Por falta de fondos, comuna canaria comunica cese de 2.500 funcionarios

El pasado 6 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó los recursos presentados por el movimiento de vecinos de Ciudad de la Costa contra los aumentos de contribución inmobiliaria en esa zona del departamento, así como la impugnación promovida por los ediles del Encuentro Progresista, del Partido Nacional y el representante de la Lista 321 del Partido Colorado, Jorge Trigo, contra una partida de 45 millones de pesos, destinada al pago de gastos extraordinarios.

Ayer, Hackenbruch emitió un comunicado de prensa en el que confirmó las declaraciones realizadas durante las últimas semanas por otros jerarcas de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC), quienes en reiteradas oportunidades advirtieron que un alto número de funcionarios saldrían perjudicados por el recurso contra la partida de dinero, así como que los reaforos de la zona costera seguirían vigentes.

En el citado texto, emitido por la Unidad de Prensa y Difusión del municipio, el intendente canario sostiene que «al resultar derogada la partida para gastos correspondientes a diferencias de sueldos presupuestales, compensaciones y viáticos, ya no es posible continuar liquidando estas retribuciones, afectándose de esta forma a más de 2500 funcionarios municipales».

A raíz de esa situación, advierte, cesan en sus funciones todos los docentes de las Casas de la Cultura y profesores de educación física y escuelas municipales de artes y oficios, «al no existir rubros para abonar dichos salarios».

Esta medida, explicaron allegados al máximo jerarca, implicará el despido de aproximadamente cien trabajadores.

Además, el gobierno departamental dejará de pagar compensaciones «por el desempeño de tareas insalubres» a los funcionarios de «recolección de residuos, cementerios, mantenimiento y otros», mientras que el personal de obras, servicios de recolección de residuos y remeseros de las juntas locales dejarán de cobrar los viáticos que perciben por cumplir tareas fuera de sus lugares de trabajo» y los inspectores de Tránsito no cobrarán la «participación por las multas aplicadas».

«En general», señala el jefe comunal, se verá afectado «todo el personal (presupuestado o contratado) que percibe diferencias de sueldos a partir de la nueva estructura (decreto 89/98) y compensaciones al amparo del artículo 70 del estatuto del funcionario».

Asimismo, el intendente advierte que los recursos del Parlamento «no derogaron los reaforos practicados por la Dirección General de Catastro, dado que no fueron impugnados ante el organismo competente, en cuya virtud los valores mantienen plenamente su vigencia» y asegura que los vecinos «deberán abonar sobre el 100% del valor imponible», por lo que la contribución subirá aún más.

Hackenbruch expresa «su profunda preocupación y solidaridad con los contribuyentes y funcionarios afectados por la situación presupuestal creada» y asegura que su administración «desplegará los mayores esfuerzos tendientes a llegar a una solución integral que contemple los legítimos derechos e intereses de los funcionarios, la situación de los contribuyentes y el equilibrio en las finanzas municipales».

«Maniobra irresponsable»

Tras conocer la decisión del intendente en torno al personal que será despedido o que sufrirá pérdidas salariales, Adeom de Canelones advirtió que se trata de una «maniobra irresponsable de Hackenbruch y del aparato político del Foro Batllista, que ha tomado de rehenes a los trabajadores municipales», según manifestó a LA REPUBLICA el presidente del sindicato, Carlos Pedraja, quien reveló que la organización sindical convocó a asambleas locales.

El dirigente dijo que la partida de 45 millones de pesos impugnada por el Parlamento estaba destinada a «gastos extraordinarios», rechazando que incluyera los complementos salariales que Hackenbruch ha dejado sin efecto. En esa línea, Adeom alertó a través de un comunicado que «estas acciones son parte de una estrategia que se pretende llevar adelante» por el municipio para perjudicar a los trabajadores.

En el texto, el gremio agrega los nombres de algunos jerarcas nombrados por Hackenbruch «para pagar favores políticos», quienes en realidad tendrían que haber sido afectados por la resolución parlamentaria.

Yamandú Castro, Luis Vázquez Villamayor, Alejandro Duque, Luis Quilice, Fernando Alvez, Walter Corbo, Claudio Castilla, Susana Virgili, Héctor Rameu, Daniel Lamela y Wilson Craviotto», son los nombres de los dirigentes políticos que figuran en el comunicado de Adeom. *