CI cuestiona "autismo" político de los dirigentes del Frente Amplio

El II Congreso de la CI (realizado 14, 15 y 16 de diciembre) se pronunció por acentuar «el compromiso con las luchas y reivindicaciones de los movimientos sociales», así como por «continuar luchando por un Frente Amplio democrático, combativo y de oposición radical al proyecto de la clase dominante subordinada al imperialismo, y al gobierno de coalición neoliberal».

La declaración final comienza con una descripción de la situación internacional, donde afirma que «desde el 7 de octubre, toda la potencia de la máquina militar de Estados Unidos y sus socios de la OTAN es utilizada para atacar a uno de los países más pobres del planeta, destruir ciudades enteras, masacrar a miles de civiles inocentes, y mantener un ejército de ocupación.

La barbarie contra Afganistán es una ilustración exacerbada de las relaciones de fuerza entre el «centro» y la «periferia», y no puede explicarse y/o justificarse por los atentados terroristas del 11 de setiembre en Nueva York y Washington, aunque puedan haber servido como catalizador». La intención, agrega, es imponer un «orden público global donde la soberanía de los Estados será confiscada por el poder de los mercados , los capitales transnacionales, los organismos financieros internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la OMC, la complicidad de la ONU, y la hegemonía militar norteamericana».

En ese cuadro, la CI se manifiesta contraria a la implantación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) «como proyecto neocolonial de anexión y destrucción de las economías nacionales», también su rechazo al Plan Colombia, las operaciones contra el gobierno popular de Chávez en Venezuela y «el bloqueo criminal contra el pueblo cubano».

Frente a esa realidad, el texto plantea la necesidad de construir alternativas a dicho modelo, por lo que no comparte la «adaptación sistemática» de algunas fuerzas de izquierda que han optado por un «un curso político ‘realista’ donde el sentido de la ‘oportunidad’ integrado a una concepción de ‘cultura de gobierno’, prevalece por sobre una estrategia de transformaciones radicales y de carácter anticapitalista».

Cultura de gobierno y reformismo

Para la CI, el gobierno uruguayo se ha quedado sin argumentos en favor de la continuidad de una política de exclusión social y entrega de soberanía. «La ‘conducta impecable’ que según el ministro Bensión ha tenido el gobierno en materia de indicadores macroeconómicos (a instancias de la última Carta de Intención con el FMI) apenas es digerible para un puñado de patrones y mercaderes mediáticos reunidos en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas» y perjudicial para toda la población. Según el texto no debe esperarse a 2004 para luchar contra «el conjunto de las privatizaciones, desregulaciones y flexibilizaciones laborales y, simultáneamente, por la defensa de Ancap y el proyecto de la coalición de gobierno en el sentido de «asociarla» con capitales privados. Pero también, con el rechazo popular a los planes de ajuste, el desempleo, y el pago de la deuda externa que promueven el FMI y el Banco Mundial».

El documento describe el clima social como de «bronca, solidaridad, resistencia y movilización. Y ni siquiera el autismo político de algunos dirigentes del Frente Amplio  que insisten con la vía de la negociación, la conciliación y la «gobernabilidad»– impide que el escenario de confrontación con la clase dominante y su gobierno, se despliegue con más fuerza y amplitud».

Para la CI, la mayoría de la dirección del FA ha optado por otro camino. El de la disputa hegemónica con la derecha bajo otra clave política: la lucha de masas subordinada a la opción electoral. En esta estrategia política, predomina una «cultura de gobierno», un reformismo sin reformas estructurales, la idea de llegar al edificio Libertad como sea, sin fortalecer los niveles de conciencia y acumulación antagonista, sin extender la movilización social organizada, sin romper con el imperialismo y la clase capitalista transnacional, lo que pondría en cuestión un programa popular y un Plan de Emergencia que tenga como eje las necesidades de los sectores populares». *