Corte negó intención de "apartar" a juez Basil del caso

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso una investigación administrativa respecto a la actuación del juez de Rivera Alberto Miguel Basil, designando como instructor para dicha investigación al ministro del Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, William Corujo. La corporación, a su vez, concedió licencia al magistrado a partir del 19 de febrero, sin fecha de regreso. El magistrado había cobrado notoriedad pública a partir del procesamiento de varios aduaneros y policías por contrabando; además, en medio de la investigación, fue víctima de un atentado en su propia casa que casi le cuesta la vida. No obstante, se le investiga por casos ajenos a estos hechos.

Consultado por el tema, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Gervasio Guillot, destacó que «esta investigación no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con el proceso por contrabando de gran notoriedad que se ventila en el Juzgado a cargo del doctor Miguel Basil, cuya instrucción –según informes recabados por la Corte en esa sede– se halla prácticamente agotada y sólo resta elevar la causa al Tribunal de alzada en apelación de los autos de procesamiento, según recursos interpuestos por los señores abogados defensores de más de treinta encausados. No existe ninguna diligencia pendiente de cumplimiento por el juez instructor, sea el doctor Miguel Basil o el subrogante que se retarde o se frustre por la licencia que la Corte sugirió al doctor. Miguel y que éste finalmente aceptó». Guillot agregó al respecto que «desde tiempo atrás el doctor Miguel gestiona ante la Corte su traslado a la ciudad de Maldonado para ejercer allí su cargo de Juez Penal, pero no por razones funcionales sino estrictamente personales y familiares. De manera que si realmente fuera el propósito de la Corte apartar al doctor Miguel del conocimiento del proceso por el megacontrabando que se tramita en Rivera, le bastaría con acceder a su pedido de traslado a un juzgado de Maldonado. Solamente un malediciente puede sospechar que el traslado de un juez por parte de la Corte obedece al propósito de apartarlo del conocimiento de un asunto. La SCJ tiene una trayectoria lo suficientemente cristalina como para prohibir toda sospecha sobre el punto».

Interrogado por cómo puede terminar esta investigación, Guillot dijo no saberlo. «Puede ser la iniciación de un proceso disciplinario –con o sin separación de cargo– que determine una sanción a imponer a alguno de los involucrados, puede terminar en un mero llamado de atención, puede terminar en un archivo, realmente no lo sé». Si los jueces y actuarios incurren en responsabilidad pueden ser sancionados con amonestación, apercibimiento y censura, traslado a un cargo no reputado como ascenso, pérdida del derecho al ascenso por uno a cinco años, descenso a la categoría inmediata inferior, y destitución en caso de ineptitud, omisión o delito. Como antecedentes, Guillot mencionó «una inveterada mala relación del doctor Miguel con otros magistrados, funcionarios y abogados de la ciudad de Rivera donde él ejerce su función, que han motivado la intervención de la Corte. El último episodio se origina en una inspección de rutina sobre el diligenciamiento de exhortos que no aparecen debidamente tramitados en el Juzgado. Ello amerita que se disponga una investigación administrativa a cargo del inspector, escribano Kluver, de cuyo informe final resulta la comprobación de una serie de irregularidades en el funcionamiento de esa oficina que involucran al doctor Miguel en abierta confrontación con la Oficina Actuaria». «La Corte consideró del caso, por razones de deferencia y delicadeza hacia un juez letrado, sugerirle al doctor Miguel que pidiera una licencia transitoria para aventar toda sospecha o suspicacia de que el magistrado pudiera interferir en la cristalinidad del procedimiento (…) la sensibilidad del doctor Miguel no captó el sentido de la sugerencia de la Corte y manifestó su desacuerdo con la medida, aunque finalmente terminó por aceptarla y presentó licencia (con goce de sueldo) que le fue concedida sin término», comentó Guillot. «Quiero dejar en claro que si de las conclusiones de la primera investigación hubiera resultado mérito, la Corte no le hubiera sugerido al doctor Miguel que pidiera licencia, sino que directamente le hubiera iniciado proceso disciplinario con separación de cargo y retención de medio sueldo, como marca la ley», añadió.

La Corte entendió del caso abrir una investigación al juez al constatar «demoras» en su actuación, vinculadas a un caso de extradición, un pedido de prisión preventiva con fines de extradición, una citación e interrogatorio, presumarios subidos al despacho en 1998 y pendientes de resolución y otros hechos. La Corporación también requirió al instructor designado, el ministro William Corujo, el urgente diligenciamiento de lo resuelto, quien tiene hasta 2 meses para concluir la investigación e informar a la Suprema Corte. *