Bensión negó "invasión" de azúcar refinada y justificó baja de arancel

En la víspera se llevó a cabo, por un lapso de seis horas y sin consecuencias políticas, la interpelación al secretario de Estado que impulsó el Encuentro Progresista Frente Amplio, para que de explicaciones sobre la situación económica y social de crisis de Bella Unión.

La moción que presentó el sector de izquierda y que no contó con los votos necesarios plantea que «la grave situación económica, de desempleo y parálisis de la economía local que está padeciendo la ciudad de Bella Unión afecta la seguridad y tranquilidad de sus habitantes, tal como fuera expresado públicamente por los partidos políticos, empresarios, trabajadores, comerciantes y diferentes organizaciones de la comunidad». Agrega que luego de oír las explicaciones del ministro relativas «a las medidas que el Poder Ejecutivo está tomando o prevé tomar», declara que considera «imprescindible aprobar decisiones que permitan continuar con la producción azucarera como única forma de viabilizar un cronograma de mejoramiento, tanto de la producción azucarera como de proyectos de reconversión en marcha o a crearse».

El diputado por el Nuevo Espacio Felipe Michelini no acompañó ninguna de las dos mociones presentadas en sala.

Puestos de trabajo en incertidumbre

El diputado interpelante y representante del Movimiento de Participación Popular (MPP), Ernesto Agazzi, realizó una exposición que se prolongó por más de una hora y media, en la cual señaló que «5.800 puestos de trabajo de distinta naturaleza hoy están en la incertidumbre y con menores salarios, lo que repercute en el sector comercial, del transporte y en los servicios públicos de Bella Unión».

Expresó que al finalizar la zafra de azúcar la situación en Bella Unión es de «penuria y angustia, y lo que fue un polo dinámico se está viniendo barranca abajo».

Según Agazzi, la interpelación tenía una finalidad de «fiscalización», comprendida en el artículo 119 de la Constitución de la República.

Recordó que Bella Unión fue históricamente productora de caña de azúcar, pero la diversificación condujo a completar la producción de azúcar con hortalizas congeladas, para exportar vinos finos y otros proyectos con financiación al principio local y posteriormente con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). «En la década de los noventa, la orientación del gobierno priorizó la necesidad de desmantelar la producción azucarera con materia prima nacional».

Agazzi recordó que en la agroindustria azucarera «en 1993 se plantaron 9 mil hectáreas de caña de azúcar y en 2001 se cultivaron 3 mil; la producción de caña de azúcar pasó de 55 mil toneladas a 14 mil; los productores cañeros eran 450 y ahora son 110; los trabajadores de fábrica pasaron de 320 a 130, y la cantidad de trabajadores rurales se redujo de 567 mil jornales a 142 mil».

El legislador también se refirió a las dificultades que tiene para exportar el sector de la vitivinicultura de la región, por los precios en el mercado y los costos de producción; y añadió que los vinos finos de la zona se consumen poco en el mercado externo y además deben competir con vinos subsidiados de Argentina.

Manifestó: «700 productores, 900 empleados de fábrica, 800 trabajadores en los campos y 3.400 zafrales rurales, hacen 5.800 puestos de trabajo de distinta naturaleza que hoy están en la incertidumbre con menores salarios lo que repercute en todos los aspectos de la sociedad de Bella Unión, y se transmite al sector comercial del cual dependen 600 empleados, al transporte y los servicios públicos»

El legislador indicó que en el inicio del proceso del Mercosur, el Poder Ejecutivo avanzó en la desprotección del azúcar. «En el mundo 130 países producen azúcar y utilizan distintos mecanismos de promoción, protección, entre ellos se encuentra en la actualidad Afganistán». «No queremos hacer una serie de críticas demagógicas a la política de gobierno», subrayó el parlamentario, aunque planteó su preocupación frente a las discusiones que existieron entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y los distintos sectores involucrados, relativas a sostener y mejorar los actuales proyectos de reconversión, para lo que se necesita sostener la agroindustria azucarera Calnu.

«El MGAP representó al Poder Ejecutivo en el diseño de los acuerdos, entre los que estuvo la definición de un precio mínimo de 470 dólares la tonelada de azúcar, valor que permitirá la actual producción con materia prima nacional y la refinanciación con crudo importado, dentro de un ajuste equilibrado entre los distintos sectores vinculados al azúcar en el país», subrayó.

