma forma lo hacen las sociedades para no cometer los mismos errores.

La experiencia de otros países y de historias de violencias sin límites como el holocausto contra el pueblo judío y los exterminios de otros pueblos, demuestran que es necesario llegar a la verdad y condenarlos, aunque más no sea socialmente para que los hechos trágicos no vuelven a repetirse.

El secreto sobre hechos pasados por miedos o por intereses sólo sirve para alentar la reiteración de los mismos. La Europa que no condenó al nazismo está pagando hoy sus omisiones.

Pero no tenemos que ir muy lejos para saber los perjuicios que trae echar un manto de olvido. A este recurso se apeló al finalizar la dictadura de Terra como mecanismo casi mágico para alejar la repetición de los males, de manera que terminamos conociendo como dictablanda a aquel período, haciéndonos olvidar o no conocer, sus prácticas brutales hacia todos los opositores, políticos, sociales y militares.

Para Uruguay la historia ya volvió a repetirse, cuarenta años después, y la impunidad sigue alentando expresiones de violencia, delincuencia y corrupción amparadas en las sombras de los miedos provocados entonces. (…)El esclarecimiento sobre la suerte de estas personas, se ha vuelto entonces desde el primer momento, un objetivo imperioso para los familiares y todas las personas conscientes de lo que significaron esos oscuros once años para el país. En este lento proceso los sucesivos gobiernos se han mostrado en la más equivocada de las actitudes, poniendo todas las dificultades posibles o esgrimiendo argumentos y haciendo acciones de encubrimiento que sólo han aportado motivos de vergüenzas para el país.

La lucha sostenida por los familiares durante todos estos años, ha sido un ejemplo de dignidad y de entereza que ha hablado a la sensibilidad de todos.

Una solución para sellar… y cementar la paz

La solución que se procure para sellar la paz debe también cimentar, es decir, construir fuertes cimientos que sostengan a las instituciones democráticas. Sin ello la solución de hoy será sólo un gesto para hoy. ¿Pero qué habrá aportado para mañana?

Se hace necesario aportar a la discusión general algunos aspectos concretos para que la solución sea un hecho real y no una ficción, que intente sacar de la conciencia pública un tema moleso, cuando en realidad de lo que se trata es nada menos que de avanzar firmemente por el camino del fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Es un hecho demostrado en diferentes partes del mundo que lo que se ha llamado memoria colectiva, es imprescindible para impedir los intentos similares que en algún momento volverán a presentarse en el país.

El Estado a través del gobierno, tiene que reconocer que lo ocurrido fue una tragedia provocada y no fruto de algún fatalismo en el que nos vimos envueltos inevitablemente.

Solución posible

Por todo lo antedicho, podemos entender que la «solución» al tema desaparecidos que pretenda sellar la paz entre los uruguayos, tiene que ser un acuerdo general en base a la verdad y el establecimiento de mecanismo que resguarden a nuestra población de intentos dictatoriales de cualquier tipo. Por el contrario, no puede pretenderse nunca un acuerdo que silencia las voces que recuerdan las violaciones de los derechos humanos, las libertades individuales, así como todas las demás prácticas de la dictadura.

El llamado proceso cívico militar y la coordinación represiva regional que aplicó el Estado uruguayo en ese período, deben recibir el juicio de la opinión pública, para que el nunca más se incorpore como expresión fundamentada en todos los sectores.

Las instituciones armadas del Estado, en parte responsables de los hechos, tuvieron en el reciente siglo que finalizó, una historia destacada por su comportamiento dentro del marco democrático, salvo la década del treinta.

Estas instituciones tienen ahora la oportunidad histórica de aportar a la superación de una de las peores tragedias que afectaron a la sociedad uruguaya.

Toda propuesta de solución sobre los desaparecidos tiene que contribuir en forma muy clara a condenar esas prácticas, a su memoria permanente y a no aceptar que las responsabilidades de unos pocos puedan ser ocultadas tras el erróneo concepto de que asumir estas responsabilidades y acutar en consecuencia, perjudica a las instituciones.

Bases

Desde un espíritu de aportar y a la vez ser flexibles ante todas las propuestas, exponemos para la reflexión pública, algunas bases que a nuestro juicio y luego de recoger muchas opiniones en nuestro país y en el exterior, a lo largo de estos años, constituyen aspectos esenciales para llegar a soluciones de fondo. Es
ta enumeración es seguramente incompleta, abierta y sujeta todas las variantes necesarias:

– Investigación sobre todas las desapariciones con datos concretos y amplios, llevada adelante por personas que ofrezcan garantías de objetividad.

– Publicación oficial del informe sobre la investigación.

– Manifestación pública del Gobierno de condena a la dictadura, la Doctrina de Seguridad Nacional y al terrorismo de Estado.

– Recordatorio en lugar público y visible.

– Revisión e información pública de los programas de formación en los institutos en que se prepara a militares y policías, realizada en coordinación con los organismos especializados del Parlamento.

– Incorporación de una historia oficial veraz a los programas de educación pública.

– Reconocimiento de la coordinación represiva o Plan Cóndor; por lo tanto la investigación debe hacerse o facilitarse sobre todos los casos de uruguayos detenidos desaparecidos, independientemente del país donde ocurrió.

– Ratificación del tratado de creación de la Corte Penal Internacional que entiende sobre delitos de lesa humanidad, por considerar necesario fortalecer los instrumentos de defensa de los derechos humanos y que ya fueron ratificados por el Estado uruguayo: como lo son la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas (11/95) y la Convención sobre la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (12/85),

– Responsabilidad penal de gobernantes y civiles en general, y en particular con cargos públicos, ante actos concretados o intentados de golpes de Estado y otras formas de violación del sistema democrático.

El deseo de que el tema de las personas desparecidas no se convierta en un tema de debates partidarios, sino que sea abordado como una cuestión de toda la sociedad, ha puesto a los Familiares como referencia central en las posibles soluciones que se manejan.

Compartimos este criterio, por cuanto además de evitar desviaciones negativas, la larga trayectoria de Familiares es una garantía de que los acuerdos que puedan alcanzarse, serán sobre bases tanto humanitarias como sociales e históricas, que atiendan no sólo a la interminable angustia que como familiares han debido sufrir, sino que también contribuyan seriamente a las soluciones sociales y al futuro de convivencia en paz del país.

Por otra parte, y como ellos lo han expresado en numerosas oportunidades, pensamos que este proceso debe ser llevado adelante también con otros interlocutores, evitando de esta forma sumar más peso sobre los hombros de los familiares y habilitando a otros actores dispuestos a encontrar soluciones.

Hay mucho por hacer sin duda, y en esto es cierto también que cuenta el espíritu con que estemos dispuestos a asumir las tareas.

Desearíamos que lo dicho hasta aquí, refleje la apertura y flexibilidad que el momento exige para encontrar caminos para el bien de todos los uruguayos».