Fiscal Guianze solicita la extradición del oviedista Conrado Pappalardo

La fiscal penal Mirta Guianze solicitará hoy al juez Roberto Timbal que conceda a la Justicia paraguaya la extradición del político Víctor Conrado Pappalardo, jefe de inteligencia y secretario del Ministerio de Defensa durante el gobierno del oviedista Raúl Cubas. En opinión de la fiscalía no se probó que Pappalardo sea un perseguido político, como sostiene su defensa, sino únicamente que es un confeso seguidor de Lino César Oviedo, dijeron a LA REPUBLICA fuentes cercanas al caso.

En un escrito que será entregado hoy al juez Timbal, la fiscalía actuante en el caso Pappalardo recomendará que el ex funcionario del gobierno de Cubas sea extraditado al Paraguay para ser juzgado por delitos contra la administración pública.

Las fuentes consultadas por La República indicaron que la fiscal Guianze desestimó las excepciones de persecución política y la excepción de orden público presentadas por la defensa de Pappalardo a cargo del abogado Manuel Cardoso de los Santos.

Según la fiscalía, los delitos de los que se acusa al ex funcionario oviedista no son políticos o conexos con ellos, ni se ha probado fehacientemente que sea un perseguido político. La fiscal reconoce que Pappalardo es un dirigente político del llamado oviedismo, empero, el gobierno paraguayo acreditó suficiente prueba de que los delitos atribuidos al dirigente son presuntos hechos de corrupción.

La fiscalía también desestimó la excepción de orden público presentada por la defensa del político paraguayo. El abogado Cardoso había sostenido que a su defendido se le sigue un juicio penal en rebeldía, esto es sin su presencia en terriotrio paraguayo: algo que es incompatible con el orden jurídico interno de Uruguay.

Sin embargo, la representante del Ministerio Público alegó que no es cierto este punto. Pappalardo fue procesado, por encontrárselo “prima faccie” culpable de los delitos de corrupción que se le atribuyen, pero el juicio fue suspendido en esa instancia. Según este punto de vista, si el dirigente oviedista hubiese sido condenado, estaríamos ante la hipótesis de un juicio en rebeldía, pero precisamente se solicita su extradición para enjuiciarlo.

Un asunto del Ejecutivo

En su oportunidad el abogado de Pappalardo había alegado que su defendido estaba en la misma situación que José Segovia, ex ministro de Defensa paraguayo al que el gobierno de Julio María Sanguinetti otorgó la calidad de asilado político. “El pedido de captura y extradición de Pappalardo consta en el mismo exhorto que el de José Segovia, tiene los mismos fundamentos y evidentemente se trata de un caso de persecución política”, dijo a LA REPUBLICA el abogado Cardoso de los Santos.

“Es evidente que el gobierno uruguayo otorgó el asilo a Segovia porque sabe que existen móviles políticos detrás de su extradición; lo mismo ocurre con mi cliente”, anadió el letrado.

Ante la Justicia la defensa del político paraguayo recordó la Resolución 297/99 del Poder Ejecutivo uruguayo, que otorgó el asilo político al ex ministro paraguayo Segovia, acusado de cometer los mismos delitos que Pappalardo. La resolución de asilo se fundamentó en la Convención de Asilo Territorial firmada por Uruguay.

A este punto la fiscalía respondió que no es un asunto que pueda resolver el Poder Judicial.

El asilo es una prerrogativa que sólo puede conceder el Poder Ejecutivo y si le fue otorgada a uno solo de los peticionantes no es un problema que atana a la fiscalía o al juez, se indica.

En Cárcel Central

Víctor Conrado Pappalardo fue detenido el jueves 2 de marzo en un hotel de la ciudad de Treinta y Tres que lleva el mismo nombre que la capital olimarena. El procedimiento fue realizado por la Policía de ese departamento mientras realizaba un control de rutina sobre la población flotante en los hoteles del departamento.

Luego de detenido Pappalardo fue interrogado por la jueza Anabella Damasco, que cumplía el turno judicial ese día. El dirigente paraguayo, que desde entonces guarda prisión preventiva en Cárcel Central, sostuvo que él era un perseguido político por pertenecer al sector del general Lino Oviedo, contrario a las actuales autoridades que sustituyeron al depuesto presidente Cubas.

El procedimiento de extradición se tramitará en virtud de lo que establece el Tratado de Extradición que Uruguay, Paraguay y otros países del América del Sur firmaron en 1889. Ese tratado prevé expresamente que el país requerido puede negar el pedido de extradición cuando los delitos sean políticos o conexos con los políticos.

Asociación criminal

La Justicia paraguaya solicitó la extradición de Pappalardo para enjuiciarlo por los delitos de “lesión de confianza y asociación criminal”. La lesión de confianza es un delito que castiga la apropiación indebida de bienes del Estado.

El abogado de Pappalardo indicó a LA REPUBLICA que tiene elementos para probar que los cargos fueron fraguados para consumar un caso de persecución política. Cardoso indicó que agotará todas las vías procesales para evitar la extradición de su defendido y recordó que en su nueva integración la Suprema Corte admite la posibilidad de llevar a casación los casos de extradición.