Para Agazzi, es difícil encontrar la posición del Poder Ejecutivo «cuando un ministro dice que se puede mejorar la producción de caña, que no se opone a la agroindustria azucarera en la medida en que mejore su eficacia, y otro ministro dice que el precio mínimo de apoyo no sea de 470 millones de dólares, sino de 430 millones de dólares, lo que de acuerdo con los técnicos que lo han estudiado, permite seguir produciendo».

La diferencia del costo al consumidor, por esa fijación de una diferencia de «40 dólares por tonelada, equivale a un incremento del gasto de 0,66 dólar por consumidor por año, lo que equivale a un boleto urbano anual, en un producto que es 0,25 por ciento de la canasta de hogares».

«Nunca vamos a cobrar»

Junto a Bensión estuvo presente el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ariel Davrieux, quien realizó un análisis de lo que ha sido la política azucarera en el país en la última década. Mientras, el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Martín Aguirrezabala, se refirió al fondo de reconversión y a los planes para el uso de los fondos correspondientes.

En el palco de honor estuvieron presentes el intendente municipal de Artigas, Carlos Signorelli y el presidente de la Federación Rural, Gonzalo Gaggero, entre otros.

Bensión felicitó a Agazzi por su exposición «seria, bien fundada, constructiva y en un tono que enaltece el clima de diálogo y de cambio de ideas».

El secretario de Estado indicó que en determinados casos hay «algunos aspectos de la política económica que pueden afectar a determinado sector de la producción, pero eso se hace sobre el bien del conjunto».

«Hacemos política económica con relación a los compromisos internacionales, pero nos debemos a la defensa de la ciudadanía y no sólo para cumplir con las obligaciones», indicó Bensión.

El secretario de Estado resaltó como objetivos fundamentales de la aplicación de la política azucarera: «Lograr una efectiva reducción del precio al público de un producto esencial de la canasta familiar; permitir que la industria de alimentos envasados y bebida, que utilizan el azúcar como materia prima, acceda a ella a precios internacionales similares. Agregó que el Ejecutivo definió la tasa global arancelaria del 35 por ciento para la importación del azúcar refinado, aplicada tanto al comercio intra como extrazona.

«Este arancel es el único que rige a ese nivel para todo el universo arancelario uruguayo, las importaciones del Mercosur están exentas del arancel y las provenientes de extrazona están en el 23 por ciento».

Para la importación de azúcar crudo se definió «un arancel del cero por ciento para importaciones de intrazona, y de cinco por ciento para importaciones de extra zona».

Con relación al Fondo de Reconversión del sector que prevé un financiamiento a través del Imesi al azúcar refinado con destino al consumo final y con una tasa de 10 por ci
ento en el primer año y que descenderá al 4 por ciento al final del período, «se estima una recaudación del orden de 7 millones de dólares al cabo de los cuatro años de gobierno», recursos destinados a llevar a cabo los planes de reconversión del sector.

La importación de azúcar refinado para consumo ha sido de «apenas 1.370 toneladas, no hubo ninguna invasión que haya sumido en el desempleo y desesperación a los trabajadores, porque la protección que hemos establecido es suficiente para que se pueda abastecer al mercado interno», aseguró Bensión.

Por otro lado manifestó que los consumidores uruguayos le trasladaron al sector azucarero, por sobreprecio, «cerca de 65 millones de dólares, promedialmente 7 millones de dólares por año».

Calnu tiene un «endeudamiento total que asciende a los 35 millones de dólares, y un patrimonio neto negativo de veinte millones de dólares.

Esta es una empresa quebrada «que en el último ejercicio perdió 11 millones de dólares»; y agregó que estos resultados son «anteriores a las decisiones económicas que tomó el gobierno en el año 2000″.

Resaltó el patrimonio de las empresas del grupo Calnu, que funcionan en Bella Unión, en el caso de «Calvinor es de cinco millones de dólares, y Calagua tiene un patrimonio negativo de menos 11 millones de dólares».

«Calnu le debe al gobierno 25 millones de dólares, Calvinor cerca de 12 millones de dólares, Calagua debe otros 22 millones de dólares, no menos de 55 millones de dólares que me temo nunca vamos a cobrar», aseguró el secretario de Estado.

Aseguró que Calnu está pagando más de 50 por ciento por tonelada que la empresa Azucarlito, por lo que sólo atendiendo a esta situación tenemos un exceso de 40 millones que aparentemente es la diferencia entre la vida y la muerte de Calnu». *