En diciembre de 1997, el entonces ministro de Defensa, Raúl Iturria, respondió un pedido de informes del diputado VÃctor Semproni sobre las investigaciones que en esa cartera se realizaron sobre la desaparición de 26 personas, la mayorÃa en nuestro paÃs, de las que aún no se conoce su destino.
Ninguna de las investigaciones del Ministerio de Defensa arribó a resultados tangibles y, en la mayorÃa de los casos, el fiscal militar encargado de la pesquisa se limitaba a preguntar a los organismos militares si tenÃa conocimiento del hecho y aceptaba como ciertas las respuestas recibidas.
De las respuestas recibidas, quedó en evidencia que si se hubiera efectuado una investigación independiente, se hubiera avanzado en descubrir la suerte de la mayorÃa de los desaparecidos. En los documentos militares aparecen matrÃculas de vehÃculos en que fueron secuestradas las personas y nombres de militares involucrados en los hechos.
El pedido de informes del entonces diputado Semproni apuntaba a conocer la actuación del Ministerio de Defensa para investigar la desaparición de: Luis Eduardo Arigón, Oscar Baliñas, Ricardo Blanco Valiente, Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Francisco Edgardo Candia, Julio Castro, Julio Gerardo Correa, Ubagesner Chávez Sosa, León Duarte Luján, Julio Lorenzo Escudero, Gerardo Gatti Antuña, Horacio Gelós Bonilla, Julio Gomensoro, Luis Eduardo González, Migual Angel Mato, José Hugo Méndez Donadio, Fernando Miranda, Félix Ortiz, Omar Paitta, Eduardo Pérez, Elena Quinteros, Simón Riquelo, Julio César RodrÃguez, Amelia Sanjurjo Casal y Oscar Tassino.
El informe de Defensa presenta un breve resumen de las “investigaciones” realizadas caso por caso. A manera de ejemplo, efectuamos una sÃntesis de varios de ellos, indicando un patrón en el que los fiscales militares sólo se atreven a consultar a sus mandos y aceptan las respuestas recibidas como válidas. En casi todos los casos, los familiares de los desaparecidos, discrepando con la decisión gubernamental de encargar la investigación a los militares, no se presentaron a declarar en las convocatorias de los fiscales militares.
El fiscal encargado de la investigación, el 5 de junio de 1989, fue el fiscal militar coronel José Sambucetti. Sostiene que los familiares del desaparecido no se presentaron a las citaciones. Después revela que preguntó al Ministerio del Interior si algún organismo dependiente de esa cartera procedió a la detención de Luis Eduardo Arigón el 14 de junio de 1977 a las hora 00.30. Y enseguida el informe añade: “Efectuadas las consultas” en todos los organismos, “las mismas no registran constancias de actuaciones cumplidas en la persona del ciudadano Arigón”. La misma pregunta se efectuó a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y recibió la misma respuesta.
En el informe se señala que Sara Barrocas le solicitó información el coronel Hugo Camps, información sobre su esposo, Arigón, quien le respondió que estaba detenido. Ante el fiscal, Camps señaló que esa información fue rectificada 24 horas después, y que le explicaron a la esposa del desaparecido que el detenido habÃa sido Julio Arigón y que ya habÃa abandonado el paÃs.
La investigacion estuvo a cargo del fiscal militar, coronel Nelson Corbo. El trámite seguido fue el mismo: preguntar a los organismos militares y policiales si el 21 de junio de 1977 habÃan detenido a Oscar José Baliñas Arias. Todos respondieron negativamente.
El informe involucra nuevamente al coronel Hugo Camps, quien aparece reconociendo la detención de Oscar Baliñas ante consultas de la madre del desaparecido, pero rectifica señalando que “habÃa sido un error” y que “presuntamente se habrÃa ido del paÃs como Julio Castro”.
