Proyecto de la coalición recoge ideas de Astori, Couriel y Rubio

Con un importante debate político, que por momentos incursionó en aspectos ideológicos sobre la concepción del papel de las empresas públicas y el relacionamiento de los partidos con los sindicatos, el Senado inició ayer el análisis del proyecto que promueve la asociación de Ancap con el objetivo de desmonopolizar áreas de su gestión.

La coalición de gobierno presentó un proyecto de ley sobre la base del elaborado por el Partido Nacional, recogiendo algún agregado de la iniciativa redactada por los senadores encuentristas Danilo Astori, Alberto Couriel y Enrique Rubio.

El senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) también elevó su propio planteamiento tomando como base la iniciativa de lo acordado en comisión hasta el pasado 7 de diciembre y destacó la necesidad de definir claramente el eventual socio.

Fortalece Ancap

En mayoría, el miembro informante fue el senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista), quien señaló que en Uruguay existe «U$S 170 millones de encarecimiento en la refinación».

Gallinal expresó «que hay decisiones de hoy que son producto de decisiones de ayer, y alguna de ellas nos condicionaron en esta toma de decisiones». Expuso como ejemplo que «Ancap tiene un exceso de funcionarios manifiesto», y «su pirámide administrativa no se adecua a una empresa moderna».

Aludió a la doble decisión de «la remodelación de la refinería invirtiendo valores millonarios y a su vez salir al mercado externo a adquirir una red de 300 estaciones de servicio en Argentina cuyos detalles no conocemos pero hay una abultada deuda de carácter fiscal que no ha tenido una definición aún». Consideró además que a nivel de los actores involucrados de Ancap «se resolvió la caída del monopolio» porque esta estrategia fue compartida por el directorio, técnicos y gremialistas.

Reivindicó el proyecto blanco que «parlamentarizó el tema» para darle a todos los sectores la posibilidad de incidir.

Se intentó «evitar repetir sucesos ocurridos en ocasión de la ley de Empresas Públicas de 1992 que propiciaba empresas mixtas, donde quizás no tuvo la explicación suficiente del beneficio que iba a significar».

Gallinal sostuvo que «el objetivo fundamental es bajar los precios de los combustibles».

Indicó que se persigue «el fortalecimiento de la empresa pública» porque «si tuviéramos la actitud de dejar todo como está, no introducir modificaciones a esta ley, si cayéramos en la inacción y no la ayudáramos en esa competencia, corremos con el riesgo enorme de quedarnos sin empresa». Sobre el cronograma, Gallinal habló de la constitución de la futura sociedad antes del 31 de marzo del 2004, y si ello no se logra, «Ancap tiene la facultad por su cuenta y orden de proceder a la importación».

Explicó que según esta norma «hasta el 1º de enero del año 2006 la sociedad va a disponer del 100% del mercado y va a abastecer de combustible a Ducsa, y a Shell, Esso y Texaco».

En otro orden, Gallinal también aludió a la situación de los funcionarios de Ancap en la nueva asociación, planteando la posibilidad que éstos participaran en el emprendimiento emergente y en un plazo determinado la posibilidad de retornar al organismo.

Desmantelar Ancap

Desde la oposición, el senador socialista Reinaldo Gargano aludió a las desastrosas inversiones en el exterior, y evaluó que esta operativa «tiende a desmantelar a la actual administración de Ancap.

Habló de la eventualidad de «un cambio de gobierno» pero puntualizó que «no vendo la piel del oso antes de matarlo».

Gargano resaltó que el Encuentro progresista «es una fuerza política a favor de las empresas públicas y ya lo hizo en la Ley de Empresas Públicas. Fue una prueba que se hizo bien y se impidió la venta, la enajenación de las empresas públicas».

Como ejemplo de mala administración de Ancap expuso que se vendió nafta eco supra a $ 2.05 «cuando al público está a $ 16″.

«Esto merecería una investigación», consideró.

Luego de nombrar varios ejemplos internacionales, Gargano aludió al presidente argentino Fernando de la Rúa, quien habría dicho: «Debemos 140 mil millones de dólares, hemos vendido todo y no tenemos más nada para vender». Cuestionó que «el uso de los bienes de Ancap se concede por 25 años».

«Si no se vende nada, si no enajena nada, si no se da nada, entonces, no hay ningún negocio que el socio tenga que pagar. Si paga es porque participa en un negocio», indicó Gargano.

El parlamentario sostuvo que «la operación sirve para hacer caja para el Estado» y se destina a inversiones en la enseñanza, la salud, pero también «a pagar los intereses de la deuda y el déficit fiscal».

«Si el socio lo paga es porque le conviene, y es para participar en un mercado cautivo. Así ha sido en otros países. Petroleras estatales, telefónicas estatales, puertos, eléctricas, aunque después hagan un desastre como en California», agregó Gargano.

El socio

Por su parte, el senador Michelini propuso como alternativa recorrer un camino mixto, por el cual Ancap compita en el mercado regional y se elija un socio para expandirse con ciertas condiciones.

Insistió en elegir un buen socio porque «ya lo elegimos mal en Argentina».

«El socio que viene ¿tiene que tener petróleo o no? Se dirá que tiene que estar en el Pliego de Condiciones, pero si nos vamos a asociar es para expandirse y no para achicarse», valoró.

Sindicatos y partidos

En tanto, el senador herrerista Luis Alberto Heber criticó los dichos de Gargano que expresó que «el costo país es un invento ideológico que ha pasado todos los límites».

Alberto Couriel del EP-FA dijo que el costo del país «es carísimo en dólares» como consecuencia del atraso cambiario desde 1991, «los costos financieros» con tasas muy altas, y «el costo del Estado (impuestos, tarifas)». Seguidamente, Heber dijo que la opción del EP-FA fue «dejar las cosas como están y eso significa no permitir bajar los costos». Cuestionó a los que plantean cerrar Ancap, «como proponen los fundamentalistas neoliberales a través de algún matutino o los que dicen que no y no mueven nada».

Heber señaló que la coalición de izquierda fue amenazada por el sindicato y expresó que el EP-FA «no está en condiciones de gobernar». Gargano contestó que «no hay supeditación» sino contactos con los sindicatos, y que Heber tiene «una gran frustración cuando en 92 el pueblo le dijo ‘no’, luego volvió a la carga, presentó el proyecto con el ex senador De Posadas y quería liquidar Ancap». Heber precisó que «era pasarlo al derecho privado pero no es liquidarlo». *