Hackenbruch denuncia existencia de "conspiración política" contra comuna

El anuncio oficial del jefe comunal en torno a los efectos negativos que traerán los recursos votados por el Parlamento contra determinados artículos del presupuesto departamental –aumento de la contribución en Ciudad de la Costa, cese de 80 docentes y rebajas salariales– encrespó aun más el turbio ambiente político canario.

Ayer de mañana, mientras el Encuentro Progresista – Frente Amplio (EP-FA) consensuaba un comunicado al respecto (ver recuadro) y Adeom comenzaba a movilizar a sus trabajadores, el intendente Hackenbruch brindó una conferencia de prensa en la sala del Congreso de Intendentes, ubicada en la Intendencia de Montevideo, para ahondar en las consecuencias de las impugnaciones parlamentarias y, de paso, lanzar duras críticas a sus opositores.

Escoltado por la secretaria general y el director de Hacienda del municipio canario, Marianella Medina y Daniel Lamela respectivamente, el máximo jerarca comunal advirtió que los recursos contra los aumentos de contribución en Ciudad de la Costa y contra la partida anual de 45 millones de pesos destinada a gastos extraordinarios «no fueron promovidos solamente por los vecinos de la costa, sino que esencialmente fue un grupo de ediles y vecinos». De esa manera, aludía a los curules de la coalición de izquierda, del Partido Nacional y al representante de la Lista 321 del Partido Colorado –dirigida por el empresario Julio Sánchez Padilla– Jorge Trigo, autores del recurso contra la referida partida de dinero, asignada en el presupuesto municipal. Hackenbruch sostuvo que si bien esa impugnación «trae una serie de complicaciones» la administración «cumplirá irrestrictamente lo que resolvió el Parlamento», por lo que 2.500 funcionarios saldrán perjudicados. «Nos dejan sin rubros; veremos cómo buscamos soluciones para revertir esta situación», dijo, y prometió que ninguno de los trabajadores afectados –salvo los alrededor de 80 maestros y profesores que trabajaban en las casas de la cultura y cobraban por hora– serán declarados cesantes.

En ese marco, el intendente aseguró que su administración «está enfrentada desde hace mucho tiempo a una permanente conspiración política». «Ustedes como periodistas se darán cuenta quiénes son», señaló, ubicando entre los conspiradores a los ediles frenteamplistas, blancos y de la Lista 321 que hasta la víspera habían realizado «250 pedidos de informes y siete llamados a sala», lo que, a su criterio, «implica un trabajo muy grande» para el gobierno canario. Mediante tal conjura, aseguró, la oposición busca «ahogar desde el punto de vista económico a la comuna», destacando que los ediles «llevan dudas contra la Intendencia, para que la población se encuentre con ganas de no cumplir con sus obligaciones tributarias».

Al respecto, afirmó que «la última conspiración es pedir una amnistía para que la gente no pague», y rechazó aplicar tal medida. Hackenbruch no descartó «hacer el sacrificio de cortar algunas obras» si es necesario, pero insistió en que no otorgará amnistías tributarias para aumentar la recaudación ni recurrirá a una reducción de personal para enfrentar la crítica situación financiera de la comuna canaria. Por su parte, el director de Hacienda de la IMC, Daniel Lamela, reclamó «contemplar el legítimo derecho de la Intendencia de mantener el equilibrio fiscal y también el legítimo derecho de funcionarios y contribuyentes», y advirtió que la comuna enfrenta una «situación compleja que causa una profunda preocupación por la incertidumbre jurídica y financiera creada». *