Ante el fiscal, Camps dijo que en la fecha de la desaparición de Baliñas, desempeñaba los cargos de seretario de la Junta de Comandantes en Jefe y de secretario del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), por lo cual “nunca hubiera podido dar información oficial al respecto”.
Esta investigación también fue conducida por el fiscal, coronel Corbo, y repite la misma rutina de preguntar a organismos militares y policiales si habÃan efectuado un operativo para detener en su domicilio de la calle Carlos Ferrari Odetto 4586, el 15 de enero de 1978, a Ricardo Alfonso Blanco, y dejando en el lugar una vigilancia. Ninguno de los organismos tenÃa conocimieto del operativo, ni información de un Ford Falcon, un BMW o un Renault 12 usados en el operativo.
El fiscal militar fue en este caso el coronel Sambucetti. También solicitó información a los organismos militares y policiales para saber si habÃan procedido a la detención de Bleir el 29 de octubre de 1975. La respuesta fue negativa y además el comando del ejército añadió que un comunicado de las Fuerzas Conjuntas de agosto de 1976 solicitaba la detención de ese ciudadano. En cuanto a la información solicitada sobre el Organo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), se sostiene que fue “desactivado en el año 1985, no conservándose antecedentes respecto a sus actuaciones ni la nómina de sus efectivos”… “en virtud del carácter secreto de las mismas y atendiendo a razones de seguridad individual y familiar del personal militar”.
Como en los casos anteriores, la rutina de “investigación” fue la misma. El fiscal militar fue el coronel Corbo. En este caso, se identificó a tres vehÃculos que actuaron en el operativo de detención del desaparecido y su esposa, en Carlos de la Vega 5924, el 30 de octubre de 1975. La esposa de Brieba fue dejada en libertad varios dÃas más tarde.
Un Ford Escort 300 con matrÃcula de Montevideo 262.254, un camión OM Leoncino, matriculado en Rocha con el número C-8621, y una camioneta VW Combi, con matrÃcula 81.0933 de Maldonado fueron utilizados también para retirar pertenencias y muebles de los detenidos. El informe no revela si las intendencias municipales informaron quiénes eran los propietarios de los vehÃculos y ningún organismo militar o policial tenÃa conocimiento de la detención ni de los vehÃculos.
El informe del Ministerio de Defensa señala que la investigación le fue encomendada al Ministerio del Interior, por lo que no se realizó ninguna pesquisa interna.
El fiscal militar Sambucetti recibió el encargo de investigar en un solo expediente las desapariciones de Gerardo Gatti, José Hugo Méndez, Francisco Edgardo Candia y León Duarte. En el informe se destaca el esfuerzo del fiscal por demostrar que los desaparecidos salieron del paÃs, ya que solicita informes a la Dirección Nacional de Migración y las aerolÃneas Pluna y Tamu.
La solicitud incluÃa entradas y salidas del paÃs de los denunciados como desaparecidos en el perÃodo de enero de 1975 a octubre de 1976.
Como en la denuncia se mencionaba el nombre de un teniente Sander o Sandler, el informe señala que sólo existÃa un oficial, Felipe Sander, de la Guardia de Granaderos. También se mencionaba a los oficiales teniente coronel RodrÃguez, mayor o capitán Enrique MartÃnez, capitán Ricardo Medina, capitán Vázquez, capitán Bermúdez y teniente o alférez Sánchez. La Fuerza Aérea contestó que no tenÃa personal con esos grados y nombres. La Armada reconoció la existencia de capitán de navÃo Ricardo Medina, pero sostiene que “los datos filiatorios no coinciden”. El Ejército respondió que “dado lo exiguo de los datos aportados fue imposible individualizar a las personas en referen
cia”.
El informe señala además: “Se obtuvieron testimonios” de los tenientes coroneles Jorge Silveira, Nino Gavazzo y Manuel Cordero, de los mayores José Felipe Sande, Ricardo Medina y Luis Maurente, de capitán (r) José Arab, de los coroneles Ernesto Ramas y Pedro Matos, y el inspector Hugo Campos Hermida. El fiscal sostiene que en estos testimonios no aparecen elementos que los involucren.
