El presidente Batlle exigió la renuncia al director de Aduanas, capitán Salvo

ROGER RODRIGUEZ

 

El director nacional de Aduanas, capitán de navío (r) Alberto Salvo, mantendrá hoy a las 15 horas su última reunión con los directores de departamentos y receptorías, a quienes comunicará su dimisión al cargo que ocupó durante un año, desde que sustituyó a su predecesor Jorge Sienra.

Salvo, que asumió la dirección de la DNA en plena ofensiva de la guerra contra el contrabando declarada por el presidente Jorge Batlle, recibió ayer la «sugerencia» de su renuncia desde el Edificio Libertad, donde no fueron bien recibidos una serie de cambios y nombramientos realizados en la Aduana durante el corriente mes.

El propio Presidente de la República había declarado semanas atrás su desconformidad por las cifras de recaudación que habían mostrado la DNA y la Dirección General Impositiva durante el último año. Los rumores sobre la dimisión de Salvo se sucedieron durante el mes de enero, luego de las críticas del mandatario.

Fuentes gubernamentales confirmaron anoche a LA REPUBLICA que el cargo fue ofrecido al abogado Víctor Lissidini, quien se desempeñó como secretario general de AFE (1995-98) y ejerció luego la presidencia del ente ferroviario (1998-2001).

Lissidini, asesor jurídico del Automóvil Club del Uruguay, cumplía funciones de asesor de la Dirección de Aduanas desde julio último, en le marco de un contrato financiado por Naciones Unidas.

Una de sus tareas era proyectar la coordinación entre la DNA, la DGI y el BPS contra la evasión fiscal.

Una complicada gestión

Durante la administración del capitán Salvo, la Dirección Nacional de Aduanas realizó buena parte de los operativos fronterizos que determinaron el procesamiento de decenas de particulares y varios policías, inculpados por el delito de contrabando.

Algunos de estos casos venían siendo indagados por el juez Alberto Miguel Basil, a quien la Suprema Corte de Justicia recomendó una licencia mientras se le indaga por presuntas irregularidades administrativas.

Varios de los casos más sonados en la lucha contra lo que oficialmente se ha catalogado como «mafias», sin embargo, fueron operativos impulsados por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), con quienes el titular de Aduanas no habría tenido buenas relaciones.

A mediados de agosto del año pasado, el propio Salvo denunció ante el Juzgado Penal de 4º Turno que había sido amenazado de muerte en su domicilio. Su esposa recibió entonces una carta en la que se le advertía que no debía meterse con «los aduaneros» porque «no hay con qué darles».

En los últimos meses voceros del cogobernante Partido Nacional señalaron sus dudas sobre la voluntad política del gobierno para continuar su lucha contra el contrabando, ante un aparente enlentecimiento en la concreción de los «grandes operativos».

Fuentes allegadas a la DNA indicaron a LA REPUBLICA que ese circunstancial enlentecimiento en las acciones represivas estarían relacionadas con el «cuidado» con el que comandos aduaneros y policiales se han estado moviendo al encontrar vínculos entre el contrabando y «personalidades» con «peso» político.

También durante el mandato de Salvo, se realizaron varios borradores de un proyecto de ley de urgencia que implicaría una modificación de la operativa aduanera y una coordinación de «inteligencias» entre Aduanas, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Previsión Social.

«La gente de Illarieyti»

Este año, Salvo realizó una serie de nombramientos y traslados dentro de la Dirección de Aduanas que fueron interpretados como el regreso de la «gente de confianza» del ex director de la DNA, Pablo Illarietti, quien realizó fuertes transformaciones en el organismo durante la última gestión presidencial de Julio María Sanguinetti.

En su edición del miércoles 6 de febrero LA REPUBLICA divulgó la Orden del Día Nº 10/2002 por la que se repuso como directora general de la Dirección General del Despacho y Tributación Aduanera a la ingeniera química Sylvia Rivero, quien había ocupado el mismo cargo bajo la administración Illarieti.

Rivero había sido «rotada» de su cargo, junto a los contadores Guzmán Mañes y Jaime Borgiani quienes se desempeñaban en las jefaturas de «valoraciones» y «regulaciones» de esa dirección general, por decisión del flamante director de Aduanas, Jorge Sienra, designado por Jorge Batlle al asumir el gobierno.

Ahora, a través de un nuevo Orden del Día (Nº 14/2002) con fecha 15 de febrero, el capitán Salvo había «reposicionado» en la Dirección General del Despacho y Tributación Aduanera a los propios contadores Borgiani y Mañes. Este, incluso, iba a ser nombrado coordinador general de los grupos de verificación de Aduanas y la DGI, según otra resolución que Salvo tenía en su despacho el pasado lunes por la noche.

En la resolución 14/2002, también se nombró como coordinador de las funciones de verificación de las dependencias de la Dirección General del Interior a Manuel Pita, quien durante la gestión de Illarieti se había desempeñado como director general del Interior.

Esta serie de nombramientos fue analizada por observadores allegados a la DNA como un cambio importante en la política de contralor aduanero. Las fuentes consultadas por LA REPUBLICA no ocultaron su temor de que se produzca un fortalecimiento de los «valoradores» ante los «verificadores», que implique un menor control en los ingresos y una mayor cantidad de multas.

En ese sentido, se señalaron las implicancias que podría tener el artículo 165 de la última ley presupuestal que permite a la Aduana «realizar acuerdos con los contribuyentes» en relación a tributos o multas.

«Ese artículo puede permitir que se negocien las multas y pongan valores fictos a los embarques», se dijo.

Camaradas de armas

Entre las designaciones realizadas por Salvo la semana pasada, se incluye a un equipo de militares retirados que fueron contratados como asesores a través de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El coronel (r) Alberto Suárez fue nombrado coordinador de las Operaciones de los grupos PRIA y GRID y junto a él, se confirmó a los capitanes de navío retirados Luis Francini, como coordinador de Inteligencia Operativa, Ronald Ubach, en la coordinación de operaciones de prevención, y Alfredo Beloth, como asesor administrativo y contable de la Dirección Nacional y coordinador de «operaciones especiales a determinar».

Varios de estos militares ya venían asesorando a la Aduana desde la oficina que la dirección tiene en las instalaciones de la DGI en el Ministerio de Economía y Finanzas y algunos de ellos fueron «camaradas de armas» de Salvo en otros destinos.

El equipo de militares, enfocado a actividades de «inteligencia» y represión iniciaron sus tareas en forma paralela al ingreso del futuro director de Aduanas, Víctor Lissidini, con quien compartieron información de análisis y diagnóstico para la elaboración del proyecto de coordinación entre la DNA, DGI y BPS. Lissidini, cuyos allegados indicaron a LA REPUBLICA que no haría por el momento declaraciones, heredará una compleja interna aduanera en la que los funcionarios sindicalizados y de carrera aparecen enfrentados con un grupo de técnicos que ejercieron poder durante la gestión Illarieti.

Asimismo, su designación coincidiría con presiones gubernamentales para incrementar la represión del contrabando y el inicio del debate político y parlamentario del varias veces pospuesto proyecto de coordinación estatal contra la evasión fiscal. Fuentes gremiales manifestaron a LA REPUBLICA
sorpresa y expectativa por el nombramiento de Lissidini, aunque advirtieron que si la Aduana no recaudó más durante el último año (el total de reliquidaciones efectuadas en 2001 apenas llegó a los 14.560.855 pesos), «fue porque no se importan productos, y eso no se arregla poniendo multas». *