Otro caso investigado por el fiscal coronel Sambucetti. Como en otros casos se consulta a las instituciones militares y policiales si el 16 de diciembre de 1975, a las 0.30 horas, procedieron a detener a Correa en su domicilio de MartÃn c. MartÃnez 1806, y si contaban con una camioneta VW Combi, color tiza, y un automóvil de la misma marca y color.
Como en todos los casos, las respuestas fueron negativas.
El informe sólo señala que la investigación estuvo a cargo del fiscal militar Sambucetti sin revelar detalles de la misma.
Investigación realizada por el fiscal Corbo. La misma rutina de consultar a los organismos militares y policiales de si habÃan detenido a Escudero el 29 o 30 de octubre de 1976, “o cualquier otro dÃa”. También se consulta si entre los dÃas 11 y 17 de marzo de 1976 allanaron el domicilio del desaparecido, Pilar Costa 68, para detenerlo.
Se señala que se citó a declarar al coronel Ramón Albornoz y al doctor Hamlet Reyes, sin revelar por qué ni qué conclusiones se sacaron después de las mismas.
El fiscal militar Corbo también en este caso requirió información a los organismos militares. Ninguna de las instituciones militares o policiales reconoce la detención de Mato un 29 de enero de 1982 “o en otra oportunidad”. Las instituciones militares señalan además que no tienen conocimiento de la existencia de un establecimiento bajo su jurisdicción denominado “La Tablada”, aunque admiten que los “civiles” podrÃan denominar de esa manera a una costrucción en Caminos de las Tropas y Camino de la Redención, utilizado trasitoriamente como depósito y taller por el OCOA, que curiosamente describe como “Organo Coordinador de Operaciones Subversivas”. Y el Ejército señala que las actuaciones de ese organismo desmantelado, son secretas, a lgual que sus integrantes, por razones “de seguridad”.
En la respuesta al diputado, el Ministerio de Defensa sólo menciona que en abril de 1987 se dispuso una investigación y que fue concluida el 30 de julio del mismo año, elevándose los antecedentes a Presidencia de la República, sin ahondar en detalles.
En este caso, la investigación también le fue concedida al fiscal militar Sambucetti, que repite la rutina de las demás investigaciones. En este caso, la Armada reconoce que el Cuerpo de Fusileros Navales y la Fuerza de Seguridad MarÃtima realizaron operativos antisubversivos el 16 de setiembre de 1981, pero no reconoce la detención de Ortiz.
Se consulta además al Ejército si en el Penal de Libertad se registró a Ortiz como detenido con el número 2163, respondiendo que ese número correspondÃa a otra persona. Tampoco el Hospital Militar reconoce poseer ficha médica de Ortiz, y no reconoce la denuncia de que estuvo en la sala de gastroenterologÃa entre el 16 y el 22 de noviembre de 1982.
Además el Ejército se niega a proporcionar los nombres de médicos o enfermeras de la fecha, porque, sostiene, “es imposible de individualizarlos”. También niegan tener registros de si en esa época fue atendido un retirado policial de apellido Ferreira por quiste hidático.
Este caso fue investigado según la misma rutina de los demás, aunque habÃa testigos de que el ahora desaparecido estuvo detenido en el Cuerpo de ArtillerÃa Nº 1 y que fue atendido en el Hospital Militar. Sin embargo, y aunque se presentó a declarar VÃctor Semproni, entonces detenido y testigo de que Pérez también estaba en prisión, el fiscal Sambucetti concluyó que no se podÃa probar que Pérez hubiera estado detenido o que haya muerto en una dependencia policial. En el caso fue también estaba implicado el coronel Nino Gavazzo.
Sobre el caso del secuestro de la maestra Quinteros, que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela, el informe de Defensa sólo destaca que la investigación le fue encomendada al Ministerio del Interior.
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